viernes 3, mayo 2024
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Líder sindical panameño culpa a campaña mediática por asesinato de dos educadores

Ciudad de Panamá, 7 nov (Sputnik).- El secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), de Panamá, Saúl Méndez, culpó el martes a la campaña de los medios de comunicación por el asesinato en la vía pública de dos docentes que participaban en las protestas contra el contrato minero.

«Esta es la campaña de odio de los medios de comunicación contra los patriotas, a esto están llamando (los medios) a que repriman y a que individuos como el inescrupuloso gringo que asesinó a dos panameños haya actuado de la manera vil y cobarde como ha actuado», dijo Méndez a través de un video divulgado en la red social X.

La Policía Nacional confirmó que en la tarde del martes un hombre, presuntamente con nacionalidad panameña-estadounidense, disparó un arma automática y causó la muerte de dos docentes en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

«Exigimos justicia, responsabilizamos de lo que está ocurriendo en el país a (l presidente Laurentino) Cortizo), a (l vicepresidente José Gabriel) Carrizo, a los 16 ministros de Estado, a los nueve magistrados de la Corte Suprema y a los 45 vendepatrias de la Asamblea de Diputados», reclamó el líder del sindicato de los constructores.

Méndez enfatizó que los citados elementos de la política panameña siguen maniobrando para no derogar la Ley 406, aprobada por el parlamento y sancionada por el mandatario el 20 de octubre, la cual otorga una concesión por 20 años prorrogables a la filial de una transnacional canadiense que explota en el país la mayor mina de Cobre de Centroamérica.

«El pueblo debe seguir en la calle, esto es indignación nacional ante actos bárbaros como el que acaba de ocurrir», exhortó el dirigente de una de las organizaciones más activas en las protestas contra el contrato minero, que ya cumplen 18 días.

Las manifestaciones agrupan a obreros de la construcción, maestros, universitarios, ambientalistas y miembros de comunidades indígenas, entre otros sectores, que exigen la derogación de la ley 406.

Como consecuencia de las protestas, Cortizo firmó el 3 de noviembre la Ley 407, que establece una moratoria indefinida para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la minería metálica en el país. (Sputnik)

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