Ciudad de Guatemala, 14 dic (Sputnik).- La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala pidió el jueves al Congreso de la República que garantice la transferencia de poderes el 14 de enero a todas las autoridades electas y acreditadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
«Conminar al Congreso de la República y su Junta Directiva garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023, conforme los decretos de oficialización y validación de los resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral», ordenó la Corte en su resolución.
En un comunicado emitido en la tarde del jueves, precisa que esa decisión es «conforme a los principios de legalidad, alternabilidad en el ejercicio del poder y al cumplimiento efectivo de los mandatos legales y constitucionales en el marco de la finalización del proceso electoral».
Exhorta al congreso unicameral a preservar el orden democrático, defender los valores de la justicia, la seguridad y la paz, procurando la materialización de la unidad nacional de los intereses de la población guatemalteca, por medio de un proceso «pacífico» de transición.
Indica al parlamento también que de «manera imperativa» se realice la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo el 14 de enero de 2024.
La CC, el máximo tribunal de Guatemala, adoptó esas decisiones tras conceder un amparo solicitado por un grupo de abogados el 6 de octubre en contra de los intentos del Ministerio Público (MP) que denunciaron buscan romper el orden constitucional del Guatemala.
En sus puntos segundo y tercero, la Corte «insta al presidente de la República (Alejandro Giammattei) promover la unidad nacional y la culminación de la transición en proceso» y «prevenir a toda autoridad que actúe en cumplimiento de la última etapa del proceso electoral».
No obstante, los magistrados no frenaron las investigaciones de los fiscales del MP contra el partido Movimiento Semilla, que llevó a la victoria en las elecciones al sociólogo Bernardo Arévalo, a quien también buscan someter a juicio por presuntas irregularidades durante el proceso.
El MP confirmó el 8 de diciembre que esas investigaciones, dirigidas también contra cuatro magistrados del TSE, buscan anular las elecciones generales del 25 de junio y la segunda ronda del 20 de agosto por supuestas alteraciones de las boletas.
«Lo decidido es sin perjuicio de las facultades de investigación, persecución y acusaciones que corresponden al Ministerio Público y los jueces del orden penal, así como de las facultades del Tribunal Supremo Electoral sobre evidencias serias que presenten incidencia en el ámbito de las organizaciones electorales», decidió la Corte.
Las acciones del MP contra los resultados de las elecciones han provocado intensas protestas en Guatemala, donde los pueblos originarios y otros sectores de la sociedad acusan a los fiscales de operadores y cómplices de un golpe de Estado promovido por el llamado pacto de corruptos para mantener su control del país y sus recursos. (Sputnik)
