Quito, 28 mar (Sputnik).- El reciente asesinato de Brigitte García, alcaldesa del cantón ecuatoriano de San Vicente (oeste), renovó las críticas hacia el «Plan Fénix», la propuesta electoral del presidente Daniel Noboa para bajar los índices de inseguridad del país, uno de los más violentos de la región.
«No hay un Plan Fénix como tal, básicamente viene a ser la agenda de seguridad que Daniel Noboa presentó durante su plan de gobierno para la campaña electoral, y que son básicamente reformas a la gestión carcelaria, intentos de conseguir nuevos equipamientos para la policía y las Fuerzas Armadas, pero más allá de estas cuestiones, un poquito vagas, no hay detalles precisos», señaló a la Agencia Sputnik el catedrático Leonardo Jaramillo.
Docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Ecuador), Jaramillo considera necesario que la administración Noboa tenga un lineamiento estratégico claro, en términos de qué quiere hacer con su política de seguridad a largo plazo, pues las acciones realizadas hasta ahora desde el Gobierno central están desvinculadas de las autoridades locales, las cuales no reciben pista alguna de los planes de seguridad.
«Simplemente no hay una guía, no hay una hoja de ruta (…) Las alcaldías se quedan sin un norte en el momento en que el Plan Fénix no les hace ninguna clase de referencia. Me parece que las preocupaciones de los gobiernos locales están completamente justificadas», señaló el experto en seguridad y máster en Relaciones Internacionales.
Una consideración similar comparte Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha (norte), quien afirmó en rueda de prensa el pasado 25 de marzo, un día después del asesinato de la alcaldesa más joven del país, que es evidente que «el Plan Fénix no está funcionando».
La también presidenta del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) solicitó al Ejecutivo que se transparente la información sobre su estrategia para garantizar la seguridad, no solamente para los funcionarios públicos, sino para todos los ciudadanos y ciudadanas.
«A diferencia de lo que señala el Gobierno nacional, de que hay disminución (de las muertes violentas) lo que sentimos es que existen más (…) La situación en la que se debaten los gobiernos locales es realmente dramática, cada vez hay menos presencia del Estado, menos presencia del gobierno central», aseguro la Prefecta.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) criticó que la violencia prosiga, el Plan Fénix no funcione, pero el Estado concentra sus tropas en la comunidad de Palo Quemado, provincia de Cotopaxi (norte), para reprimir a los comuneros que rechazan una consulta ambiental impulsada por el Gobierno para dar paso al proyecto extractivista de una empresa minera de Canadá.
El Gobierno afirma que las fuerzas del orden resguardan la seguridad para garantizar el proceso de participación ciudadana de consulta ambiental en Palo Quemado, «garantizando salidas pacíficas al conflicto», mientras la Conaie la considera ilegal porque debe hacerse sobre la base de una ley y un reglamento aún sin elaborar, según ordena la Constitución.
Delincuentes infiltrados
El presidente Noboa afirmó esta semana que la muerte de la alcaldesa García solo demuestra que la lucha contra el crimen organizado en el Ecuador no ha parado y denunció que existe narcoterrorismo dentro de instituciones públicas y en funcionarios públicos.
El mandatario afirmó que las autoridades están «limpiando» las instituciones y que «muy pronto eso saldrá a la luz».
Al respecto, Jaramillo expuso que definitivamente existen redes criminales dentro de las instituciones desde hace años y que es necesario fortalecer los mecanismos de asuntos internos y de transparencia, pero tampoco lo consideró una excusa para que el Gobierno mantenga su secretismo sobre el Plan Fénix.
«No revelar los planes del Gobierno, no compartirlos o no revelarlos y no dejar una política pública clara porque se está haciendo esa limpieza casa adentro, es un error. Son cosas que se pueden hacer en paralelo y son necesarias», resaltó.
Para el analista, el reciente asesinato de la alcaldesa de San Vicente indica que estos grupos todavía tienen bastante fuerza y alcance y que la población no está completamente segura frente a los delitos.
Tras el crimen, el presidente Noboa supervisó en el sector de Socio Vivienda, uno de los suburbios más violentos de Guayaquil, un megaoperativo antidelincuencial en el que fueron capturados 17 presuntos antisociales considerados «terroristas» y decomisados 52 kilos de droga.
El mandatario acudió al operativo con un casco y un chaleco antibalas, lo cual fue interpretado como un intento por salir al paso a las críticas respecto a la eficacia del Plan Fénix.
De acuerdo con cifras actualizadas sobre el avance de dicho plan, del 9 de enero al 16 de marzo se reportan 13.854 detenidos, de ellos 280 por terrorismo, mientras fueron abatidos otros 15 presuntos «terroristas».
Además, se realizaron en este periodo 207 operaciones contra grupos terroristas y se registró la muerte de 3 policías en el cumplimiento del deber, según estadísticas oficiales.
En tanto, el Gobierno sigue sin ubicar a Adolfo «Fito» Macías Villamar, líder de la banda Los Choneros y vinculado a un cártel de la droga en México, quien escapó de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil (sureste), donde cumplía 34 años por delincuencia organizada, tráfico de drogas y asesinato.
Tampoco existe certeza del paradero de Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, considerado uno de los cabecillas de la banda Los Lobos.
La muertes bajan, los secuestros suben
Según cifras gubernamentales, Ecuador pasó de tener 27 homicidios al día a 11, tras la aplicación del estado de excepción y toque de queda, renovados hasta el 8 de abril próximo.
Sin embargo, se registra un repunte de las extorsiones y los secuestros, los cuales suman entre enero y marzo de 2024 un total de 1.543, frente a los 787 reportados en el mismo periodo del año pasado.
En Guayaquil, una de las ciudades más peligrosas del país, las denuncias de secuestros se han quintuplicado, y las estadísticas oficiales indican que entre enero y de marzo de 2023 la cifra de secuestros y extorsiones fue de 120, frente a 618 en igual lapso de 2024.
Jaramillo expuso que, si bien ha habido una reducción en temas de muertes violentas y un debilitamiento de las bandas criminales, esto podría deberse a las fuertes políticas implementadas por el gobierno, como el estado de excepción y los toques de queda, que a lo largo del tiempo van a terminar desgastándose.
«No podemos hablar de que haya habido una victoria estratégica más allá de la reducción de ciertos actos de violencia, tenemos que esperar resultados a largo plazo, la prueba real es cuando el estado de excepción se levante», aseguró.
Agregó que el aumento de las extorsiones, secuestros y otros delitos dan cuenta del verdadero propósito de la criminalidad en el Ecuador, que no es controlar al Estado, sino hacer dinero.
Según las autoridades policiales, en Ecuador los delincuentes que secuestran o extorsionan exigen a cambio sumas que van entre 2.000 y 200.000 dólares por víctima.
El experto expuso que en el tema de seguridad los resultados a corto plazo pueden ser engañosos, al tiempo que una política de seguridad exitosa probablemente no tenga resultados tangibles en los primeros meses.
Por ello considera que Ecuador necesita una «política sostenida, transparente y visible a largo plazo», que permita a la ciudadanía saber qué se está haciendo y no se mantenga un secretismo sobre la estrategia de seguridad del Estado, como se ha hecho con el Plan Fénix. (Sputnik)
