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Declaración de San José de Costa Rica sobre el Derecho Humano a la Paz

Fuente: DOCUMENTO  |  2012-02-16

Reunidos el 13 de febrero de 2012 en San José de Costa Rica representantes de la sociedad civil (Aula Interamericana del Instituto Interamericano de Derechos Humanos) para celebrar el Simposio de la sociedad civil sobre el Derecho Humano a la Paz, en el marco de las Jornadas sobre el derecho humano a la paz y América Latina organizadas por  la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) y el Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz (OIDHP), con el patrocinio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (FAPPH) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;

Recordando las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, entre otras, la resolución 2625 (XXV) del 24 de octubre de 1970 sobre las relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados; la resolución 3314 (XXIX) de 14 de diciembre de 1974 sobre la definición de la agresión; la resolución 3348 (XXIX) de 17 de diciembre de 1974, por la que hace suya la «Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición»; la resolución 3384 (XXX) de 10 de noviembre de 1975, titulada «Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad»; la resolución 33/73 de 15 de diciembre de 1978, titulada «Declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz»; la resolución 39/11 de 12 de noviembre de 1984, titulada «Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz»; la resolución 53/243 de 13 de septiembre de 1999, titulada «Declaración y programa de acción sobre una cultura de paz»; la resolución 55/2 de 5 de septiembre de 2000, titulada «Declaración del Milenio», reiterada en la resolución 60/1 de 15 de septiembre de 2005, titulada «Documento Final de la Cumbre Mundial 2005»; y la resolución 55/282 de 7 de septiembre de 2001, por la que se invita a observar el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre de cada año;

Recordando igualmente que Costa Rica fue sede del primer tribunal permanente internacional, la Corte de Justicia Centroamericana (1907-1917), mostrando así su compromiso irrestricto con el derecho internacional;

Recordando igualmente que en la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, celebrada en Buenos Aires en 1936, los Estados se comprometieron a establecer un procedimiento de colaboración pacifista en caso de producirse una guerra, o un estado virtual de guerra entre países americanos. Además, los Estados declararon inadmisible la intervención de cualquiera de ellos, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado;

Recordando también que en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada en Chapultepec (México) en marzo de 1945, se establecieron las bases que darían lugar a la posterior reorganización del sistema Interamericano;

Recordando igualmente la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente celebrada en Río de Janeiro en 1947, que adoptó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), por el que los Estados condenan formalmente la guerra y se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o del citado Tratado (artículo 1).

Recordando también la Conferencia Panamericana celebrada en Bogotá en 1948 que dio origen a la Organización de los Estados Americanos y se aprobaron varios instrumentos regionales de derecho internacional para promover, desarrollar y afianzar la paz y la seguridad en el Continente, tales como la Carta de la OEA, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Teniendo presente que la Carta de la OEA destaca entre sus propósitos esenciales el afianzamiento de la paz y la seguridad del Continente (art. 2); afirma que los principios de la justicia y la seguridad sociales son base de una paz duradera; que la educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz (art. 3); y que los Estados se comprometen a aunar esfuerzos a favor de la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad (art. 30).

Considerando que en 1968 se firmó en México el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (más conocido como Tratado de Tlatelolco), mediante el cual se establece la desnuclearización permanente del territorio de América Latina y el Caribe.

Encomiando que Costa Rica haya abolido el ejército en 1948 y su pueblo sea pacífico y pacifista, amante de la paz; 

Recordando que fue en San José donde se firmo en 1969 la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, principal texto del sistema interamericano de protección de los derechos humanos;

Teniendo presente que el artículo 13 (derecho a la educación) del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador de 17 de noviembre de 1988) establece que los Estados convienen en que “la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz"; y que "la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz". 

Considerando la Declaración de Lima de 24 de noviembre de 2001, que reafirmó la voluntad de la Comunidad Iberoamericana de construir unidos un futuro de paz, de mayor bienestar e igualdad social para todas nuestras naciones en el marco del desarrollo sostenible;

Teniendo presente la Declaración de Montevideo de 5 de noviembre de 2006, que reafirmó la adhesión de la Comunidad Iberoamericana a los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, a la vigencia plena de la democracia, al respeto a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, al respeto y promoción de los derechos humanos, al fortalecimiento del multilateralismo y del respeto a los principios del derecho internacional, a la solución pacífica de las controversias, al rechazo del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza en el ámbito internacional y al rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional;

Teniendo presente que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica reconoció que "existe una base común.... en el sentido de reconocer la existencia de la paz como uno de los valores constitucionales que informan nuestro ordenamiento" (sentencia 9992-04); y que "todos los ciudadanos/as son titulares del derecho a la paz a pesar de que la Constitución no ha incluido específicamente este derecho" (sentencia 14193-08 sobre la fabricación de combustible nuclear);

Reconociendo la importante contribución que la sociedad civil española realiza desde 2005 al debate mundial sobre la definición de la paz como derecho humano emergente;

Encomiando el papel pionero de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), cristalizado en la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, aprobada el 30 de octubre de 2006 por un Comité de 15 personas expertas e independientes;

Celebrando la Campaña mundial a favor del derecho humano a la paz conducida con éxito por la AEDIDH (2007-2011), por medio de la cual la Declaración de Luarca ha sido compartida y debatida por personas expertas e independientes en veinte reuniones celebradas en las cinco regiones del mundo;

Acogiendo con agrado la campaña de sensibilización que ha desarrollado la AEDIDH desde 2007 ante el Consejo de Derechos Humanos y otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas a favor del derecho humano a la paz; reconociendo en particular la importancia de las 21 declaraciones conjuntas, escritas y orales, sobre aspectos concretos del contenido del derecho humano a la paz, que han sido suscritas por más de 1.790 OSC de todo el mundo, y que forman parte de los documentos oficiales del Consejo de Derechos Humanos y de su Comité Asesor;

Felicitando a la AEDIDH por haber auspiciado la constitución en Ginebra (noviembre de 2007) del Grupo de Estados Amigos del proceso de codificación del derecho humano a la paz y felicitando a los 22 Estados miembros de la Cumbre Iberoamericana que ya forman parte del citado Grupo;

Encomiando a la AEDIDH por haber convocado el 21 de septiembre de 2008, con ocasión del Día Internacional de la Paz, a todos los actores internacionales y personas de buena voluntad a adherirse a la Alianza Mundial a favor del proceso de codificación del derecho humano a la paz;

Celebrando que la AEDIDH y otras OSC hayan organizado 19 reuniones de personas expertas de la sociedad civil sobre el derecho humano a la paz en los siguientes países de América Latina y el Caribe: México (Morelia, mayo  2007 y agosto de 2009; Monterrey, noviembre de 2007; México DF, diciembre de 2007, mayo julio de 2009; Veracruz, julio de 2011); Colombia (Bogotá, marzo y mayo de 2007); Venezuela (Caracas, abril de 2007 y noviembre de 2010); República Dominicana (Sto. Domingo, abril de 2007); Uruguay (Montevideo, septiembre de 2008 y agosto de 2010); Argentina (La Plata, noviembre de 2008; Buenos Aires, noviembre de 2008 y agosto de 2010); Cuba (La Habana, enero de 2010); y Jamaica (Kingston, mayo de 2011);

Celebrando las aportaciones regionales internacionales a la Declaración de Luarca que se recogen en las Declaraciones sobre el derecho humano a la paz aprobadas por personas expertas de la sociedad civil en La Plata (Argentina), el 5 de noviembre de 2008; Yaoundé (Camerún), el 2 de febrero de 2009; Johannesburgo (Sudáfrica), el 17 de abril de 2009; Bangkok (Tailandia), el 24 de abril de 2009; Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), el 30 de octubre de 2009; Alejandría (Egipto), el 7 de diciembre de 2009; y La Habana (Cuba), el 6 de enero de 2010; 

Encomiando la Declaración de Bilbao sobre el Derecho Humano a la Paz aprobada el 24 de febrero de 2010 por un Comité técnico de redacción compuesto de 14 personas expertas españolas, por la que se revisó la Declaración de Luarca incorporando aportaciones procedentes de las sensibilidades culturales de todas las regiones del mundo1;

Encomiando a la AEDIDH por haber organizado en el Parlamento de Cataluña, junto al Instituto Catalán Internacional para la Paz y UNESCO Etxea, la reunión del Comité Internacional de Redacción (diez personas expertas procedentes de las cinco regiones del mundo), que revisó la Declaración de Bilbao y aprobó el 2 de junio de 2010 la Declaración de Barcelona sobre el Derecho Humano a la Paz, con la que se legitimó internacionalmente el proceso de codificación privada hasta entonces representada por las Declaraciones de Luarca y de Bilbao;

Celebrando la resolución 406/VIII del Parlamento de Cataluña, aprobada por la Comisión de Cooperación y Solidaridad el 26 de febrero de 2009; la Declaración Institucional del Pleno de la Junta General del Principado de Asturias 13/VII, de 9 de octubre de 2009; el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos de 10 de julio de 2009; el Acuerdo del Pleno del Cabildo de Gran Canaria, de 26 de marzo de 2010; las Declaraciones de los Ayuntamientos de Telde y Santa Lucía, de abril y mayo de 2010; la Declaración de Lanzarote sobre el Derecho Humano a la Paz, de 29 de octubre de 2010; la Declaración de los municipios vascos reunidos en Berriz, de 12 de noviembre de 2010; y la Declaración sobre el Derecho Humano a la Paz del Ayuntamiento de Gijón, de 21 de diciembre de 2010; por las que estas instituciones manifiestan su adhesión --por consenso de todas las fuerzas políticas en ellas representadas--, al texto de la Declaración de Luarca de 2006 y solicitaron al Gobierno de España que apoye en la esfera internacional el proceso de codificación del derecho humano a la paz;

Celebrando que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos haya organizado en Ginebra, los días 15 y 16 de diciembre de 2009, el taller de personas expertas sobre el derecho de los pueblos a la paz, así como su principal recomendación dirigida al Consejo de Derechos Humanos de que estableciera un grupo de trabajo que iniciara la codificación oficial del derecho humano a la paz en el seno de las Naciones Unidas2;

Celebrando también que el Consejo de Derechos Humanos haya adoptado la resolución 14/3, de 17 de junio de 2010, en la que reconoció explícitamente la "... importante labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil para promover el derecho de los pueblos a la paz y para codificar ese derecho"; por lo que “apoya la necesidad de continuar promoviendo la efectividad del derecho de los pueblos a la paz”; y a esos efectos “pide al Comité Asesor que, en consulta con los Estados Miembros, la sociedad civil, el mundo académico y todos los interesados pertinentes, prepare un proyecto de declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz e informe de los progresos realizados al respecto al Consejo en su 17.º período de sesiones»;

Celebrando igualmente la recomendación 5/2 del Comité Asesor, de 6 de agosto de 2010, por la que estableció un grupo de redacción de cuatro miembros que presentó en enero de 2011 un informe de progreso relativo a sus trabajos de redacción de la declaración sobre el  derecho de los pueblos a la paz;

Celebrando la Declaración de la Asamblea de Defensores del Pueblo de la República Argentina, de 11 de agosto de 2010, por la que se adhirió a la Alianza mundial a favor del derecho humano a la paz;  instó a otras Asociaciones similares del Continente a mostrar su solidaridad y adhesión a tan valiosa y necesaria iniciativa de la sociedad civil internacional; y pidió al Gobierno argentino que se incorporase al Grupo de Estados Amigos a favor del proceso de codificación;

Celebrando igualmente la Declaración de Morphou sobre el Derecho Humano a la Paz, aprobada el 7 de octubre de 2010 por la Asamblea de la Asociación Internacional de Ciudades Mensajeras de la Paz reunida en Limassol (Chipre), en la que se manifestó total apoyo a las Declaraciones de Luarca, Bilbao y Barcelona sobre el Derecho Humano a la Paz; pidió a todos los actores internacionales que se adhirieran a la Alianza Mundial a favor del derecho humano a la paz; e invitó a todas las Ciudades miembros a enviar representantes al Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz, que se celebró en Santiago de Compostela los días 9 y 10 de diciembre de 2010;

Celebrando también la Declaración de Caracas sobre el Derecho Humano a la Paz, de 18 de noviembre de 2010, por la que numerosas Universidades y organizaciones de la sociedad civil venezolanas felicitaron a la AEDIDH y a las 800 OSC asociadas por su Campaña Mundial a favor del derecho humano a la paz; declararon a la R. B. de Venezuela como Zona Internacional para la Cultura de Paz y Derechos Humanos; e instaron al Gobierno de la R. B. de Venezuela a apoyar resueltamente la codificación oficial del derecho a la paz que se ha iniciado en las Naciones Unidas;

Encomiando a la AEDIDH y OSC asociadas por haber presentado la Declaración de Barcelona al Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz, que tuvo lugar los días 9-10 de diciembre de 2010 en Santiago de Compostela (España), con ocasión del Foro Social Mundial sobre la Educación para la Paz (“Foro 2010”); Congreso de la sociedad civil internacional que aprobó el 10 de diciembre de 2010 la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz, así como los Estatutos del Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz, que se ha constituido en el seno de la AEDIDH para asegurar la promoción e implementación de la Declaración de Santiago;

Notando que la Declaración de Santiago fue presentada por la AEDIDH y las OSC asociadas en enero de 2011 a la consideración del Comité Asesor y en marzo de 2011 ante el Consejo de Derechos Humanos, con la intención de instar a los Estados miembros a proseguir el proceso de codificación oficial del derecho humano a la paz, iniciado el 17 de junio de 2010 con la ya citada resolución 14/3;

Celebrando también la recomendación 6/3 del Comité Asesor, de 21 de enero de 2011, por la cual tomó nota del informe de progreso del grupo de redacción sobre el derecho a la paz; amplió a seis los miembros del grupo de redacción; le pidió que preparase un cuestionario para ser distribuido a todos los actores interesados; y que, a la luz de los comentarios recibidos, elaborase un proyecto de declaración que el Comité Asesor estudiará en febrero de 2012;

Teniendo en cuenta que el Comité Asesor tuvo ante sí en su 7º período de sesiones (agosto 2011) el primer proyecto de Declaración sobre el derecho de pueblos a la paz preparado por el grupo de redacción (A/HRC/AC/7/3). En el párrafo 6 del informe se indica que el proyecto de declaración se refiere al derecho de los pueblos a la paz, pero posteriormente utiliza la expresión "derecho humano a la paz", al considerarla más apropiada.

Celebrando que el informe de progreso preparado por el grupo de redacción también haya reconocido la importante contribución de la sociedad civil al proceso de codificación del derecho humano a la paz en las Naciones Unidas, rindiendo homenaje a la Campaña Mundial a favor del derecho humano a la paz liderada por la AEDIDH con el apoyo de más de 1.790 OSC;

Teniendo en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos (resolución 17/16, de 17 de junio de 2011) reiteró su pedido al Comité Asesor, de modo que éste deberá terminar en febrero de 2012 el proyecto de Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz y someterlo a la consideración del Consejo de Derechos Humanos durante su vigésimo período de sesiones (junio de 2012);

Celebrando la proposición no de ley de apoyo al derecho humano a la paz, aprobada por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España el 14 de septiembre de 2011, por la que se insta al Gobierno a apoyar el proceso de codificación oficial del derecho a la paz en las Naciones Unidas, con el fin de que se incluya el derecho de las personas, grupos y pueblos a la paz; a incorporarse al Grupo de Estados Amigos a favor del proceso de codificación; y a dar traslado de la proposición no de ley a todas las instituciones y organizaciones internacionales de las que España es Estado parte;

Encomiando a la Fundación Paz sin Fronteras y la AEDIDH por haber apadrinado el 21 de septiembre de 2011 una campaña de recogida de firmas en apoyo a la Alianza Mundial a favor del proceso de codificación del derecho humano a la paz, que en su día serán trasladadas al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas;

Considerando que el 21 de septiembre de 2011 Costa Rica y España, en coordinación con la AEDIDH, la Fundación Paz sin Fronteras y la Unidad de relaciones con las ONG de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra celebraron el Día Internacional de la Paz en el Palacio de las Naciones coincidiendo con el 30º aniversario de la adopción de la resolución 36/67 (1981) y el 10º aniversario de la resolución 55/282 (2001) sobre el Día Internacional de la Paz, ambas patrocinadas en su día por Costa Rica y aprobadas posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Encomiando que Costa Rica y España anunciaran el 21 de septiembre de 2011 su incorporación al Grupo de Estados Amigos del proceso de codificación del derecho humano a la paz;

Celebrando que el 29 de octubre de 2011, a iniciativa de Costa Rica, la XXI Cumbre Iberoamericana celebrada en Asunción (Paraguay) aprobó un Comunicado especial sobre el derecho a la paz que recuerda el fundamento de ese derecho en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por los Estados miembros de la Comunidad Iberoamericana; reafirma el compromiso de los 22 Estados miembros en adherirse a la vigencia plena de la democracia, el respeto a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados; el respeto y promoción de los derechos humanos, el fortalecimiento del multilateralismo y del respeto a los principios del derecho internacional; la solución pacífica de controversias, el rechazo del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza en el ámbito internacional, y el rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional; e instó a los 22 Estados miembros a apoyar el proceso de codificación del derecho a la paz que se ha iniciado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dando así paso a su desarrollo progresivo, reconociendo los importantes aportes de la sociedad y especialmente de las organizaciones de la sociedad civil para promover el derecho  a la paz;

Acogiendo con satisfacción el dictamen de la Federación Japonesa de Colegios de Abogados de 15 de noviembre de 2011 relativo a la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, por el cual los 52 Colegios de Abogados del país consideraron que una Declaración sobre el derecho de los pueblos y los individuos a la paz debe incluir la prohibición de la discriminación por razón de la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, nacionalidad, origen étnico o social, nacimiento o cualquier otra; que tal Declaración debe ser consistente con las normas de derechos humanos universalmente reconocidos; no debe ser interpretada con la finalidad de restringir el ejercicio de cualquier derecho humano reconocido en situaciones de emergencia pública; y que todos los Estados deben tomar las medidas necesarias para asegurar la justiciabilidad del derecho a la paz;

Celebrando la Declaración de Nagoya sobre el Derecho Humano a la Paz, adoptada por la sociedad civil  el 3 de diciembre de 2011; y la Declaración de Tokio sobre el Derecho Humano a la Paz, también adoptada por la sociedad civil el 10 de diciembre de 2011; 

Teniendo presente que el Comité Asesor tendrá ante sí en su 8º período de sesiones (20-24 de febrero de 2012) el segundo proyecto de Declaración sobre el derecho de a la paz preparado por el grupo de redacción (A/HRC/AC/8/2). En el párrafo 6 del informe se indica que el proyecto de declaración se refiere al "derecho a la paz", al considerar esta expresión más apropiada por incluir “tanto la dimensión individual como la colectiva”;

Teniendo presente también que el Consejo de Derechos Humanos tendrá ante sí en su 20º período de sesiones (junio de 2012) el proyecto de declaración sobre el derecho a la paz definitivamente aprobado por el Comité Asesor.

Decidimos:

1. Felicitar a la AEDIDH, al OIDHP y a las 1.790 organizaciones de la sociedad civil asociadas por su exitosa Campaña mundial a favor del derecho humano a la paz, cuyos hitos más sobresalientes han sido la Declaración de Luarca de 30 de octubre de 2006, la Declaración de Bilbao de 24 de febrero de 2010, la Declaración de Barcelona de 2 de junio de 2010 y la Declaración de Santiago de 10 de diciembre de 2010.

2. Invitar a las instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y personas de buena voluntad a continuar adhiriéndose a la Alianza Mundial a favor del derecho humano a la paz (www.aedidh.org ), mostrando así su solidaridad y adhesión a tan valiosa y necesaria iniciativa legislativa internacional conducida por la sociedad civil española.

3. Instar a Costa Rica y a los demás Estados de América Latina y el Caribe a:

a) Incrementar ante los órganos competentes de las Naciones Unidas su apoyo a las iniciativas de la sociedad civil internacional a favor de la codificación en curso del derecho humano a la paz.

b) Instar al Comité Asesor a que en sus trabajos de codificación tenga debidamente en cuenta la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz aprobada por la sociedad civil el 10 de diciembre de 2010, de modo que su proyecto de Declaración incluya el derecho de las personas, los grupos, las minorías, los pueblos y la humanidad a la paz; determine las obligaciones que deberán asumir todos los actores internacionales en la realización de ese derecho; y proponga que la Asamblea General establezca un grupo de trabajo sobre el derecho humano a la paz que deberá supervisar la aplicación de la futura Declaración.

c) Pedir al Consejo de Derechos Humanos que en junio de 2012 establezca un grupo de trabajo de composición abierta que continúe el proceso de codificación en curso del derecho a la paz en estrecha colaboración con la sociedad civil.

d) Solicitar al Consejo de Derechos Humanos que termine cuanto antes sus trabajos de codificación, a fin de transmitir a la Asamblea General un proyecto que ésta pueda proclamar como Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz no más tarde de 2015.

4. Invitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica a manifestarse a favor de la codificación internacional del derecho humano a la paz; desarrollar legislativamente el valor constitucional de la paz, de modo que ese derecho pueda ser plenamente invocado por las personas interesadas ante los tribunales de justicia; y solicitar a la Defensora de los Habitantes que tal derecho sea plenamente incorporado a su área de actividades.

5. Invitar tanto al Instituto Interamericano de Derechos Humanos como a la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, así como a otros centros universitarios latinoamericanos, a incorporar en sus respectivos curriculums la enseñanza, capacitación e investigación sobre el derecho humano a la paz, a la luz de la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz de 10 de diciembre de 2010 y de sus trabajos preparatorios, que pueden ser consultados en www.aedidh.org

5. Dar traslado de esta Declaración a todos los Gobiernos e instituciones públicas arriba mencionadas, así como al Secretario General de las Naciones Unidas, al Secretario General de la Organización de Estados Americanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instando a ambas Organizaciones a contribuir activamente al proceso de codificación internacional y desarrollo progresivo del derecho humano a la paz, en el marco de los propósitos y principios de sus respectivas Cartas fundacionales.

San José de Costa Rica, 13 de febrero de 2012. 

Comentarios

  • carlos villán durán, presidente de la AEDIDH2012-07-20 La Declaración de San José surtió efectos muy positivos. El pasado 5 de julio el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un grupo de trabajo que deberá continuar la codificación del derecho a la paz sobre la base de la Declaracion presentada en abril pasado por su Comité Asesor. Esta Declaracion incorpora el 85% de las normas propuestas en la Declaracion de Santiago de Compostela, aprobada en 2010 por la sociedad civil internacional. Las organizaciones de la sociedad civil son invitadas a participar activamente en los trabajos de codificación, cuya próxima cita importante se desarrollará en febrero de 2013 en Ginebra.

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