San José, 22 nov (EP/PL).- En una nación al límite en el tema de inseguridad, el poder Ejecutivo y el Legislativo en Costa Rica muestran hoy contradicciones para enfrentar el fenómeno.
“Le ordeno en este momento a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque, de manera inmediata, todos los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo”, dijo Chaves en la Escuela Nacional de Policía en Pococí, Limón, al referirse a la inseguridad que afecta a Costa Rica.
Durante la presentación de la nueva política nacional de seguridad, el presidente Rodrigo Chaves aseguró que se requiere acción conjunta de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para combatir criminalidad.
Sin embargo, acusó a diputados y magistrados de no hacer lo que corresponde y además, desconvocó la agenda de Gobierno en la Asamblea Legislativa y anunció que convocará 26 proyectos priorizados por legisladores.
En este ciclo de la Asamblea, que se extiende hasta fines de enero de 2024, se discuten proyectos presentados por el Ejecutivo, entre ellos los vinculados a enfrentar la inseguridad.
Para el mandatario, el Poder Ejecutivo no puede condenar a los delincuentes ni promulgar leyes más rígidas contra la delincuencia, son potestades del Judicial y del Legislativo en medio de un discurso en el que aseguró que el sistema judicial enfatiza la defensa de los derechos de los criminales.
“El Poder Ejecutivo no puede condenar a los delincuentes ni promulgar leyes más rígidas contra la delincuencia, son potestades del Poder Judicial y del Poder Legislativo”, añadió el Presidente, al lamentar que el sistema judicial enfatiza la defensa de los derechos de los criminales.
“Estamos haciendo lo posible dentro de lo que la ley nos permite… esperando que las otras dos patas del banco trípode, el Poder Legislativo y el Judicial, dejen de tambalearse y hagan lo que les corresponde”, agregó Chaves,
Mientras, los diputados señalan que la mayoría de esas iniciativas presentadas por la presidencia tienen serios problemas al rozar con la Constitución Política o con otras leyes, lo que los hace inviables.
Además, aseguran que no se han planteado iniciativas que ataquen la crisis desde su integridad, ya que solamente tienen un fin represivo.
En esta jornada fue presentada una nueva política de seguridad para combatir la ola de homicidios que enfrenta el país, entre otras causas por el narcotráfico, el ajuste de cuentas y la legitimación de capitales.
Nueva política de seguridad
Estamos ante un momento histórico en el que hay que tomar decisiones extraordinarias, explicó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, al subrayar que el proyecto de Costa Rica Segura Plus constituye un reto para el país.
Al hacer un balance sobre lo que se ha hecho hasta ahora, explicó que la nueva estrategia se sustenta en un trabajo previo, que sentó las bases para hacer acciones como la Operación Soberanía, única en su historia.
Costa Rica será el primer país en tener escáner en sus fronteras terrestres y marítimas, subrayó.
En su exposición lamentó el número de homicidios reportados hasta hoy, que alcanzan los 821. No podemos ver esos datos con normalidad, y pensar que solo sucede en algunas partes del país, si no reforzamos nuestro modelo de gestión esa cifra puede ser el comienzo de algo peor, advirtió.
Las mismas cifras del triángulo norte de Centroamérica que a pocos kilómetros de aquí llegó a tener cifras de 75 homicidios por cada 100 mil habitantes, no nos queremos reflejar en ese espejo, subrayó.
La Política de Seguridad Pública consta de cuatro ejes: Prevención social, Criminalidad común, Crimen Organizado y Narcotráfico, Protección y Defensa de la Nación.
En realidad, apuntó, ha sido un año en extremo violento por la guerra de pandillas que disputan territorios para el tráfico de drogas, que demanda acciones rápidas que logren contener el fenómeno, pero a su vez, que siente las bases para el fortalecimiento de una política de seguridad sólida en el tiempo, subrayó.
Sobre las medidas concretas explicó que incluye inteligencia policial, en las operaciones para identificación de sicarios y bandas criminales; así como sus zonas de operación y franjas horarias de intervención, planes de control territorial preventivo (retenes dinámicos), interpoliciales mediante la adopción de operaciones conjuntas y combinadas entre los distintos cuerpos de las policías administrativas adscritas al Poder Ejecutivo.
También la identificación de guaridas y casas de seguridad de las bandas narcotraficantes y sicarios, así como el registro de búnkers y puntos de venta de droga en cada una de las 492 jurisdicciones distritales contempladas dentro de los 84 cantones de nuestro país.
Zamora destacó en el plano preventivo el diseño para el diagnóstico y planes de seguridad a escala municipal y comunal que partan de la identificación de la violencia, riesgos sociales ante el delito y otros factores generadores de inseguridad que afectan la convivencia ciudadana en los 84 cantones y 492 distritos.
Que fácil es escurrir el bulto, en lugar de aceptar los errores y buscar como corregirlos ; mejor descargar en los diputados toda la responsabilidad . Mejor cuplpar a otros . Muy propio de Rodrigo Chaves , un populista irresponsable . Un manipulador y mentiroso compulsivo.
Yo apoyo al señor presidente.
El Judicial y Legislativo es utilizado para avasallar a Rodrigo Chaves Robles, junto al global cómplice corrupto poder mediático privado. ¿Logran sus objetivos de continuismo? Veremos.