Oakland (EEUU), 1 Feb (oak_institute).- En un nuevo informe, La fiebre del oro de Nicaragua, el Oakland Institute expone que, a pesar de las sanciones de EE. UU. al sector de la extracción de oro de Nicaragua, la industria ha aumentado radicalmente, dirigida por empresas extranjeras. EE. UU. es el destino principal del producto e importa un asombroso 79 por ciento de todo el oro exportado de Nicaragua.
“El costo devastador de esta expansión se pagan las comunidades indígenas y afrodescendientes en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, que se enfrentan a la violencia incesante, masacres, secuestros y la colonización de sus tierras”, dijo Anuradha Mittal, la directora ejecutiva del Oakland Institute y coautora del informe.
En junio de 2022, el gobierno estadounidense sancionó a la empresa minera estatal ENIMINAS y acusó al régimen Ortega-Murillo de “usar los ingresos del oro para seguir oprimiendo al pueblo de Nicaragua y para participar en actividades que amenazan la seguridad del hemisferio”.
El presidente Biden expandió substancialmente estas sanciones por una orden ejecutiva en octubre de 2022, que autorizó que el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionara cualquier entidad involucrada en el sector del oro nicaragüense con vínculos financieros a los EE. UU.
El informe revela que el gobierno estadounidense todavía no ha hecho cumplir estas medidas, lo que permite que el sector del oro expanda masivamente y continúe a proveer ingresos importantes al régimen Ortega-Murillo y a los accionistas de las empresas involucradas. Numerosas empresas mineras que están en el ámbito de las sanciones continúan a operar impunemente y adquirir nuevas concesiones mineras auríferas en medio de un aumento en la violencia contra las comunidades indígenas.
El beneficiario principal de la fiebre del oro es la canadiense Calibre Mining Corp., cuyas 57 concesiones mineras abarcan más de 1,1 millones de hectáreas (ha) – el 9 por ciento de la superficie terrestre de Nicaragua. Se otorgaron 26 de las concesiones mineras metálicas de Calibre – que abarcaban más de 940.000 ha – entre junio de 2021 y diciembre de 2022. Se otorgaron 11 de estas concesiones – que abarcaban 336.598 ha – después de que el Departamento del Tesoro anunciara las primeras sanciones en junio de 2022. Si se otorgan las 15 solicitudes de concesiones restantes de Calibre, una sola empresa extranjera controlaría unas 1,57 millones de hectáreas, o el 13,1 por ciento del área terrestre de Nicaragua.
Otra preocupación es que muchas de las concesiones de Calibre se superponen con los territorios indígenas y afrodescendientes reconocidos por el estado. Varios miembros de las comunidades declaran que no fueron consultados y que no dieron el consentimiento con respecto a las concesiones – una violación de las leyes nicaragüense y de las normas internacionales.
Por ser una empresa canadiense que opera en Nicaragua y que también es dueño de concesiones mineras en EE. UU. por sus filiales de propiedad total, Calibre es una candidata clara para las sanciones impuestas por la orden ejecutiva de Biden.
Este informe también identifica otras empresas transnacionales que controlan inmensas concesiones mineras en Nicaragua. Estas empresas incluyen la canadiense Mako Mining Corp., la china Zhong Fu Development, la colombiana Grupo Mineros y las británicas Condor Gold y Royal Road Minerals.
Los financieros principales de estas empresas extranjeras incluyen las empresas de inversión estadounidenses BlackRock Inc., Van Eck Associates Corp. e Invesco Ltd., y las empresas mineras canadienses B2GoldCorp y Agnico Eagle Mines Ltd.
“El gobierno de Biden habla mucho de usar las sanciones selectivas para pedir cuentas a los violadores de los derechos humanos, pero el Departamento del Tesoro deja que los peores se salgan con la suya”, dice Josh Mayer, investigador del Oakland Institute y coautor del informe.
“La aplicación de las sanciones tiene que ir más allá de las entidades nicaragüenses para tener alguna oportunidad de poner fin a la colonización violenta de los territorios indígenas y afrodescendientes”, continuó Mayer.
“Por la falta de aplicación de estas sanciones, el gobierno de Biden efectivamente está sosteniendo a las empresas mineras estadounidenses e internacionales con inversores estadounidenses que sacan provecho del sector del oro nicaragüense. Descuidar pedir cuentas a estos intereses financieros no solo permite que escale la violencia contra las comunidades indígenas y afrodescendientes, sino también es otra prueba de la falta de credibilidad del compromiso del presidente Biden para defender los derechos humanos”, concluyó Mittal.
Lo que les preocupa es que el gobierno con la producción de oro financia buenas carreteras, educación y salud gratuitas y de calidad y muchas otras otras obras de infraestructura para el pueblo.