San Salvador, 22 feb (Prensa Latina) La emisión de una nueva orden de captura contra el político y exembajador de El Salvador en Estados Unidos Rubén Zamora genera hoy incertidumbre sobre la actuación de la justicia en el país.
Pese a pronunciamientos y críticas a una orden anterior que llevó a su anulación, la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, Mirtala Portillo, pidió de nuevo su detención.
Según el primer fallo, Zamora y otros nueve exdiputados ayudaron al Alto Mando de la Fuerza Armada a eludir responsabilidades mediante la aprobación de la Ley de Amnistía de 1993, pese a pruebas existentes que evidencian que el político no votó en ese proceso.
El informe de la jueza indica que las condiciones que fundaron el beneficio de la excarcelación «cambiaron debido a los nuevos aportes de la Fiscalía General de la República (FGR)»
“Libérense los actos de comunicación por medio de la FGR para que, en virtud de la Dirección Funcional que en la actualidad esta tiene, con la Policía Nacional Civil, hagan efectiva la orden de captura aludida”, citó la resolución.
Con anterioridad, el 23 de diciembre de 2023 se concedió excarcelación, a petición de la Fiscalía, a los procesados Luis Roberto Angulo, Raúl Manuel Somoza, Raúl Antonio Peña y Rubén Ignacio Zamora por el delito de encubrimiento personal.
De acuerdo con la resolución, las condiciones que fundaron el beneficio de la excarcelación ha sido alterado o variado con la nueva información que aportó a ese tribunal la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que deja sin efecto dicho beneficio de excarcelación. «En su lugar se restaurará el estatus quo de la detención», citó el documento.
Mientras tanto, grupos defensores de los derechos humanos señalan que el proceso penal contra Zamora es abusivo y una burla a las víctimas de El Mozote, a la vez que solicitan sean retirados los cargos.
Según informes de la época Zamora no votó y se opuso públicamente a la ley, y recuerdan que con anterioridad el político apoyó una Ley de Reconciliación Nacional de 1992 que establecía una amnistía para delitos políticos pero excluía a implicados en graves violaciones de derechos humanos.
La acusación incluye principalmente a quienes formaron parte de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en 1993, cuando se promulgó dicha Ley, quienes, según la jueza, tenían el conocimiento de los crímenes cometidos en El Mozote.
