Quito, 24 mar (Prensa Latina) Usuarios de redes sociales en Ecuador cuestionan hoy la represión militar contra campesinos de Las Pampas y Palo Quemado, comunidades antimineras de la provincia de Cotopaxi, mientras la violencia vuelve a las calles del país.
Hoy, tres camiones de militares, dos camionetas y un helicóptero ¿Para combatir a la delincuencia? No. Para reprimir a comunidades de Cotopaxi ¿Cuáles son los impactos psicológicos de esta militarización?, denunció el Frente nacional Antiminero a través de su red social X.
Ese movimiento también lamentó que, en los últimos días, 72 campesinos de esos territorios han sido denunciados como «terroristas» por parte de la minera canadiense Atico Mining, “en complicidad con el gobierno de Daniel Noboa”, reiteró el Frente.
Mientras tienen lugar esos hechos en las comunidades antimineras, la ola de violencia se acrecienta en esta nación sudamericana.
La madrugada de este domingo, la alcaldesa del municipio San Vicente, de la provincia ecuatoriana de Manabí, Brigitte García, fue asesinada a tiros en medio del estado de excepción vigente en el país.
La joven, de 27 años y miembro del movimiento Revolución Ciudadana (RC), resultó baleada mientras se encontraba en un vehículo junto a su director de comunicación, Jairo Loor, quien también fue asesinado.
Mientras tanto, seis personas fallecieron como resultado de un ataque armado en la provincia de Santa Elena. Medios locales de prensa dieron a conocer que varias personas armadas llegaron en un vehículo hasta el domicilio donde se realizaba una reunión y procedieron a disparar a los presentes. Tras el ataque, el vehículo se dio a la fuga.
¿Y tienes la desfachatez de afirmar, ¡todo está bien! Con mi enorme experiencia, obviamente sé lo que estoy haciendo’? Las muertes violentas han aumentado semana tras semana sin cesar», comentó el excandidato a la Presidencia, Jean Topic, al referirse al mandatario Daniel Noboa.
Actualmente en Ecuador está vigente un estado de excepción y una declaratoria de conflicto armado interno, medidas con las cuales el Ejecutivo asegura que se han reducido las muertes violentas desde el mes de enero.
No obstante, con militares en las calles y con impuestos para financiar la llamada guerra interna contra el crimen organizado, el terror persiste, con secuestros, extorsiones, amenazas de bombas y asesinatos.
