En la edad media, Cataluña fue una de las grandes naciones europeas, pero a partir de 1714 fue sometida por Castilla (Madrid) y perdió su soberanía. La forma de ser española (vertical, autoritaria, conquistadora y guerrera) es contrapuesta a la catalana (horizontal, pactista, democrática y comerciante), por eso Cataluña ha intentado siempre independizarse, pero España lo ha impedido violentamente.
Desde 1939 hasta 1978, España tuvo una dictadura fascista, que no fue derrotada como en el caso de Alemania e Italia. La transición a la democracia no fue por convicción sino porque el mundo lo exigía y fue muy deficiente. Desde entonces, dos grandes partidos se alternan en el poder, PP de derechas y PSOE de centro. El PP es heredero directo del fascismo y el PSOE es heredero, por ósmosis ambiental, del mismo nacionalismo intolerante.
El intento de independencia en curso es el más potente de la historia porque ahora España no puede plantearse matarnos en el marco institucional de la UE. En 2017 celebramos y ganamos un referendo de autodeterminación. El PP lo combatió utilizando métodos antidemocráticos: jueces, servicios secretos, policías… y después el PSOE está haciendo lo mismo: represión y negación de ninguna opción hacia la libertad para Catalunya.
En la reciente campaña electoral, el PSOE ridiculizaba el independentismo catalán, aseguraba que arrestaría y encerraría en prisión a Carles Puigdemont (el presidente de Catalunya que hizo el referéndum en 2017 y que está exiliado en Bélgica) y negaba la posibilidad de una amnistía para los delincuentes independentistas ni ningún referendo de autodeterminación de Catalunya. El PSOE sacaba pecho exhibiendo el agresivo nacionalismo propio de la identidad española.
Pero el PP y la extrema derecha de VOX ganaron las elecciones del 23 de julio de 2023 sin mayoría absoluta. Entonces el PSOE, viendo que no gobierna en ninguna gran región ni ayuntamiento de España, quiso conseguir el gobierno de España para que su partido tenga viabilidad económica. Y todo ha cambiado. Ya no blasman el independentismo catalán, sino que pactan porque necesitan sus 7 votos para gobernar.
El 7 de marzo se aprobó la ley de amnistía que el PSOE decía que jamás aprobaría. Y la han aprobado con los partidos independentistas catalanes y otros partidos, en total 8 partidos (179 escaños y 12,3 millones de votos). Es un éxito para el independentismo catalán porque ha demostrado que les acusaron falsamente. Nadie hubiera podido aprobar una amnistía para terroristas de verdad. El nacionalismo español, en plena furia, inventó acusaciones contra el independentismo catalán: rebelión, sedición, terrorismo, traición a la patria, delitos de odio, malversación económica,… Pero es todo lo contrario, el independentismo catalán es ejemplar en su planteamiento democrático (no quiere imponer la independencia sino que ha querido realizar siempre un referéndum de autodeterminación) y no es violento (ha hecho movilizaciones masivas y pacíficas). Conscientes de que había habido «lawfare» (guerra sucia judicial), el PSOE ha aceptado ahora una amnistía.
Pero la derecha y la extrema derecha no quieren aceptar la amnistía, porque la viven como una derrota. Siempre se han impuesto por la fuerza y ahora no quieren aceptar la ley aprobada por el parlamento español. Los jueces amenazan con sabotear la ley y no aplicarla. Y es que, no habiendo delitos, se necesita una ley de amnistía porque los jueces aceptan las acusaciones inventadas y condenan a los independentistas para destrozar este movimiento político. Con esa motivación, los jueces buscarán subterfugios para no aplicarla y seguir condenando.
Y todo esto es porque ahora el PSOE necesita los 7 votos independentistas, pero ¿qué hará cuando no los necesite? ¿Qué hará cuando el movimiento independentista catalán, rehecho de este capítulo de represión, vuelva a movilizarse para liberarse de España? Lo sabemos: Tanto PP como PSOE volverán a la represión. Pero de momento el independentismo ha logrado demostrar que no es culpable de ningún delito y que sólo quiere la libertad respecto de un país que no hace más que aumentar las ganas de liberarnos de él.
La UE no puede seguir tolerando estos abusos y tendrá que intervenir tarde o temprano, porque la Justicia Europea está a punto de sacar sentencias contra España (esta inminencia también ha motivado al PSOE a aprobar la amnistía). Para no perder tiempo, ni energías, ni aumentar la crisis institucional española, más valdría que la UE obligara a España a aceptar el resultado del referéndum de 2017 o celebrar uno nuevo en el que los catalanes puedan decidir su futuro libre de imposiciones y autoritarismos.
(*) Jordi Oriola Folch es ciudadano catalán.
Así es. Hay que dejar a la democracia hablar en los referendos.
Es su punto de vista. Pero no habla del terrorismo ni de los saqueos de las arcas pública de Arthur Más y Puigdemont. Y otros allegados a la argolla. Y por supuesto el irresponsable gobierno de Sánchez que hasta con Satanás hace pacto con tal de terminar de destruir el país.