Quito, 25 ene (Sputnik).- Familiares de personas privadas de libertad (PPL) denunciaron el miércoles abusos y torturas en cárceles de las provincias de Guayas (sureste) y Esmeraldas (norte) y exigieron un mejor trato para sus allegados, detenidos durante los operativos que lleva a cabo el Gobierno en el marco del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa.
«No los torturen más», se podía leer en uno de los carteles que llevaban los manifestantes que marcharon por las calles de la ciudad de Guayaquil, capital provincial de Guayas.
La mayoría de los participantes en la protesta eran mujeres, que portaban pitos y carteles y vestían camisetas blancas, mientras exigían una atención digna para hijos, esposos y otros familiares detenidos.
La Gobernación del Guayas recibió a un grupo de manifestantes y emitió un documento al respecto, en el expresa su compromiso con la integridad de todos los detenidos.
«Estamos comprometidos en velar por la seguridad e integridad de todos los sectores sociales, incluidas las PPL (personas privadas de libertad), como hemos podido informar a sus familiares», dice un comunicado difundido en la red social X.
El martes ya se había registrado un plantón en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, ubicada en la ciudad de Guayaquil, para solicitar información sobre la reubicación de presos en otros pabellones.
Según trascendió en redes, los manifestantes alegaban que sus familiares habían sido maltratados durante estos operativos en los distintos penales del país; además, denunciaron que no se permiten las visitas para conocer cómo se encuentran.
En la provincia de Esmeraldas también hubo una marcha de familiares de prisioneros, quienes exigieron paz dentro de las cárceles.
Tras la declaratoria del conflicto armado interno y el estado de excepción, por parte del presidente, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han realizado intervenciones en las cárceles con el fin de requisar armas y otros objetos prohibidos.
«La orden no es ir de cacería de personas (…) sino que en un conflicto armado interno se siguen las leyes internacionales de derecho humanitario», dijo Noboa en una entrevista con el medio La Posta.
El presidente añadió que en este contexto se están confrontando dos bandos, las fuerzas de seguridad y los grupos del crimen organizado, y si no hay rendición, «se responde con fuerza letal».
El presidente ecuatoriano, quien asumió el 23 de noviembre, declaró el lunes 8 el «estado de excepción», tras una serie de motines en prisiones y fuga de importantes líderes de bandas criminales; estas bandas respondieron con ataques, quema de autos, secuestros de policías y agentes penitenciarios y detonaciones de explosivos en las calles de varias ciudades, entre ellas Quito y Guayaquil, las dos más importantes del país.
La crisis se agravó con la incursión de un grupo de hombres armados y encapuchados a un estudio del canal estatal TC Televisión, que tomaron como rehenes a periodistas y otros trabajadores mientras estos transmitían un programa en vivo.
Al día siguiente, Noboa declaró al país en «conflicto armado interno» y ordenó desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles.
Con más de 7.000 homicidios, el 2023 fue el año más violento de la historia de Ecuador, que registró una de las tasas de asesinatos más altas de América Latina.
Tan solo hace cuatro años, Ecuador era uno de los países más seguros de la región. (Sputnik)
