Ciudad de Guatemala, 8 abr (Sputnik).- El Gobierno de Guatemala inició este lunes una nueva acción contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por falta de «honorabilidad» y «de compromiso en la lucha contra la corrupción», afirmó este lunes el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero.
«He presentado hoy ante la Corte de Constitucionalidad una opinión consultiva respecto a la honorabilidad de la fiscal general. (…) Para el Gobierno de Guatemala, la fiscal general no está comprometida en la lucha contra la corrupción, es por ello que (…) continuamos haciendo uso de los mecanismos legales y políticos adecuados para su sustitución tal como lo demanda el pueblo», afirmó el secretario general de la Presidencia a periodistas en la sede del máximo tribunal del país.
La honorabilidad es uno de los requisitos de la carta magna para que una persona sea elegida como fiscal general.
Guerrero agregó que el Gobierno le consulta al máximo tribunal del país si el requisito de reconocida honorabilidad debe ser cumplido únicamente al momento de optar al cargo público o debe mantener su vigencia durante el ejercicio de la función pública.
Le pregunta también si puede constituir causa justificada para la revocatoria del nombramiento del fiscal general y jefe del MP «la pérdida del requisito constitucional de honorabilidad exigido en el artículo 251 de la Constitución de la República».
«Buscamos que nos libere el paso para que el presidente de la República, al establecer las causales, pueda removerla del cargo», afirmó Guerrero.
El funcionario subrayó que Porras también «consintió un intento de ruptura del orden constitucional y del régimen político electoral de Guatemala», en alusión a los esfuerzos desde el órgano judicial por anular los resultados de las elecciones del año pasado, ganadas por el presidente Bernardo Arévalo.
El 29 de febrero, Guerrero también presentó una solicitud a la Corte de Constitucionalidad para despojar de la inmunidad a la jefa del MP con el objetivo de que sea sometida a juicio por el delito de incumplimiento de deberes al negarse a asistir a una reunión con el Gobierno.
Guerrero añadió que la Corte aún no se ha pronunciado sobre esta demanda y aclaró que en cuanto a la presentada este lunes, tiene un plazo de 60 días para responder.
El conflicto entre Arévalo y Porras se desató desde finales de septiembre pasado, cuando la jefa del MP emprendió acciones para impedir la toma de posesión del entonces presidente electo, por lo cual la acusó de promover un golpe de Estado para romper el orden constitucional de Guatemala. (Sputnik)
