Ciudad de Panamá, 31 oct (Prensa Latina) El Ministerio de Educación de Panamá pospuso hoy temporalmente los desfiles patrios del 3, 4 y 5 de noviembre próximo, en medio de crecientes protestas sociales que exigen la derogatoria de un contrato minero.
Según un comunicado oficial, la Comisión Nacional de Desfiles Patrios tomó esta decisión ante las múltiples solicitudes de la comunidad educativa, que manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad y salvaguarda de los estudiantes ante los acontecimientos de los últimos días.
El Ministerio expresó su compromiso de abogar siempre por un diálogo permanente, que incida en que cientos de alumnos puedan participar con entusiasmo en la celebración de las fiestas patrias y, como regente de la educación en el país, respetará los derechos de la comunidad educativa y se dispondrá a resguardar la seguridad de todos sus integrantes, añadió.
La Alianza Pueblo Unido por la Vida convocó para este martes a una nueva marcha hasta los predios de la Asamblea Nacional hasta lograr la derogatoria del contrato suscrito entre el Gobierno y Minera Panamá.
A nombre de los colectivos, el profesor Fernando Ábrego precisó que luego de la caminata los manifestantes se concentrarán en la plaza 5 de mayo, en las inmediaciones del órgano legislativo, en espera de que se apruebe un artículo que dejaría sin efecto la Ley 406, que mantiene en vilo al país desde hace varias semanas.
El futuro del acuerdo que extiende la explotación de una mina de cobre a cielo abierto en Donoso (Colón) se debate ahora entre un referendo o la declaración de inconstitucionalidad que impulsan los activistas, en la que el papel de la Corte Suprema de Justicia es clave.
El secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, señaló que ya hay diputados que aprobaron el contrato que piden disculpas al pueblo y llamó a mantenerse en las calles y arreciar los cierres de carreteras hasta derrotar el leonino pacto vendepatria.
Las protestas se recrudecieron desde el pasado 23 de octubre, tres días después de que el nuevo contrato ley que renueva por 20 años prorrogables la concesión fue aprobado en apenas 48 horas por el Parlamento y el Gobierno.
