Ciudad de Panamá, 8 dic (Prensa Latina) La empresa Minera Panamá solicitó al Gobierno esperar por la terminación de los contratos de unos cuatro mil empleados, pese a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 406, que ordenó suspender las operaciones.
El ente minero alegó en una declaración “razones económicas” para pedir al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral mantener esa cantidad de titulares ocupantes de ciertos puestos de trabajo «para salvaguardar la seguridad de la zona minera y prevenir daños ambientales».
La medida de que concluyan sus contratos esos cuatro mil empleados –aclaró Minera Panamá- se desarrollará de forma paralela al programa de retiro voluntario presentado por la empresa el 3 de diciembre, y, en ambos casos, las prestaciones para los colaboradores serán las mismas, incluido el pago del dinero que se les adeuda según la ley.
La compañía, filial de la canadiense First Quantum, informó este viernes en un comunicado que recibió un aviso del Gobierno para finalizar las operaciones de extracción, procesamiento, beneficio, transporte, comercialización y exportación en el país.
El texto precisa que el Ministerio de Comercio e Industrias comunicó a la empresa minera el cese de sus labores, aunque ordenó asumir las citadas estrategias para guardar la seguridad de las instalaciones y evitar daños ecológicos.
La orden de cierre de las prospecciones siguió al fallo por la Corte Suprema de Justicia el 28 de noviembre sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023, que respaldaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
El presidente Laurentino Cortizo prometió acatar ese dictamen y comenzar el proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina, en cuanto recibiera la comunicación formal del laudo del alto tribunal.
Los acontecimientos se precipitaron por una escalada de manifestaciones que se extendió por alrededor de un mes en rechazo a la referida Ley, que permitía a Minera Panamá operar por 20 años, prorrogables por el mismo tiempo, la mina de cobre más grande de Centroamérica.
La empresa First Quantum, por su parte, informó que la notificación de la intención de presentar demandas arbitrales es parte de las formalidades legales con el propósito de abrir entre las partes un período de diálogo de al menos 90 días.
