Quito, 17 feb (Sputnik).- Ecuador volverá a las urnas nuevamente el próximo 21 de abril, tal como propuso en su campaña el ahora presidente Daniel Noboa, pese a los cuestionamientos de quienes consideran esta votación de inoportuna: ¿cuáles son las 10 preguntas que deberán responder los ecuatorianos y qué implican?
«Tenemos la consulta popular y referéndum que en el calendario electoral se ha aprobado para el 21 de abril. El 26 de febrero estaremos realizando la convocatoria (…) Estamos trabajando, estamos con el personal operativo listo, con la preocupación de la parte económica porque hay deudas que tenemos con proveedores que es la preocupación principal», señaló José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), en una entrevista con Forever Radio.
En las últimas horas fue actualizado el calendario electoral con vista a este proceso democrático, que iniciará con la convocatoria oficial el lunes 26 de febrero.
La inscripción de organizaciones que harán campaña por el ‘SÍ’ y el ‘No’ se realizará del 28 de febrero al 4 de marzo, mientras su calificación será del 5 al 7 de marzo. El 6 de abril se determinará la asignación de fondos para la promoción electoral. La campaña está prevista entre el 7 y el 18 de abril, mientras los resultados oficiales de las votaciones deberán emitirse el 5 de junio.
Según Cabrera, se estima que deberán destinarse unos 60 millones de dólares para el proceso electoral, pero todavía el Pleno del CNE no ha aprobado el presupuesto definitivo y espera hacerlo en su reunión del martes 20 de febrero.
El padrón electoral está conformado por 13 millones 654.291 ciudadanos habilitados para ejercer el voto.
«En el padrón se incluye a los ciudadanos que cumplirán los 16 años de edad hasta el 14 de abril», señaló Cabrera. Los ecuatorianos residentes en otros países podrán acudir a sufragar en sus respectivas zonas de votación.
Desde 1978, los votantes ecuatorianos acudieron a las urnas para pronunciarse sobre 14 consultas populares y/o referéndums.
Las 10 preguntas
En total serán 10 las preguntas de esta consulta popular y referéndum, de las cuales las dos primeras se refieren a ampliar la misión de las Fuerzas Armadas para el control de armas, explosivos, municiones y accesorios en áreas aledañas y corredores autorizados para el ingreso a las cárceles; así como dar paso a una reforma para incrementar las penas en un listado de delitos que incluye el terrorismo, producción y tráfico de drogas, asesinato, sicariato y trata de personas, entre otros.
La tercera pregunta consultará si los reclusos deben cumplir la totalidad de la pena en prisión, en particular cuando han cometido delitos como financiar el terrorismo, secuestro extorsivo o reclutar menores de edad y adolescentes con dichos fines.
El Gobierno propone, en la cuarta y quinta interrogante, tipificar el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar las armas de fuego permitidas para uso civil.
Además, propone que aquellas armas, explosivos, municiones o accesorios que hayan sido decomisadas en un delito puedan destinarse inmediatamente para uso de la Policía y las Fuerzas Armadas, con lo cual se reformaría el Código Integral Penal (COIP)
Otra de las cuestiones a consultar en las urnas es si el Estado podrá ser el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, como armas, municiones, explosivos y otros instrumentos materiales de un delito, pero simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
Respecto al referéndum, en la séptima pregunta se pondrá a consideración la propuesta de permitir la extradición de ecuatorianos, pero con las restricciones previstas en la Constitución vigente, como por ejemplo que no se haga a un país donde se aplique la pena de muerte o prácticas inhumanas, crueles o degradantes, o por delitos políticos con la exclusión del terrorismo y los delitos contra la humanidad y otros establecidos en los convenios internacionales.
La pregunta número 8 consultará a los ecuatorianos si están de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda y la 9 propone que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales.
La última pregunta busca reformar el Código de Trabajo para dar paso al contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el empleador y el trabajador, «sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores».
Respecto a la implementación de los contratos a plazo fijo, hasta 12 meses, Cabrera señaló que ello es necesario para disminuir violaciones en la contratación, y en cuanto a los contratos por horas, manifestó que no hay precarización del empleo si todo está debidamente registrado.
Cuestionamientos
La consulta popular forma parte de una de las propuestas de campaña del presidente Daniel Noboa para promover reformas legales que permitan reforzar el combate al crimen organizado, replantear el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad y fomentar el empleo.
Algunas de las preguntas planteadas por Noboa ya recibieron una respuesta negativa en el plebiscito que impulsó el presidente Guillermo Lasso en 2023, en el cual fueron rechazadas iniciativas como la extradición de ecuatorianos y el apoyo de los militares a la Policía en la lucha contra el crimen organizado.
Noboa eliminó una pregunta de las que presentó inicialmente, relacionada con el retorno de los casinos de juegos, con lo cual buscaba generar empleo y alegó que tomó la decisión «para que no haya excusa alguna, de ningún grupo político, de decir que ese es el problema».
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, fue una defensora del retorno de los casinos a Ecuador, pues generaría unos 20.000 puestos de trabajo en este país, necesitado de crear puestos.
Por su parte, la ministra de Gobierno Mónica Palencia rechazó los señalamientos respecto a que Noboa buscaba con la consulta posicionar su imagen en busca de una posible reelección en 2025.
«No es un pretexto para legitimarse. No es un proceso fácil comunicar para que todos entiendan, pero es un gran paso en lo político», señaló Palencia en una rueda de prensa.
El tema económico es una de las mayores preocupaciones para los críticos de Noboa, al señalar que el país no está en condiciones de hacer este gasto millonario debido, por un lado, al déficit fiscal que afronta el gobierno, y, por otro, a que esos recursos podrían ser utilizados en el enfrentamiento a los grupos delincuenciales organizados.
El consejero Cabrera, del CNE, señaló que una de las preocupaciones del ente electoral es precisamente el presupuesto para la realización de esta votación
«Tenemos 7 millones de dólares en deudas y tenemos que afrontar un nuevo proceso electoral. Sabemos la condición económica del país, la consideramos, pero también tenemos que cumplir con nuestra obligación y para eso necesitamos recursos económicos», dijo.
El movimiento de la Revolución Ciudadana (izquierda) ha insistido que la consulta «no resuelve nada», ya que la mayoría de preguntas no necesitan tratarse de esa manera, sino que deberían pasar por la Asamblea.
«Se perderá tiempo y dinero», señaló esta bancada en un comunicado.
En un inicio el movimiento opositor Construye (centro derecha) calificó a la iniciativa de consulta popular como «inútil y errática» al considerar que la mayoría de las preguntas previstas podían tramitarse en la Asamblea Nacional (Parlamento). Posteriormente propusieron nuevas preguntas para ser incluidas y actualmente han declarado que apoyarán la consulta y referendo.
«Sobre la Consulta Popular, el movimiento Construye no solo que la ha apoyado, sino que hemos aportado. De 10 preguntas aprobadas, hemos presentado 3. A saber: 1) Extinción de Dominio; 2) Extradición de nacionales; y, 3) Contrato laboral por horas. Sin duda alguna, somos la mejor oposición que puede tener el presidente Daniel Noboa. Propositiva, comprensiva y profesional», señaló el parlamentario Jorge Peñafiel,en su cuenta en la red social X.
En tanto, la presidenta del partido Izquierda Democrática y concejal de Quito, Analía Ledesma, señaló a un medio local que tomarán una decisión sobre la posición que asuman ante la consulta popular en el próximo Consejo Ejecutivo Nacional de esa agrupación política, aunque no especificó cuándo se llevaría a cabo la reunión.
«Puedo asegurar que aquellas preguntas relacionadas con la grave crisis de seguridad tendrán nuestro apoyo siempre que no se sacrifiquen los derechos humanos, ni se exacerbe la violencia», dijo Ledesma al medio local Expreso.
También el Partido Social Cristiano (PSC, centro derecha) se reunirá la próxima semana para definir su postura sobre cada una de las preguntas.
Por el momento existe incertidumbre en la forma en que votarán los ecuatorianos, cansados de ir a las urnas para atender consultas y preocupados por la falta de empleos y la inseguridad en el país, pese al estado de excepción y a las declaraciones del gobierno de que todo va bien en su gestión. (Sputnik)
