Santiago, 29 abr (Xinhua) — Ignorar el problema del hambre y malnutrición en América Latina y el Caribe puede acarrear costos más altos que garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a una mejor nutrición, en una región golpeada por la pobreza, la crisis económica y los desastres naturales, advirtió un informe elaborado por organismos internacionales.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), lanzaron este lunes el documento «Financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe».
En la conferencia, el subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin, expresó la importancia de «alinear las políticas sociales, económicas y comerciales y los objetivos de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe».
«Es inaceptable perpetuar los ciclos de pobreza intergeneracional y el hambre. Si no cambiamos esta tendencia, las cifras solo seguirán aumentando», afirmó.
De acuerdo con el informe, los países de América y el Caribe poseen la dieta saludable más cara del mundo, y el gasto en alimentos asciende al 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional, pese a que el continente produce suficientes alimentos para toda su población.
«La falta de ingresos para acceder a una dieta saludable y nutritiva está entre las principales causas del hambre y la inseguridad alimentaria en la región», donde conviven la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y la malnutrición, señaló la directora regional de WFP para América Latina y el Caribe, Lola Castro.
El texto, presentado de manera híbrida en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, calculó que el gasto por la inacción ante el impacto del hambre y la malnutrición entre los gobiernos de la región representa en promedio un 6,4 por ciento del PIB de los países analizados.
Mientras que el costo promedio de trabajar para cerrar la brecha de ingresos con transferencias para mejorar el acceso de la población a dietas saludables es de 1,5 por ciento del PIB.
El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, explicó en su intervención que la incidencia de la pobreza extrema en Latinoamérica y el Caribe fue de 11,4 por ciento en 2023, con un número mayor entre las mujeres, la población indígena y los habitantes de zonas rurales, donde, paradójicamente, se desarrolla gran parte de la actividad agrícola.
«Esto significa que más de 70 millones de personas de la región no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos», sostuvo la autoridad.
Por ello, añadió el secretario ejecutivo, es imperativo fomentar políticas públicas inclusivas y promover una mejor focalización del gasto público, capaz de impactar directamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
«En la actualidad, más de la mitad del total de las transferencias monetarias en América Latina y el Caribe se destina a hogares con ingresos per cápita superiores a la línea de pobreza», advirtió.
En el lanzamiento se destacó la importancia de invertir en la agricultura y adoptar otras medidas para reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición, dado que el problema principal no proviene de la escasez de alimentos, sino de la falta de acceso físico y económico.
Por su parte, el director general del IICA, Manuel Otero, subrayó que la tarea por delante es que los países puedan analizar su realidad para poner en marcha planes y programas integrales para la mejora de los sistemas alimentarios.
En la publicación se plasmaron recomendaciones para el financiamiento de la seguridad alimentaria y la nutrición, en relación con el PIB regional, atendiendo al financiamiento de consumo y la producción de alimentos; el gasto público relacionado con gastos agropecuarios y de protección social; los flujos internacionales de desarrollo, y el financiamiento proveniente del sistema bancario y los mercados de capitales.
Al mismo tiempo, se remarcó la necesidad de estimar los costos asociados a la implementación de políticas, programas e intervenciones como elemento previo al análisis del financiamiento de la seguridad alimentaria y la nutrición.
Se abordó asimismo el acceso a alimentos nutritivos, las preferencias de los consumidores y las regulaciones sobre etiquetado frontal nutricional de alimentos, así como el apoyo a la agricultura familiar mediante sistemas de compras públicas pueden contribuir a fortalecer los sistemas agroalimentarios y el acceso equitativo a dietas saludables.
