Buenos Aires, 27 Dic (Elpaís.cr).- En horas del mediodía, miles de personas colmaron la Plaza Lavalle, frente al edificio de Tribunales. Allí, los dirigentes de la CGT entregaron un documento a la Justicia para pedir la anulación del decreto de Milei, que deroga más de 300 leyes y avanza sobre derechos laborales.
Protocolo activo
La movilización, de la que participaron miles de personas, puso nuevamente a prueba el protocolo ‘antipiquetes’ lanzado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con el objetivo de liberar las calles de cortes.
A pesar de un amplio despliegue que contó con la participación de las cuatro fuerzas federales -Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)-, el tránsito en las inmediaciones del Palacio de Justicia, donde se encuentra la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), fue bloqueado.
La ministra Bullrich monitoreó la movilización desde el Comando de Seguridad, junto a otros funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. La marcha se desarrolló con normalidad hasta que comenzó la desconcentración. En las calles aledañas a la Plaza Lavalle, custodiadas por cientos de efectivos policiales, hubo momentos de tensión, empujones, insultos, choques entre manifestantes y uniformados y seis detenidos, indicó La Nación.
En la mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni celebró, en nombre del Gobierno nacional, que la CGT haya «pedido autorización» para llevar a cabo la movilización, y manifestó que es «un síntoma» del «cambio de época en materia de marchas y de las organizaciones que participen de manifestaciones en la calle».
Mensaje al presidente
Los directivos de la CGT realizaron un breve acto en el que leyeron un documento dirigido al mandatario Milei, bajo el título ‘Somos los trabajadores, no somos ‘la casta'», como llama el líder ‘libertario’ a los dirigentes políticos tradicionales.
La central obrera manifestó en el texto que el presidente «prometió hacer un ajuste que lo pagaría lo que él denomina ‘casta política'», y que los trabajadores recibirían «los beneficios de ese recorte». Sin embargo, advierten que «su primer acto de gobierno es un decreto de necesidad y urgencia que contiene «muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales», además de que introduce «una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales».
«Ser legal es respetar la Constitución nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías. Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República. No se confunda, señor Presidente. No somos la casta. Somos los trabajadores», dice el documento que pide a la Justicia «una sentencia que declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad de Urgencia».
Por su parte, el secretario general del gremio de Camioneros y triunviro de la CGT, Pablo Moyano, advirtió a la ministra Bullrich que habrá más protestas de rechazo a las medidas de ajuste del Gobierno: «Que se prepare porque van a haber cientos de Plazas Lavalle, cientos de Plazas de Mayo mientras siga con este DNU que está destruyendo los derechos de los trabajadores», declaró a la prensa, según recoge TN.
Además de la CGT y la CTA; participaron de la marcha la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ya denunció 7.000 despidos por decreto del presidente en las áreas públicas.
También se sumaron algunas agrupaciones de izquierda como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), aunque estos sectores lo hicieron con la intención adicional de exigirle a las centrales obreras que llamen a una huelga general.
La CGT convocó a su Comité Central Confederal (el máximo órgano deliberativo y ejecutivo) para este jueves 28 de diciembre, para analizar el tema, pero hasta el momento no fue confirmada una medida de paro.
Los dirigentes de la CGT decidieron el jueves pasado realizar esta marcha para entregar la impugnación al DNU. Según denuncian los gremios y organismos de derechos humanos, el decreto del mandatario, que deroga más de 300 leyes para desregular la economía, es «inconstitucional». De hecho, ya enfrenta una batalla legal en la Justicia por la presentación de diversos amparos. Uno de ellos es de la propia Confederación General del Trabajo, y fue rechazado este miércoles por el juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet, debido a que el decreto aún no está en vigencia, informó Télam.
Además, el presidente Javier Milei envía este miércoles al Congreso una serie de proyectos en una ley ‘ómnibus’, que establece una serie de reformas en materia tributaria, electoral, laboral, penal y energética, confirmó el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, en rueda de prensa. (Sputnik)
