Ciudad de Guatemala, 26 Oct. (EUROPA PRESS) – Altos cargos de la Policía de Guatemala se han reunido con grupos de líderes indígenas para garantizar que las protestas contra la Fiscalía convocadas para las próximas jornadas en varios puntos del país se desarrollen de forma «pacífica».
El encuentro, que ha contado también con la presencia de representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, se ha llevado a cabo a puerta cerrada. A la mesa se ha sentado el director adjunto de la Policía Nacional, Adal Rodríguez, el subdirector general de operaciones, David Boteo, el líder indígena de Sololá, Edgar Tuy, así como el presidente de los 48 cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, entre otros.
La reunión tiene lugar a medida que la población sale a la calle para seguir protestando con el objetivo de lograr la dimisión de la fiscal general del país, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, a los que acusan de tratar de revertir los resultados electorales de las elecciones de junio, que se saldaron con la victoria del ahora presidente electo, Bernardo Arévalo, y su Movimiento Semilla.
Durante la última jornada, cientos de personas han salido a la calle en Santa Cruz del Quiché, a unos 160 kilómetros de Ciudad de Guatemala, para protestar ante la sede del Ministerio Público en el municipio, según informaciones del diario ‘Prensa Libre’.
Así, los manifestantes se han concentrado en las principales calles de la región a medida que los bloqueos continúan en la ruta Interamericana, donde el tráfico se ha visto significativamente afectado en la ruta Cito-Zarco, especialmente en cuatro departamentos.
La situación que atraviesa el país ha llevado a la comunidad internacional a expresar su preocupación y alertar de «intentos flagrantes» de socavar el proceso electoral y la democracia en Guatemala.
Expertos en Derechos Humanos de la ONU han recomendado a las autoridades guatemaltecas modernizar el sistema de justicia del país tras documentar condiciones que podrían constituir delitos de malos tratos o tortura en un país con un alto nivel de corrupción.
