Estos días, agricultores de toda Europa están cortando las carreteras para protestar, también en Catalunya. Es libertad de expresión. Si alguien comete un delito de orden, será juzgado como tal. En Francia, vimos manifestaciones contra la reforma de la jubilación y eran expresión de la libertad de expresión. Si alguien hacía algún altercado, era juzgado como tal. Pero las manifestaciones catalanas en favor de la independencia de Catalunya son catalogadas de entrada como terroristas porque dicen los jueces que el objetivo político es subvertir el estado. Si alguien hace algún acción considerada ilegal, se arriesga a ser juzgado por terrorismo.
Ahora que el PSOE necesita los 7 votos del partido de Puigdemont para gobernar, han dejado de tildarlos de delincuentes y pactan con ellos como si fueran un partido normal. A los ciudadanos les está costando aceptar que se negocie con «terroristas». El gobierno del PSOE está intentando aprobar una ley de amnistía, que es un reconocimiento implícito que el Estado (tanto el PP como el PSOE) y la judicatura han hecho «lawfare», juego sucio retorciendo las leyes, para acusar a los independentistas de los crímenes más graves. El PSOE intenta vender la amnistía como una manera de poner el contador a cero de los delitos que se cometieron por un lado y otro (falso, porque los únicos delitos vinieron del lado del Estado que prevaricó usando la fuerza represiva) y para conseguir una reconciliación (no queremos reconciliación, sólo que se nos dejen poder decidir nuestro futuro con un referéndum, que ya hicimos y ganamos en 2017 y que ellos reprimieron policialmente). Está claro que, por mucha necesidad que tenga de los votos independentistas, el PSOE no permitiría la ley de amnistía si no fuera consciente de que España actuó fraudulentamente por nacionalismo español.
Para intentar sabotear la ley de amnistía, los jueces Aguirre y García Castellón imputaron a Puigdemont y otros por terrorismo y traición a la patria. Parecía que eran unos jueces que iban por libre e incluso algún miembro del gobierno les señaló por estar haciendo «lawfare». Pero esta semana, el Tribunal Supremo, la más alta instancia jurídica española, experta en terrorismo, ha aceptado juzgar por terrorismo las manifestaciones de 2019. No se espera que nadie del gobierno se atreva ahora a criticar al Tribunal Supremo… Aquellas manifestaciones pacíficas, con algunos disturbios, pero sin heridos ni muertes causadas por los manifestantes (sólo algunos heridos causados por la policía), protestaban contra las condenas de 9 a 13 años de cárcel para los organizadores del referéndum de autodeterminación de Cataluña de 2017.
Es aberrante que la máxima instancia del poder judicial haga política, pero lo grave es que a los ciudadanos españoles no les salte ninguna alarma por esta actuación tendenciosa de los jueces, sino que lo encuentran justificado por todo el «constructo mediático» que se ha creado: Se acepta que es gravísimo que los independentistas catalanes hagan protestas para conseguir la independencia de Catalunya, que rompería España, y encuentran razonable y normal que el estado se defienda vulnerando derechos y acusando al independentismo catalán por supremacismo, racismo, delito de odio, sedición, rebelión, colpismo, traición a la patria y terrorismo.
Cuando había muertos por la lucha armada de ETA, se decía que, en ausencia de violencia, podría hablarse de todo pero no con el chantaje del terrorismo. Las manifestaciones callejeras a favor de la independencia del País Vasco («kale borroka») empezaron a ser juzgadas como «terrorismo» porque la motivación de los disturbios en la calle coincidía con los objetivos políticos de ETA. Y esa doctrina es la que se está utilizando ahora. En ausencia de toda violencia, el movimiento por la independencia de Catalunya es considerado terrorista (se le puede espiar, infiltrar con policías secretos, investigar prospectivamente y perseguir policial y judicialmente) porque su objetivo político es la independencia de Catalunya. Se puede culpabilizar al movimiento, aunque sea pacífico y con planteamientos democráticos desde el inicio (cuando se reclamaba negociar para decidir cómo ejercer el derecho de autodeterminación) hasta el final (cuando se vio que el Estado no quería negociar nada, sino imponer la pertinencia de Catalunya en España, y entonces, en 2017, se organizó un referendo unilateral totalmente pacífico y con metodología democrática).
Y ahora, para defenderse de los ataques por la ley de amnistía, el gobierno ha filtrado a la prensa el borrador del informe de La Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa) sobre la ley de amnistía. El organismo concluye que la ley es perfectamente legal dentro del marco Europeo, propone alguna mejora y deja bien claro que la malversación y el terrorismo pueden ser amnistiados, pero que debe precisarse que lo es específicamente para el uso que se ha hecho de la acusación de «terrorismo» contra el independentismo catalán, para que no parezca que se propone amnistiar el verdadero terrorismo que provoca terror, muertes y heridos. E insiste, porque parece que le preocupa especialmente en el caso español, que los jueces están obligados a cumplir la ley de amnistía que se apruebe y que debe haber cooperación leal entre las instituciones del estado.
Más allá de la ley de amnistía, en el caso Catalunya-España, no habrá salida si la Justicia de la UE no interviene para impedir la represión que lleva practicando España desde hace 300 años. Y la UE también debería obligar a España a aceptar que los catalanes tienen el derecho de poder elegir cómo quieren estar integrados en la UE: anhelamos poder constituir un país donde florezca un estado verdaderamente democrático y sin rémoras fascistas.
(*) Jordi Oriola Folch es ciudadano de Cataluña.
