Buenos Aires, 25 mar (Sputnik).- Centenares de miles de personas en Argentina salieron el domingo a las calles para reivindicar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia a 48 años del último golpe de Estado, mientras que el Gobierno que preside Javier Milei aprovechó esta jornada histórica para objetar el consenso social que existe sobre la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
El centro de Buenos Aires se colmó con banderas y pancartas que remarcaban que son 30.000 las personas detenidas desaparecidas por el terrorismo de Estado.
Ese número, construido durante los últimos 40 años de democracia con el sostén de las agrupaciones de derechos humanos, fue objetado por la actual gestión con un vídeo que publicó el mismo domingo.
El corto documental, titulado ‘Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa’, da voz a María Fernanda Viola, cuyo padre militar y su hermana de tres años fueron asesinados por la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, izquierda comunista) en 1974, durante el Gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón (1974-1976).
Según esta mujer, hubo «una guerra» donde cayó «gente inocente de ambos lados».
El material divulgado por la actual gestión también recoge la opinión del experiodista y exespía Juan Bautista ‘Tata’ Yofre, quien señaló que la historia se contó de manera incompleta por un interés pecuniario de las instituciones de derechos humanos; y del exguerrillero Luis Labraña, que se adjudica haber inventado la cifra de 30.000 desaparecidos y que reflota la teoría de los dos demonios, una lectura que equipara los actos de violencia de las guerrillas con los delitos de lesa humanidad de las Fuerzas Armadas.
Estos discursos son sostenidos por el presidente argentino y por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, hija de un militar y fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que busca reparación para los militares y civiles que murieron en los ataques de organizaciones guerrilleras.
«Estamos en la marcha para proteger lo que se consiguió hasta ahora, para profundizar las políticas de memoria, verdad y justicia; y apoyarlas en medio de esta ola negacionista», contó a la Agencia Sputnik la docente de mediana edad llamada Gabriela, que trabaja en un colegio y en una universidad pública de la localidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.
Su compañera Jimena, también profesora en un colegio público de la localidad bonaerense de Tigre, reflexionó sobre los motivos que llevaron hasta la presidencia a un Gobierno que pretende hacer revisionismo sobre los crímenes de lesa humanidad que cometió la dictadura y que niega la cifra de 30.000 desaparecidos.
«Hay un discurso negacionista que fue habilitado a partir de las redes sociales, con el poder que adquirieron las plataformas ante niños y adolescentes que estuvieron muy encerrados durante la pandemia (del covid-19), a lo que se suma la crisis económica y la precariedad laboral de los chicos que recién entran al sistema», planteó.
Gabriela reconoció que desde los sectores progresistas no supieron «gestar una alternativa de transformación que convocase a los jóvenes», y que ese espacio logró ocuparlo la derecha.
Sin embargo, la docente se manifestó esperanzada de que las políticas de memoria, verdad y justicia inculcadas durante estos años permitan preservar la conciencia colectiva sobre lo que fue el terrorismo de Estado.
«Confío en eso porque fueron muchos años de trabajo en las escuelas. Hay que profundizar, darle un nuevo sentido, y hay que poder conectar con los chicos jóvenes», enfatizó.
Historia viva
La emblemática Plaza de Mayo a la que se asoma la Casa Rosada, sede del Ejecutivo nacional, fue el epicentro de una convocatoria encabezada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Estas entidades de derechos humanos buscaron durante décadas a sus hijos detenidos desaparecidos y a unos 500 nietos, bebés que durante la dictadura nacieron en cautiverio y fueron separados de sus madres para ser apropiados por otras familias, muchas militares, que les sustrajeron su identidad.
Ésta es la primera manifestación por el Día de la Memoria desde que Milei asumió la presidencia, pero Rocío y Malena, dos amigas de militancia, han perdido la cuenta del número de marchas a las que han acudido cada 24 de marzo a lo largo de su vida.
«Yo tengo un abuelo desaparecido. Es una marcha a la que vine toda mi vida, pero en ésta es importante estar porque tenemos un presidente y una vicepresidenta que niegan los 30.000 detenidos desaparecidos», razonó Rocío.
Su amiga recuerda que hace una semana, la agrupación de derechos humanos HIJOS, que reúne a los descendientes de los detenidos desaparecidos, denunció un atentado político contra una militante de su espacio, que fue agredida, abusada sexualmente y amenazada de muerte en su propia casa por dos hombres que escribieron en la pared las siglas VLLC (Viva la libertad carajo), consigna que identifica al Gobierno de Milei y a sus partidarios.
«Muchos hoy en día dicen que ese ataque fue mentira, que no pasó, y se repiten los mismos discursos de hace 48 años, por desconocimiento y por no tomar dimensión», cuestionó Malena.
Al intentar entender por qué tantos jóvenes en Argentina inclinaron su voto a favor del líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), esta activista política observó que «que con el tema de la dictadura, muchos no es que estén a favor, sino que no lo pensaron tanto».
Durante la dictadura, «las Madres fueron las únicas que salieron a reclamar, cuando aquí se naturalizaba y nadie decía nada», puntualizó.
Ése es el peligro de que vuelva a pasar algo así, añadió, «por no recordar la historia, por no saber bien qué pasó, y por negarla, principalmente».
La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, reclamó durante el acto central en Plaza de Mayo «una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes de lesa humanidad y a sus víctimas», ante un Gobierno «que pretende restablecer la teoría de los demonios» y «que reivindica el terrorismo de Estado».
Durante la lectura de su discurso, la titular de Abuelas recordó «la enorme deuda» que tiene la democracia argentina: «restituir la identidad de unas 300 personas, la mayoría nacidas en las maternidades clandestinas de la dictadura, que hoy son jóvenes de entre 43 y 49 años».
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, también rechazó «el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado» del Gobierno de Milei, defendió que «30.000 son la afirmación de la identidad de un pueblo que lucha» y exhortó a los militares a que rompan el pacto de silencio que impide conocer muchos de sus crímenes.
A partir de una política de Estado reconocida en todo el mundo, la justicia argentina ha dictado 321 sentencias por crímenes de lesa humanidad desde que en 2006 comenzaran los primeros juicios orales contra los represores de la dictadura, tras la nulidad en 1986 y 1987 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que impedían que fueran juzgados por sus crímenes.
Durante los juicios, que demostraron la existencia de un plan sistemático de exterminio, desaparición y tortura, 1.176 personas fueron condenadas y otras 183 resultaron absueltas, según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
En la actualidad, hay 17 debates orales en curso, y otras 62 causas se encuentran en proceso de ser elevadas a juicio.
La multitudinaria movilización del domingo en la capital argentina tuvo su réplica en las principales ciudades del país con actos de conmemoración, en los que hubo un clamor unánime: «¡30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ¡ahora y siempre!». (Sputnik)
