Ciudad de Panamá, 2 dic (Prensa Latina) Algunas voces en Panamá sugieren hoy al Gobierno retirar a los ministros implicados en el polémico acuerdo de concesión minera, tras declararse institucional la Ley 406 vinculada a ese proyecto.
A juicio de Enrique de Obarrio, miembro de la Concertación Nacional para el Desarrollo y expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, los cambios en el Gabinete le permitirían tener la capacidad de mejorar la situación económica, social, institucional y política del país.
Indicó que ello también beneficiaría al Ejecutivo para alcanzar la necesaria credibilidad y posibilidad de gobernar con efectividad.
De Obarrio argumentó su opinión con la renuncia del ahora exministro de Comercio e Industrias Federico Alfaro, planteó la salida de todos los titulares involucrados en la controversia e iniciar una recomposición del actual Gabinete con individuos más capaces y de mejor trayectoria.
Igualmente, recomendó a las autoridades designar una comisión de alto nivel y reforzarla con una veeduría ciudadana para proceder con las auditorías en la mina y un plan de cierre gradual que incluya provisiones sobre el impacto ambiental y la estabilidad laboral de quienes trabajan en ella.
El pasado 28 de noviembre la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406, la cual respalda el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, mientras el presidente del país, Laurentino Cortizo, prometió acatar ese fallo.
El mandatario también se comprometió a publicar en la Gaceta Oficial y comenzar el proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina, en cuanto reciba la comunicación formal del laudo del alto tribunal.
En ese contexto, Alfaro renunció a la cartera de Comercio e Industrias y en su lugar este viernes asumió Jorge Rivera Staff.
Desde hace más de un mes ocurrieron en el país manifestaciones de rechazo en contra de Ley 406, que permite a Minera Panamá operar por 20 años, prorrogables por el mismo tiempo, la mina de cobre más grande de Centroamérica.
En tanto, la empresa First Quantum informó que la notificación de la intención de presentar demandas arbitrales es parte de las formalidades legales con el propósito de abrir entre las partes un periodo de diálogo de al menos 90 días.
