San José, 3 nov (Prensa Latina) El presidente de la Asamblea Legislativa costarricense, Rodrigo Arias, y miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico propusieron ajustes y enfoques renovados a la ley de ejecución de penas.
La ley de ejecución de la pena es sumamente importante. Tiene que estudiarse con detalle y tiene que aprobarse lo más pronto, explicó Arias acerca de esta propuesta, que busca frenar la ola de criminalidad que enfrenta el país, con 760 homicidios en 2023.
La iniciativa de ley por ahora no figura entre las prioridades convocadas por el Ejecutivo en el período de Sesiones Extraordinarias que arrancó este miércoles, ciclo en el cual los diputados darán prioridad a los proyectos de ley de interés del Gobierno.
La propuesta establece legalmente los requisitos para que una persona pueda acceder a un régimen de privación de libertad con beneficios, que quiere decir fuera de prisión, sin embargo, aquellos condenados por crimen organizado, tráfico de drogas, homicidio o femicidio no podrán solicitar esos beneficios.
A juicio de especialistas, se busca establecer medidas más efectivas que permitan enfrentar y reducir la criminalidad, enfocándose en la rehabilitación y reinserción de los infractores, al mismo tiempo que se fortalece la seguridad en nuestras comunidades.
Arias señaló que el proyecto pretende ser un paso significativo en la construcción de un sistema de justicia penal más eficiente y justo, buscando garantizar tanto la protección de la sociedad como la reintegración de aquellos que hayan cometido delitos.
Esta colaboración interinstitucional refleja el compromiso compartido de encontrar soluciones efectivas para mejorar la seguridad y promover un ambiente más pacífico para la ciudadanía, agregó.
