Quito, 23 ene (Prensa Latina) Ecuador continúa hoy a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre las preguntas que el presidente Daniel Noboa envió a revisión para someter a consulta popular.
En total son dos bloques de cuestionamientos y el análisis de uno de ellos recayó sobre la jueza Teresa Nuques, mientras que las magistradas Karla Andrade y Carmen Corral deberán revisar el segundo grupo de interrogantes.
Según medios locales, Nuques y Andrade ya tienen listo sus dictámenes, solamente falta el de Corral.
El primer paquete fue enviado por el Ejecutivo el 2 de enero con 11 preguntas, pero finalmente el mandatario retiró una de ellas, la que se refería al regreso de los casinos.
Luego, el 9 de enero, la Corte Constitucional recibió otras nueve preguntas más, entre las cuales hay algunas que implican cambios a la Constitución.
Este lunes en una entrevista con el canal Teleamazonas, Noboa manifestó que aspira a materializar el proceso consultivo el próximo 10 de marzo.
“Si quieren negar preguntas populares para el pueblo, que las nieguen, pero yo tengo la obligación de presentarlas. La Corte Constitucional va a tener que trabajar en conjunto con el Ejecutivo y como ciudadanos deberán hacer lo mejor para Ecuador”, indicó sobre la posibilidad de que le rechacen algunos temas.
La propuesta de consulta popular recibió calificativos de errática e innecesaria, pues abarca asuntos que pueden tratarse en la Asamblea Nacional (parlamento) sin necesidad de realizar el proceso, el cual costaría alrededor de 60 millones de dólares.
Las interrogantes planteadas en el primer bloque están relacionadas con el papel del Ejército en el enfrentamiento al crimen organizado, proponen que los militares se unan al control de armas y municiones, y proponen que determinados delitos, como terrorismo, asesinato, delincuencia organizada, entre otros, sean sancionados con la pena máxima.
El resto de los cuestionamientos abarcan temas como la extradición de delincuentes, la revocatoria inmediata de las concesiones mineras ilegales, permitir al Ejecutivo presentar al Legislativo proyectos urgentes de asuntos de interés nacional, e indultos para policías y militares.
La Corte Constitucional deberá emitir un dictamen sobre la legalidad de las preguntas y, de ser aceptadas, el Consejo Nacional Electoral podría convocar a los ecuatorianos a las urnas.
