Buenos Aires, 29 feb (Sputnik).- El presidente de Argentina, Javier Milei, no se anda con chiquitas en su decisión de frenar el gasto público a como dé lugar para alcanzar el equilibrio fiscal.
Los contratiempos parlamentarios o judiciales que frenan sus iniciativas de calado no lo amilanan: al contrario, se siente legitimado para echar un pulso contra quien ose llevarle la contraria.
El mandatario tiene ahora entre ceja y ceja a los gobernadores del país a raíz de un conflicto con la provincia patagónica de Chubut (sur), a la que retuvo, por una deuda, 13.500 millones de pesos (15,2 millones de dólares al cambio oficial) de impuestos coparticipables, que son los fondos provenientes de la recaudación de gravámenes federales que el Estado debe repartir entre las provincias.
Cuando el gobernador chubutense, Ignacio Torres, lo amenazó con interrumpir el suministro de petróleo y gas, Milei difundió y aprobó posteos discriminatorios y ofensivos contra el mandatario, integrante de la alianza opositora Juntos por el Cambio, fundada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), aliado del actual jefe de Estado.
Ante la reconfiguración del nuevo sistema que impulsa Milei en la arena política, el politólogo Federico Zapata, co-director de la agencia de comunicación y asuntos públicos Escenarios, sostiene en una entrevista con la Agencia Sputnik que el presidente argentino ejerce «un liderazgo muy atípico».
«En vez de utilizar los poderes subnacionales para poder construir su poder y crear un orden, está en una especie de cruzada permanente contra cualquier forma de orden, y eso ha puesto a los gobernadores -que tienen una diversidad ideológica y son de signo político muy grande- en la vereda de enfrente, como sus principales adversarios», razona.
Federalismo a prueba
Ante un fallo judicial que el martes instó al Gobierno a dejar de retener los fondos de Chubut, el presidente decidió recurrir a la Corte Suprema a través de un «per saltum» (salto de instancia), herramienta que permite saltarse las instancias intermedias para acudir directamente al máximo tribunal del país.
«Hoy tenemos un presidente que parece no dispuesto a negociar; es un tren a 200 kilómetros contra los gobernadores y ellos están intentado ver cuál es la mejor manera de construir una política ante un proceso tan inédito», explica Zapata.
Para este analista, la política argentina está empantanada por dos lógicas: la de los gobernadores, que buscaban que el mandatario apostara por un esquema más federal en detrimento de la provincia de Buenos Aires (este) y de la capital, las áreas más habitadas del país con el 45 por ciento de la población nacional; y la de Milei, que se siente líder de un proceso revolucionario en el que no escasea el dogmatismo.
«La suya es una cruzada de ideas en la que cualquier forma de oposición o de morigeración (moderación) a sus planes e ideas se transforma en una suerte de hereje, y por lo tanto, tiene muy poca flexibilidad para lidiar con la manera en que los gobernadores pensaban relacionarse con él», deduce el politólogo.
Mientras el gobernador de Chubut daba el conflicto por zanjado, el presidente se despachaba en las redes sociales.
«Estamos frente a uno de los momentos más maravillosos de nuestra historia, donde es posible ver a la casta política revolcarse en la miseria y apelando a todo tipo de mentiras para defender sus privilegios y así cargar los costos de sus delirios sobre los argentinos de bien», afirmó.
Al menos 5 de las 24 jurisdicciones del país (Chaco, en el norte; Chubut, en el sur; La Rioja, en el noroeste; La Pampa, en el centro; y Misiones, en el noreste), han denunciado al Gobierno ante la Corte Suprema, y otros dos distritos, Santiago del Estero (norte) y Río Negro (sur), además de Chubut, también recurrieron a la justicia federal.
También la provincia de Buenos Aires (este) apelará ante el máximo tribunal del país la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, lo que deja al mayor distrito del país sin 873.765 millones de pesos (983.000 dólares) en este 2024.
El poder fiscal
La inflexibilidad del presidente en el ejercicio de su gobierno ha tenido su escarmiento: en los tribunales fue paralizado un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que desregulaba la economía.
En el Congreso fracasó la «ley ómnibus», también conocida como Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que delegaba facultades legislativas en Milei y autorizaba la privatización de empresas públicas.
Pero hay una herramienta con la que sí tiene margen el presidente, y es la fiscal. El Ejecutivo ha comenzado un ajuste sin precedentes en las cuentas públicas nacionales. El ajuste en enero fue de 5 puntos del Producto Interior Bruto (PIB).
Se recortaron las jubilaciones (32,5 por ciento en un año), los programas sociales (59,6 por ciento), las transferencias a las provincias (53,3 por ciento) y a las universidades (16,5 por ciento), los gastos de personal (18 por ciento) y las inversiones de capital, destinados a infraestructura o a transferencias al sector privado (75,6 por ciento).
Sólo aumentó el subsidio al transporte (144 por ciento) y el monto destinado a los intereses de deuda (139,1 por ciento), según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El Gobierno se vanaglorió así de haber logrado superávit financiero por primera vez desde 2012.
Con el país encaminado hacia una recesión que ya se hace sentir, y con los salarios licuados, el presidente se mantiene férreo en su única apuesta: que el ajuste logrará reducir una inflación que en diciembre y en enero llegó a los peores dígitos en 34 años, y que llevó a que el índice de precios al consumidor trepara 254,2 por ciento en los últimos 12 meses.
Legitimado por su victoria en las urnas, el jefe de Estado asume que tiene blindado el apoyo de una porción muy significativa de la población, lo que lo resguarda de un posible juicio político que puedan promover los gobernadores a través de sus diputados y senadores, según Zapata.
«No veo, al menos por el momento, condiciones para que los gobernadores avancen en una agenda de ese tipo. Creo ambos lados buscarán generar un nuevo espacio de diálogo y de gobernabilidad, con eje en el tema fiscal», estimó el experto.
En otra decisión sin precedentes, el presidente inaugurará este viernes las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que brindará por la noche, a contramano de la costumbre que solía pautar la disertación presidencial al mediodía de cada 1 de marzo.
En resumen: un nuevo paradigma político, de la mano del humor social y al vaivén de la evolución de la economía, ha sido inaugurado en Argentina. (Sputnik)
