Buenos Aires, 7 feb (Sputnik).- La Cámara argentina de Diputados aprobó el martes por 134 votos afirmativos y 121 negativos el primer artículo de la aprobada «ley ómnibus», que declara la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
«Resulta afirmativo», informó el martes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Tras la aprobación el viernes de la norma general, cuyo nombre formal es Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Cámara de Diputados avaló por 134 votos afirmativos y 119 negativos el capítulo 3, que delega facultades legislativas en el presidente, Javier Milei, por el plazo de un año, prorrogable a otro más.
El plenario también votó a favor, con 132 votos afirmativos y 122 votos negativos, los incisos comprendidos entre A y el G del artículo 4, que permite al presidente desregular el comercio, la industria y los servicios, reorganizar la administración pública nacional, desburocratizar la gestión pública y regular el sistema de contrataciones en el Estado, entre otras consideraciones.
El oficialismo tuvo un revés en tres apartados del artículo 4, al declinarse la posibilidad de que el presidente legisle sobre fondos fiduciarios (inciso G, rechazado por 142 votos en contra y 112 a favor), sobre la regulación del sector energético y sobre el fortalecimiento de la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad (incisos I y J, rechazados con 130 votos en contra y 123 a favor).
La coalición gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), también fracasó al momento de encarar cada capítulo en particular del artículo 5º, que ampliaba las facultades legislativas del jefe de Estado.
De los seis incisos con los que contaba esta norma, solo fue aprobado el B, que habilita al presidente a mejorar la profesionalización de las carreras administrativas en base al mérito y al logro de metas.
El oficialismo no pudo sacar adelante el resto de incisos, que hubieran permitido al jefe de Estado a regular el funcionamiento interno del sector público nacional, a fusionar o disolver áreas de la administración pública, a suprimir funciones superpuestas o intervenir en las empresas estatales o a eliminar fondos fiduciarios.
El Gobierno sí logró consenso suficiente para aprobar el artículo 6º, que permite al Poder Ejecutivo concentrar en un marco normativo el régimen de contrataciones.
Con estos resultados, el plenario pasó a un cuarto intermedio (receso) por unos minutos.
El capítulo 2, que se votará a continuación, se refiere a la privatización de empresas públicas.
Votación general
En el texto aprobado en general por la Cámara de Diputados el viernes, el Ejecutivo mantiene bajo el espectro privatizador 27 empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, la empresa de agua AySA, Correo Argentino, Trenes Argentinos, la agencia de noticias Télam y la Televisión Pública, lo que genera resistencias entre algunos diputados y gobernadores.
La iniciativa del oficialismo es cuestionada por desfinanciar la cultura y eliminar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el Instituto Nacional del Teatro, y el Fondo Nacional de las Artes, entre otras instituciones públicas.
La normativa pauta modificaciones en temas ambientales, con flexibilizaciones en la legislación que protege los bosques, los glaciares y los territorios de las quemas.
El proyecto también incide en los regímenes de infraestructura, transporte, educación, producción y energía e hidrocarburos.
Después de su votación artículo por artículo, la norma será girada al Senado para su sanción definitiva. (Sputnik)
