Buenos Aires, 23 feb (Sputnik).- La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo de Argentina comenzó a discutir este jueves, en un clima de tensión política, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el presidente Javier Milei presentó en diciembre pasado y que arrastra denuncias de inconstitucionalidad por parte de la oposición.
El documento, que se titula ‘Bases para la reconstrucción de la economía argentina’, fue bautizado popularmente como ‘megadecreto’ porque consta de 366 artículos que desregulan por completo la economía del país sudamericano y reforman el Estado.
Desde que fue presentado, el DNU comenzó a ser impugnado en tribunales, lo que permitió que varios de sus capítulos fueran frenados judicialmente, por ejemplo el relativo a la reforma laboral, la privatización de clubes deportivos y sociales o la derogación de la ley de Tierras.
La sesión de los diputados y senadores de la comisión bicameral que analizará el DNU inició en medio de una fuerte expectativa luego del fracaso de la ‘ley ómnibus’ que no consiguió el respaldo parlamentario que necesitaba.
El DNU y la ‘ley ómnibus’ eran los proyectos centrales de la primera etapa del Gobierno de Milei, ya que en conjunto modificaban por completo el funcionamiento institucional, social, político y económico del país.
Ahora, al presidente ya sólo le queda el DNU, pero no tiene la garantía de que sea apoyado en el Congreso, en parte debido a su creciente hostilidad con los legisladores a los que ha calificado como «nido de ratas», «corruptos», «basura» y «mafiosos», entre otros insultos.
La diferencia es que, mientras no sea rechazado, el ‘megadecreto’ está vigente, así que la principal estrategia del Gobierno es alargar lo más posible el debate en el Congreso.
Incertidumbre
La Comisión Bicameral está conformada por ocho senadores y ocho diputados que, después de analizar el DNU, deben emitir un dictamen a favor o en contra del ambicioso plan presidencial.
Luego, pasará a su debate en sesión plenaria. Para que deje de estar vigente, el ‘megadecreto’ debe ser rechazado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Si uno solo de estos órganos lo avalara, Milei se anotaría su primer triunfo parlamentario.
Sin embargo, ese escenario parece lejano porque, con la experiencia de la ‘ley ómnibus’ a cuestas, el proceso está marcado por una total incertidumbre, en principio, por la forma en que quedó integrada la Comisión.
La bancada opositora Unión por la Patria (UP), que ya anticipó su total rechazo al ‘megadecreto’, tiene seis espacios, en tanto que el oficialismo representado por La Libertad Avanza (LLA) y Propuesta Republicana (PRO), suma cinco.
De esta forma, los votos decisivos en la Bicameral serán los dos que tiene la Unión Cívica Radical (UCR), y los tres de los bloques federales, quienes en conjunto forman parte de la «oposición dialoguista» que ha sido insultada por Milei.
Salvo el senador Juan Carlos Romero, que sí apoyará el DNU, los otros cuatro todavía no se han pronunciado de manera definitiva, así que el destino de la iniciativa está en sus manos.
Durante esta primera jornada de trabajo, la oposición se negó a participar de la votación para elegir a las autoridades de la Comisión e impugnó el nombramiento del senador mileísta Juan Carlos Pagotto como presidente de este decisivo grupo parlamentario.
Denuncias
El problema es que Pagotto fue abogado de represores condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983). Pero, pese a las protestas, fue elegido para presidir la Bicameral.
Las acusaciones fueron una constante en la sesión. La diputada peronista Carolina Gaillard, por ejemplo, advirtió que todo el proceso era irregular porque la Comisión debió haberse conformado hace mes y medio, cuando el mileísta Martín Menem asumió como presidente de la Cámara de Diputados.
Otros legisladores recordaron que, desde entonces, el oficialismo hizo todo lo posible para retrasar el debate por el ‘megadecreto’, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel se aprovechó de su posición como presidenta del Senado para entorpecer el trámite.
«(Villarruel) impidió el funcionamiento de la Comisión como maniobra dilatoria, incumplió los deberes de funcionarios públicos por no convocar a la sesión especial», afirmó Gaillard.
«La Constitución de esta Comisión es un engaño, una falacia, lo que hacen las diferentes fuerzas políticas del oficialismo es dilatar», agregó la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien aprovechó para pedirle al oficialismo que estudie el reglamento porque su falta de preparación legislativa fue uno de los motivos por los que fracasó la ‘ley ómnibus’.
Uno de los más polémicos fue el senador José Mayans, quien criticó al presidente por sus recurrentes insultos contra el Congreso y los gobernadores.
«Es un presidente que realmente tiene una incontinencia verbal a la que no estamos acostumbrados», lamentó. «Tiene sus facultades mentales alteradas», añadió. (Sputnik)
