Lima, 31 ene (Sputnik).- El conflicto que estalló en la última semana en torno a la administración de las entradas a Machu Picchu, antigua ciudadela inca convertida en el principal destino turístico en Perú, es una página más de una larga historia de reclamos de los habitantes del departamento de Cusco (sur), donde se encuentra, para gestionar sus propios tesoros culturales e históricos.
El lugar, en la cordillera de los Andes, es administrado en común por los ministerios de Cultura, Comercio Exterior y Turismo, y Ambiente, además de la gobernación departamental y la alcaldía. A su jurisdicción fue añadida otra histórica ciudad inca, Choquequirao.
Pero esa unidad no es integrada por comerciantes, promotores turísticos, empresarios ni la comunidad en general, que en cambio se reúnen en el Frente Regional de Defensa del Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible de Cusco, una organización sin representación institucional oficial.
«Al cusqueño tú no le puedes decir qué cosa es defender el patrimonio cultural porque, además, en la mente del cusqueño es muy permanente el maltrato del sector privado. Eso es lo cotidiano que tenemos», resume a la Agencia Sputnik la congresista Ruth Luque, de Cusco.
Protestas
Los cusqueños han recurrido a huelgas para poder utilizar el Perú Rail, ferrocarril que une al pueblo de Aguas Calientes con el ingreso a las ruinas, así como poder ingresar de manera gratuita una vez al mes a la ciudadela creada por sus ancestros, e incluso para poder gozar de una tarifa intermedia para residentes.
«La historia de Cusco con relación al patrimonio cultural es una historia, no de un día de huelga, sino semanas o meses de huelga. Es lo que, en términos culturales, une al cusqueño», asume la abogada.
Esa lucha se repitió en la última semana. Los cusqueños iniciaron el 25 de este mes una protesta con cierres de comercios, marchas y bloqueos que derivaron en disturbios, cortes de rutas de acceso y la suspensión del transporte ferroviario, dejando a cientos de turistas varados.
Los habitantes de Cusco rechazan la concesión otorgada a la empresa Joinnus para gestionar la venta en línea de los ingresos a la ciudadela, pues advierten que es el primer paso hacia la privatización del sitio, y porque se estaría «encapsulando» al turismo, ya una sola compañía contaría con la información de cuántos accesos se venden a diario.
El Gobierno de Dina Boluarte, en tanto, aduce que la plataforma en línea que funcionaba hasta ahora para la venta de entradas era defectuosa, y que al mismo tiempo había corrupción en la gestión de boletos en ventanillas.
«Lo que el poblador, lo que Cusco quiere es que haya una descentralización del patrimonio cultural. Es una promesa histórica con Cusco. En ese marco, lo que se está diciendo es: ‘Oye, ya teníamos una plataforma virtual’. Todos sabemos que (la tradicional) es una plataforma corrupta, porque hay funcionarios corruptos, incluso algunos de ellos han sido asesores de la ministra de Cultura (Leslie Urtega). Pero tú puedes ofrecer un mejor servicio, como lo hacen en otros lugares del mundo», reconoce Luque.
Este miércoles, representantes del Ejecutivo decidieron ceder ante las protestas y aceptaron dar por finalizado el contrato con Joinnus, para volver al sistema anterior.
Según la congresista, «la empresa, incluso en los primeros días de la protesta, había anunciado su disposición a cancelar anticipadamente el contrato», por lo que se pregunta «por qué el Gobierno ha demorado tanto, sabiendo claramente que en este contrato se habían generado un conjunto de irregularidades y vacíos, y que el pueblo de Cusco no lo iba a aceptar».
Una caja millonaria
«En el mundo el turismo era una manifestación de lujo de la gente económicamente pudiente. Ahora, luego de la pandemia, se ha convertido en una necesidad de vida. Por lo que Machu Picchu ha comenzado a experimentar durante los últimos años una demanda creciente y de manera sostenible», analiza en diálogo con esta agencia el secretario general del Frente Regional de Defensa del Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible de Cusco, Alfredo Cornejo.
Para este hombre, nacido y criado en Cusco, «el Estado peruano no gestiona adecuadamente el patrimonio para permitir que más visitantes puedan visitarlo, sino que en lugar de permitir la visita restringe por no tener que ejercer el trabajo de gestión adecuada».
Aquí surge otro ejemplo que permite comprender el enojo de los cusqueños: el reparto de una millonaria caja en torno a los 1,5 millones de visitantes anuales, provenientes de todos los rincones del mundo.
Según la ley, de cada dólar recaudado en Machu Picchu, Choquequirao (que Cusco comparte con Apurímac) y el resto de los sitios arqueológicos protegidos, cerca de 70 centavos viajan a Lima, en un reparto que, dicen, está descuidando el mantenimiento de las ruinas. La situación empeoró a partir de la decisión del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), que centralizó la totalidad del recurso para paliar la crisis económica.
«El patrimonio cultural en Cusco es como un botín, un botín al cual el gran empresariado y el Estado desde Lima dispone qué se tiene que hacer. Entonces, no hay un proceso de descentralización y de diálogo real con quienes viven alrededor, no existe», resume la congresista. En suma, «el cusqueño no puede disfrutar de sus espacios culturales, ni tiene una gestión a su cargo, cómo existe en otros lugares».
Para Cornejo, «el Gobierno peruano, en lugar de gobernar para el poblador, gobierna para la gran empresa», en un plan que busca «encapsular al turismo».
«No nos pueden decir a los cusqueños que somos extremistas, somos personas que estamos comprendiendo, y el tema de fondo real es que hay una gestión centralista y hay una visión del patrimonio de botín para algunos. Y otros, quienes vivimos, hemos vivido toda la vida en Cusco, vamos a mirar nuestro patrimonio de otra manera», cierra Luque. (Sputnik)
