Bogotá, 2 may (Prensa Latina) La bancada de congresistas de la Cámara de Representantes del Pacto Histórico en Colombia exigió hoy la liberación de funcionarios secuestrados en el departamento del Cauca (suroeste) por el Estado Mayor Central desde el 19 de abril.
Los legisladores rechazaron enfáticamente la retención de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial (CTI), adscritos a la Unidad de Justicia y Paz, Bethy Mage, Gerzón Rivera y de María Ruiz, perpetrada por unidades del EMC, disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
En su comunicado, los representantes exigieron a sus captores la liberación inmediata, unilateral e incondicional de los secuestrados que, añadieron, constituye una situación de flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
No es adecuado pensar que actos que significan una grave violación del DIH, como el secuestro de civiles, sean útiles para abrir caminos de diálogo o de nuevos espacios de negociación política, señaló el texto firmado por 17 congresistas.
Por otra parte, solicitó al gobierno nacional facilitar las garantías para la liberación humanitaria de los servidores judiciales.
Nos une la esperanza que el camino de las soluciones a los grandes desafíos del Cauca, y de manera particular de la grave crisis de la violencia armada, esté sustentado en una fuerte y consistente estrategia de construcción de paz territorial, que esté cargada de acuerdos incluyentes en los temas del desarrollo, la inversión pública, la cultura, las artes, la transformación de los territorios, concluyó la comunicación.
El pasado 20 de abril, el EMC confirmó que los funcionarios que hoy permanecen retenidos fueron interceptados por el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental.
En un comunicado divulgado en ese entonces, el grupo armado alegó que “la ruptura del cese al fuego pone en riesgo a militares, policías y demás funcionarios del Estado”, en referencia a la reanudación de las hostilidades con el Ejército desde el pasado 20 de marzo en Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
Posteriormente, el 29 de marzo, el EMC emitió otra comunicación donde refirió que los funcionarios secuestrados estaban bien, al tiempo que comunicó al Gobierno que, de mantener su pretensión de rescate militar, sería responsable de la integridad y la vida de las personas retenidas.
