San José, 10 ene (EP/PL).- La renuncia del único odontólogo forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica llamó una vez más a la reflexión sobre la necesidad de reformar esa estructura, indicaron hoy expertos.
Esta carta no la envío para hacer catarsis, podría simplemente presentar mi renuncia y listo; la escribí precisamente porque creo que ustedes no están conscientes de la gravedad de la situación, porque ya hemos renunciado demasiados profesionales en el Poder Judicial y seguirán renunciando más personas mientras las cosas no mejoren, expuso el odontólogo forense José Manuel Fernández.
Dirigida al Consejo Superior del Poder Judicial, antes de pedir su dimisión, el único especialista durante 17 años en esta disciplina en el OIJ denunció una serie de situaciones adversas que le llevaron a tomar, según dijo, la decisión más difícil de su vida.
La ausencia de conflicto interno armado, grupos terroristas, pocos desastres masivos, ausencia de crimen organizado y otros fenómenos que generaran la necesidad de identificar seres humanos fueron inexistentes hasta hace pocos años. A ello se suma el hecho de que en Costa Rica ninguna universidad imparte esa rama específica.
Relata cómo su puesto nunca recibió la calificación adecuada a su nivel de formación y que fue hasta 2021 que se le reconoció el derecho a vacaciones profilácticas, analiza un artículo publicado en Semanario Universidad.
En su carta, Fernández detalla con nombres una lista de 23 profesionales en medicina forense y 12 en psiquiatría que han renunciado, “para que puedan comprobar que lo mío no es berrinche infundado». subrayó.
Para el director del OIJ Randall Zúñiga, la institución dejó de ser atractivo para la mayoría de las personas que ya no quieren laborar para la institución por motivos de salarios bajos y altas cargas laborales. Existe una fuga de talentos y prueba de ello es que hay 97 personas que renunciaron en 2023.
Según el funcionario, entre 2011 y 2017 se dieron únicamente siete renuncias a la institución, mientras que desde la aplicación de la reforma a la Ley de Pensiones del Poder Judicial y la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en 2018 hizo que en cinco años dimitieran más de 300 personas calificadas y con amplia experiencia.
Costa rica vive desde hace algunos años un incremento de la criminalidad y en este 2023 las cifras de homicidios alcanzaron las 907 personas asesinadas, datos sin precedentes en esta nación centroamericana.
