sábado 4, mayo 2024
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Corte Suprema de Panamá admite décima demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 406

Ciudad de Panamá, 17 nov (Sputnik).- El juez Carlos Alberto Vásquez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ), admitió el jueves la décima demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que adoptó el contrato entre el Estado panameño y la subsidiaria Minera Panamá S.A.

«La décima demanda de inconstitucionalidad presentada ayer 15 de noviembre ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, fue admitida hoy, 16 de noviembre, por el magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes, y remitida al procurador de la Administración para su opinión», informó el Poder Judicial a través de un comunicado.

La demanda contra el contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum Minerals, fue presentada por el abogado Francisco Javier Ramos Molina, precisó el documento.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, tiene un periodo de 10 días para remitir su concepto sobre el recurso de inconstitucionalidad.

La Corte añadió que su secretario, Manuel Calvo, había recibido con anterioridad las opiniones de nueve demandas de inconstitucionalidad remitidas por González y el procurador general de la Nación, Javier Caraballo.

El próximo 23 de noviembre los magistrados sustanciadores examinarán todos los escritos presentados y procederán a confeccionar un proyecto de decisión, el cual pondrán a consideración de los magistrados de la CSJ, quienes podrán presentar observaciones y consideraciones a ser analizadas en sesión del Pleno.

Tanto González y Caraballo han coincidido con que la Ley 406 de 2023 es inconstitucional.

El contrato con Minera Panamá fue autorizado por el Consejo de Gabinete en su sesión del 10 de octubre, legalizado tres días más tarde por el contralor general de la República, Gerardo Solís; presentado a la Asamblea Nacional (Legislativo) el 16 y, finalmente, aprobado en tercer debate, sancionado por el presidente Laurentino Cortizo y promulgado en Gaceta Oficial el 20 de octubre.

Desde entonces comenzaron las protestas en las calles lideradas por organizaciones sindicales, sociales y ambientalistas, en el marco de las cuales han muerto cuatro personas. (Sputnik)

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