¿Abolir huelgas, sindicatos, luchas ciudadanas?

Uno de los dogmas ilustrados que están en la base de la Cultura Occidental es, tal como lo define el artículo 50 de nuestra Constitución, el deber del Estado de procurar “…el mayor bienestar a todos los habitantes del País…”. Sin embargo, muy lejos de eso (de acuerdo con los informes del Estado de la Nación y del INEC de los últimos años) en el País más feliz del Mundo existe una enorme y creciente brecha económica entre ricos y pobres, con entradas promedio mensuales de hasta siete millones de colones para los primeros, y de hasta ciento cincuenta mil colones para los segundos; de modo que mientras los grupos medios y bajos, que representan el 60% de la población, perciben en total el 28% del ingreso nacional, los aventajados que se agrupan en el quintil más alto, captan más del 50 % del mentado ingreso.

Siendo así las cosas, una larga fila de presidentes de nuestro País, mostrando una especial sensibilidad ante la brecha, han adoptado la táctica hasta ahora infalible de seducir durante la campaña electoral (con cuentas de vidrio, como Cristóbal Colón) a una buena parte de aquel 60% inferior, para después, sistemáticamente, aliarse con el 20% más alto.

Ahora bien, como la brecha económica no es una cifra en un gráfico, sino un hueco en el estómago, pronto el 60% deslumbrado y burlado se empieza a enterar del engaño; y repite en vano, cíclicamente, una serie de razonamientos que hubieran sido utilísimos antes de las elecciones. Y quisieran hacer algo, pero ¿qué?  El otrora sonriente candidato es ahora inaccesible: una foto cortando una cinta; o riéndole las gracias a Trump. Y entonces el soberano, indignado pero impotente, pasa lista de los recursos de que podría disponer para expresar su decepción y su rabia; y más aún, para tratar de impedir los garrotazos del FMI, la austeridad, la deuda externa (y eterna), etc.  ¿A cuáles recursos acudir? ¿cartas al Presidente, a los Diputados? ¿declaraciones en los medios comerciales, o en las redes?  ¿propuestas de diálogo?  Cajita blanca.

Estos gobiernos que, como viene ocurriendo, han halagado a las mayorías a fin de gobernar para la minoría, muy pronto se contagian de la arrogancia de ésta; y entonces ya no quieren negociar, escuchar críticas que expresan los intereses y las modestas expectativas de aquella chusma que los eligió, proveniente de los tres quintiles inferiores de la población. Costa Rica entera (si no fuera por su memoria ‘de teflon’) podría ahora atestiguar sobre los años que hace que ANEP y otros sindicatos y movimientos sociales empezaron a denunciar la iniquidad y la ineficacia de los proyectos de reforma fiscal, hasta llegar al de ‘Fortalecimiento’ que finalmente se impuso; y llamaron reiterada e inútilmente a dialogar para encontrar fórmulas más equitativas.

¿LA PROTESTA?

De modo que, siendo así las cosas, la solución ¿está en las calles?  Superar con la fuerza de muchos la impotencia de cada uno del pueblo: ¡organizar concentraciones en las ciudades, cierre de carreteras, marchas lentas en las autopistas!  Se trata del soberano reclamando a su gobernante, en calles y plazas, el incumplimiento del contrato social;  porque, como lo cantara para la posteridad el joven poeta bahiano Antonio de Castro Alves: ‘…La plaza es del pueblo como el cielo es del cóndor’  (“O POVO AO PODER”; Recife, 1864). Y es precisamente la plaza uno de los ámbitos donde el pueblo recupera su voz, tal como lo prevén en su conjunto los artículos 9, 22, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Constitución, que consagran primordialmente la libertad de las personas de desplazarse a voluntad, individual o colectivamente por vías y plazas públicas; reunirse con otros y expresar el propio pensamiento de palabra o por escrito; discutir las actuaciones de políticos y gobernantes y plantear sugerencias, críticas, interpelaciones y peticiones a los órganos públicos.

Pero tales derechos, que en Costa Rica poseen todavía una ancha cornisa constitucional, en la hora actual constituyen un evidente estorbo para el despliegue de políticas neoliberales deliberadamente diseñadas para socavar los bastiones de la clase trabajadora conquistados en el último siglo, así como a reducir las dimensiones y la efectividad del viejo Estado de Bienestar: todo ello en pro de la influencia y el dominio crecientes de las transnacionales en el Sub-Continente. De allí nace, entre otras varias desmesuras, la conjura autoritaria conocida como ‘criminalización de la protesta’, actuada a través de una lectura pópulo-punitivista de los viejos textos del derecho penal vigente y/o de una nueva legislación expresamente diseñada al efecto, que empieza a plasmarse aquí en reglas como el artículo 256 bis del Código Penal, así como también con las Leyes 8719, 8720 y 8754 de 2009: sin cambiar la Constitución, los derechos se hicieron delitos y los ciudadanos delincuentes. Y el producto de la operación de esa normativa fue la represión sistemática, la detención y el procesamiento de decenas de peligrosísimos educadores, ecologistas sediciosos, líderes comunitarios sociópatas, estudiantes drogos, sindicalistas rencorosos, indígenas traicioneros, feministas histéricas, etc., que cedieron reiteradamente a su perversa manía de asistir a las marchas y los plantones de protesta con pancartas de destrucción masiva.

Tenemos que estar claros: nos gobierna un grupo neoliberal que ha conseguido hegemonizar la Asamblea y la Cúpula Judicial; y los gobiernos neoliberales no están para servir a sus pueblos, sino a sus élites.  A contrapelo de lo que dispone el artículo 3 de la Constitución, las tácticas gubernativas parlamentarias y judiciales a la vista se dirigen a reducir espacios de expresión de las aspiraciones y de las preocupaciones populares, como las marchas de protesta y la huelga general, así como a obstaculizar la formación de organizaciones populares (especialmente sindicatos) y a descalificar y perseguir a sus dirigentes.

¿Por qué en Costa Rica el grueso de la población empleada en la empresa privada no se manifiesta, no protesta, no se sindicaliza, no se levanta en huelga? ¿será que está feliz con la situación? Están callados y ‘domesticados’ porque de lo contrario los despiden, y luego les dificultan conseguir otro trabajo. Esa práctica inicua empezó en 1949, cuando el grupo de la Junta Fundadora de Pepe Figueres, para cumplir su parte en la Guerra Fría, hizo que el Ministerio de Trabajo cancelara la inscripción de cerca de cien sindicatos privados, por ser sospechosos de comunismo. Y de ahí en adelante se generalizó la práctica en las empresas  (que aún perdura) de despedir a toda persona que formara parte de un sindicato, o pretendiera fundar uno. De ese modo se impidió en Costa Rica, durante los últimos setenta años, que los trabajadores del sector privado pudieran ejercer un derecho fundamental, que el artículo 60 de la Constitución y los respectivos Convenios de la OIT les garantizaban.   Y esa es, obviamente, la razón por la que, desde entonces, en Costa Rica sólo los sindicatos públicos se han podido sostener, dado que al empleado público no se le despide a voluntad, sino mediante un proceso con las debidas garantías.

¿LA HUELGA?

Hasta en las sociedades más progresistas de la Antigüedad, la esclavitud (muestra de pleno sometimiento de un ser humano a otro) era una forma del derecho de propiedad; en la generalidad de los Estados actuales, la huelga (muestra de plena emancipación del trabajador frente a su empleador) es un derecho fundamental, constitucionalmente garantizado.

En virtud de la vigencia de su normativa constitucional y legal, la huelga pone frente a frente a dos fuerzas sociales:

el empleador (público o privado) con su poder económico y/o su supremacía jurídica; y

el trabajador (público o privado) con su organización y su acción/legitimación para promover la constitución del  ámbito  jurisdiccional de la  pugna, en la que se miden y se equiparan los contendientes.

 ¡Menuda diferencia!  ¿Cómo ha podido tener lugar ese enorme cambio? La historia del trabajo humano fue durante milenios la historia de un sometimiento. ¿Cuándo fue que el obrero descubrió que, negándose a trabajar, tenía la posibilidad de hacer cambiar de opinión a su empleador?  Se ignora la fecha, muy importante por cierto, en que eso se convirtió en una práctica recurrida, lícita, a la disposición de los interesados.  Pero a partir de entonces los trabajadores supieron que, esgrimiendo el arma de la huelga, podían discutir con su patrono, en un plano de equiparación y respeto mutuo, acerca de asuntos de carácter económico o social que les conciernen: la huelga los visibilizó como personas en la plaza pública, los convirtió en interlocutores en la discusión para la fijación de derechos y deberes recíprocos en la relación laboral; pero también más allá de la relación laboral, en temas concernientes al bienestar de la entera clase trabajadora, o del país mismo.

En tiempos de la Revolución industrial, la huelga era tratada por la burguesía dominante como un delito porque, al amenazar el flujo de las ganancias del patrono ¡atentaba contra el sagrado derecho de propiedad!  Pero la huelga resistió, e hizo del trabajador y de su unión sindical, protagonistas en el diálogo cotidiano de las naciones modernas;  coprotagonistas de los grandes cambios constitucionales y legales que condujeron al Estado Social y Democrático de Derecho.  El arma disuasiva de la  huelga es la partera de las leyes laborales, de la convención colectiva y del fuero sindical.

En consecuencia, es de temer que el trabajador del Siglo XXI, con todo y su acompañamiento de derechos humanos, si llegara a ser despojado de su derecho fundamental de huelga, fatal y rápidamente volvería a ser una modalidad de esclavo, como lo fue en la etapa del Capitalismo Salvaje: un galeote, condenado a trabajos forzados.

Gracias a la vigencia de la Constitución y del Código de Trabajo, podemos definir la huelga como un derecho fundamental que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, decidida por un grupo de trabajadores públicos o privados, para defender y promover sus derechos laborales y sus intereses económicos y sociales.

Ahora, en la Era de los Derechos Humanos, es jurídicamente un derecho, gracias sobre todo a las luchas obreras; pero no sólo un derecho de los obreros de las fábricas, sino también un derecho de los empleados y funcionarios de las oficinas públicas, es decir: del Estado y los entes públicos menores. Y esta publicización de la huelga ha dado ocasión a nuevas experiencias: una macrovisión que permitió se revelase una dimensión del huelguista que se había mantenido oculta: su dimensión cívica, junto a su dimensión netamente laboral.  El desarrollo de esa cultura nos muestra al trabajador moderno recurriendo a la huelga para reivindicar soluciones relacionadas con las grandes cuestiones de la política económica y social.

Cuando Oscar Arias permitió el ingreso de Millicom en 1987, los sindicatos del ICE se alzaron en huelga, marcharon, hicieron conciencia en la gente y, de ese modo, contribuyeron decisivamente al retiro de la transnacional: allí los huelguistas no actuaron en defensa de salarios y vacaciones. Y después de eso, en muchas ocasiones (la última es la que acaba de pasar) los trabajadores del Estado participaron en huelgas respondiendo más como ciudadanos que como meros asalariados.

HUELGA Y DAÑO

Como la huelga se materializa con la suspensión temporal del trabajo en la empresa o institución, hay que tener claro que esa suspensión del trabajo (huelga) implica, por definición, un resultado negativo, un daño consistente en la no producción del bien o del servicio; y la conciencia de ese resultado que tienen ambas partes constituye la fuerza (presión) del arma/huelga.  De modo que es un signo de madurez ciudadana saber y aceptar que toda huelga produce, por definición, daño social.  Y entonces:  ¿significa el derecho de huelga una ‘licencia para dañar’?  ¿enloquecimos todos? ¿cómo fue posible que algo que produce daño social haya sido elevado en las Constituciones y los Tratados al rango de derecho fundamental de la persona humana?

Precisamente con esta appellatio ad absurdum comienzan a aclararse las cosas: al esgrimir la amenaza de daño que conlleva la huelga, el sindicato presiona a fin de que el empleador se abstenga de una decisión dañosa, o bien, para que tome una decisión provechosa y justa para los trabajadores:

    a.- la huelga es un arma ofensiva legalmente autorizada para tratar de alcanzar un objetivo benéfico para el mayor número.

    b.- trabajadores y empleadores discuten sobre las razones para la asunción o no de ese objetivo.

    c.- si el empleador rechaza irrazonablemente el objetivo, obligando a los trabajadores a declarar la huelga, será responsable del daño que ésta llegare a producir.

Por ejemplo, en una hipotética huelga de los jueces que exigieran a la Corte Suprema garantías de independencia en el ejercicio de sus funciones, la falta prolongada del servicio mientras dura la huelga producirá en el momento daños personales e institucionales debidos al cierre de los juzgados, y a la denegación de justicia; pero conseguidas aquellas garantías, el salto adelante en justicia y en democracia (es decir, en pro del bien común) compensaría con creces aquellos daños.  Y entonces, si el fin de la huelga es de bien común, pero el empleador rechaza maliciosamente la propuesta, será él quien responda por los daños que la huelga llegare a causar.

LA HUELGA DEL 2018.

Está reciente el hecho de que, en el año 2018, para tratar de detener el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y medidas accesorias presentado a la Asamblea por el Poder Ejecutivo, un gran número de trabajadores de todos los niveles de la educación, de la salud, de la administración pública central y descentralizada, de la justicia, etc., de todo el País se fueron a la huelga, ejerciendo de este modo, durante 93 días consecutivos, el derecho que les reconoce el artículo 61 de la Constitución.  Y como consecuencia de la cesación de labores de los huelguistas durante ese tiempo, se produjeron daños y menoscabos en muchos servicios públicos, notoriamente: en el ámbito de la  salud, de la justicia y, de modo específicamente palpable, en los programas de las escuelas y colegios públicos del País.

Otra cosa notable en esos días fue que, poco tiempo antes, con la llamada Ley de Reforma Procesal Laboral número 9343 de 25 de enero de 2016, habían entrado en vigencia una serie de cambios precisamente en el campo de la huelga, de modo que los Tribunales competentes ‘estrenaron’ a como fueron pudiendo sus interpretaciones sobre el nuevo texto.

Desde que el conflicto empezó, tanto el Gobierno como los Partidos de la Oligarquía y las Cámaras patronales utilizaron intensa y extensamente los medios de  comunicación para desacreditar a los sindicatos y satanizar el movimiento; y en efecto, consiguieron crear la animadversión de una parte de la opinión pública con el argumento de las molestias y pérdidas económicas sufridas por actos como la obstrucción de vías, y los daños a los usuarios de los servicios, especialmente los pacientes de clínicas y hospitales, y los estudiantes de escuelas y colegios.  Los huelguistas eran exhibidos todos los días como los desalmados que, para defender sus privilegios, ponían en peligro la vida y la salud de los enfermos y el futuro de los niños de Costa Rica. Y todos los daños materiales y culturales, reales o ficticios, resultantes de la huelga pasaron a ser, en el imaginario popular, la obra maléfica del movimiento huelguista y de los sindicatos: los médicos y enfermeros en huelga causando intencionalmente dolor y muerte a sus pacientes; los docentes en huelga sembrando el atraso y la ignorancia de los niños y jóvenes; los jueces en huelga negando o retardando la justicia.

Pero sólo se trataba, una vez más, de una cínica y perversa tergiversación de las cosas, en cuya virtud los sindicatos y los trabajadores en huelga aparecían como los enemigos de los buenos costarricenses.  Un día nuestro pueblo tomará conciencia de que esos sindicatos y esos trabajadores huelguistas están luchando desde hace muchos años en interés de todos los trabajadores del País, o lo que es igual: de toda Costa Rica;  que el sindicato no es un mecanismo demoníaco, sino la unión con la que los indefensos consiguen no ser aplastados por el poder o el dinero; que la huelga es un medio de presión de los trabajadores para evitar un daño colectivo o para conseguir un trato más justo.

Los costarricenses deberían preguntarse ¿es pura casualidad que la oligarquía y sus clientelas arremeten siempre ferozmente contra las empresas públicas, contra las universidades públicas, contra los sindicatos del sector público? ¿Por qué los  medios de comunicación a su servicio no dejan pasar un día sin publicar algo negativo acerca de alguno de ellos? ¿por qué descalifican sistemáticamente a los líderes sindicales, tratando de hacerlos aparecer como parásitos?

En los Siglos XIX y XX se materializaron muchas de las aspiraciones de los trabajadores, pero la oligarquía no olvida ni perdona: sus aparatos publicitarios, satanizando durante casi un siglo las conquistas obreras, todavía logran que muchísimos campesinos, artesanos, empleados e incluso obreros rechacen la huelga y el sindicalismo como actividades perversas y dañinas.  Hoy más que nunca es crucial que los trabajadores costarricenses sepan que su mermado bienestar, del que todavía gozan, es resultado del sacrificio y de las luchas obreras de pasadas generaciones; y que los problemas que están teniendo ahora se deben directa o indirectamente a que, en buena parte debido a su apatía y a su propia inconsciencia, la causa obrera está siendo derrotada en nuestros países.

Antes de estallar la huelga recién pasada, los sindicatos y algunos analistas advirtieron al Gobierno, con mucha antelación, que el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no era, ni de lejos, la solución al problema del déficit fiscal como se venía proclamando;lo demostraban con números contundentes y ofrecieron discutir alternativas. Entonces nadie hizo caso en las esferas oficiales; pero ahora dicha  tesis acaba de ser públicamente confirmada y reafirmada por la señora Contralora General de la República (véase La Nación del sábado 4 de mayo en curso); lo cual significa que los sindicatos no estaban equivocados en ese particular, y que fue el Gobierno quien se aferró maliciosa o irresponsablemente a una tesis equivocada, y precipitó con ello el estallido de una huelga prolongada y costosa, de cuyos daños materiales y humanos es, entonces, el principal causante.

Naturalmente, por las excelencias de la prensa nacional, los costarricenses están convencidos de que los responsables por esos daños son los sindicatos; y no parece estar en los protocolos de la Contraloría General atar esos cabos y  sacar las conclusiones que conduzcan a la gente a reconocer que hace dos años los sindicatos anticipaban con cifras la misma conclusión; y que, antes de adoptar la ultima ratio de la huelga, esos mismos sindicatos clamaban en vano por una apertura del Poder Ejecutivo en la búsqueda de otras medidas menos lesivas a los intereses populares.

Creo que el Gobierno sabía perfectamente todo esto: lo que en realidad estaba pasando era que el Proyecto diz que ‘de Fortalecimiento’ de las Finanzas Públicas tenía otros dos objetivos que eran preferentes, aunque menos digeribles, por lo que iban solapados en la panza de ese Jamelgo de Troya que era el Proyecto mismo:  la reforma del empleo público y la mal llamada ‘regla fiscal’.  Lo que en ese momento ‘vendía’ políticamente era la oferta de solución de aquella temible crisis fiscal que había ido agravándose año tras año, administración tras administración, y amenazaba con la insolvencia del Estado (el cierre de la banca pública y de las instituciones, el no pago de obligaciones, sueldos ni pensiones, incumplimiento del servicio de la deuda, paralización de los servicios públicos, desempleo masivo, desabastecimientos, pánico, desórdenes, etc.).  En consecuencia, agitando esa bandera, el Gobierno y la prensa oligárquica rechazaban cualquier alternativa, y aturdían a la opinión pública con el fantasmón de la debacle fiscal; de modo que, estallada la huelga, empezaron a acusar a sindicatos y huelguistas de anti-patriotas y traidores, porque ‘llevados por sus mezquinos privilegios’ obstaculizaban la aprobación de la normativa propuesta en su Proyecto, única  solución posible a la gravísima crisis fiscal del País, según ellos.

LAS REFORMAS LEGISLATIVAS  PLANTEADAS

El desenlace todos lo sabemos.  Al final, el Gobierno y los partidos conservadores lograron su propósito de ver promulgada la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; pero quedaron molestos y preocupados al comprobar que el régimen regulador del proceso de huelga contenido en la Ley 9343 de Reforma Procesal Laboral que acababa de entrar en vigencia, puede ser un instrumento de tutela eficaz de la posición de los trabajadores cuando entran en conflicto con sus empleadores.

En consecuencia, y aprovechando su ‘marea de triunfos’, algunos diputados del consenso neoliberal prepararon a marchas forzadas dos ante-proyectos de ley cuyo objetivo común, según me parece entenderles, sería “brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, y los introdujeron al torrente legislativo. Me ocuparé someramente de los aspectos más importantes de cada uno, pero quiero anticipar una observación que alude a ambos por igual:

Así como los diputados que en el año 2002 ‘aceptaron’ crear el referéndum en el artículo 105 de la Constitución (porque entonces estaba de moda, y por aquello del “qué dirán internacional”), demostraron su secreta fobia hacia el flamante instituto estableciendo nueve materias en las que quedaba prohibido el referendum; así también los redactores e impulsores de los Proyectos de ‘seguridad jurídica’ y de ‘servicios esenciales’, declaran públicamente reconocer y respetar la huelga como un derecho fundamental de la persona trabajadora, pero su fobia contra ella se refleja en sus respectivos documentos, en los que buscan de diferentes maneras que, de hecho, la huelga no funcione, o pierda su capacidad de presión,  que es su razón de ser.

1. EL PROYECTO ‘PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA’.

    1.-  En su exposición de motivos comienza diciendo el Proponente:

    “La continuidad en la prestación de los servicios públicos es un principio fundamental de la Administración Pública y un derecho del ciudadano. Por ende, el Estado costarricense está obligado a garantizar esa continuidad, especialmente en aquellos servicios esenciales para la población, puesto que de ellos dependen la vida, la salud, la seguridad de las personas, tales como: servicios hospitalarios, suministro de electricidad, agua y combustibles, fuerzas de policía, controladores aéreos y marítimos, comedores escolares y servicios para la atención de emergencias, entre otros. Por lo tanto, la continuidad en la prestación de esos servicios no debe verse interrumpida bajo ninguna circunstancia.”

    1.- La continuidad en la prestación de los servicios públicos es un principio muy importante que, sin embargo, no opera en abstracto, sino (Constitución dixit) en el contexto de un sistema jurídico complejo como lo es el Estado moderno, dentro del cual, está asimismo vigente el principio de la ‘huelga del sector público’, cuya denotación básica es precisamente la ‘discontinuidad de la prestación del servicio’: huelga significa suspensión temporal del trabajo, la cual conduce, precisamente a la discontinuidad de la prestación del servicio. De modo que el sistema jurídico contiene a la vez la regla de la continuidad de la prestación del servicio (precepto técnico) y el derecho a la huelga (derecho humano). Para afirmar la vigencia incondicional de la regla de continuidad hay que suprimir el derecho de huelga, como de hecho hizo Mussolini en Italia hace casi un centenar de años; pero me imagino que en Costa Rica nadie querría algo así (o ¿me equivoco?).

    2.-  Propugnar nada menos que la disolución de un sindicato por actos ilícitos atribuidos a sus afiliados durante una huelga sólo demuestra la rabia incontenible que se trae el Proponente entre pecho y espalda contra los sindicatos y las huelgas.  Pertenece al derecho penal inquisitorial esa operación mental de penalizar una organización, por actos atribuidos (tal vez falsamente) a una masa de huelguistas que pudo ser infiltrada con agentes provocadores (una táctica más y más recurrente en la feliz Tiquicia). El Derecho penal orientado en la línea de los Derechos Humanos sostiene el principio opuesto (ver, entre muchos: Winfried Hassemer: Fundamentos del Derecho Penal; Bosch, Barcelona, 1984; pág. 266 y sigtes.; Juarez Tavares: Teoría del Injusto Penal; B de f, Buenos Aires, 2010; págs. 246 y concords.).

    3.- Sin haber profundizado en el tema específico, comparto la impresión del Proponente de que  convendría ajustar algunas disposiciones procesales comprendidas en la Reforma, no sólo sobre la huelga, sino en general, pero dudo de que las soluciones propuestas sean, en su conjunto, el remedio adecuado:  me recuerdan un legendario decreto ejecutivo promulgado por don Ricardo Jiménez hace cien años, fruto de su impaciencia: “Los interdictos deben quedar resueltos dentro de las 24 horas a partir de su presentación”: nunca se acató porque, simplemente,  estaba fuera de las posibilidades reales de los juzgados de entonces (…y de ahora).  Creo que el examen de esos mecanismos debe hacerse cuidadosamente, sine ira et studio, y no en medio del furor de derruir bastiones y abatir enemigos.

1. EL PROYECTO DE DECLARACION DE SERVICIOS ESENCIALES 

    1.- Me parece, para empezar, que este Proyecto se fundamenta en un grave error de perspectiva de su Proponente, error que se pone de manifiesto cuando ella, muy segura y concluyente, pregunta:

    “Si un servicio público no  es esencial ¿por qué el Estado lo presta?” 

Dicha pregunta descansa en la creencia de que el Estado sólo puede brindar servicios esenciales, creencia propia de la concepción de un Estado mínimo (p. ej. el Estado Gendarme) que ni los neoliberales se tragan, y que (más grave aún) choca de frente con el principio constitucional del artículo 50, el cual pone a cargo del Estado ORGANIZAR Y ESTIMULAR “…la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.”

La Diputada proponente cree en un Estado pequeño, ‘esencial’; pero resulta que vive en un País cuya Constitución preconiza un Estado que tiene la función de intervenir en la economía nacional (es decir, en el ‘mercado’), organizando y estimulando la producción económica; un Estado que tiene la función de intervenir en la economía nacional tomando medidas para lograr que la riqueza producida en el País se reparta de la forma más equitativa entre sus habitantes.

No hay que olvidar que estas intervenciones estatales prescritas por la Constitución se han materializado históricamente en la forma de la nacionalización bancaria y de los seguros, en la creación del ICE y otras empresas públicas, el Consejo de Producción, las ferias del agricultor, etc, etc., es decir, en una gran variedad de servicios que no tenía sentido definir como ‘esenciales’, sino como oportunos y adecuados para producir aquella justicia social consagrada por la Constitución  como un valor superior. Ni tampoco debemos olvidar, dicho sea de paso, que desafortunadamente una larga e ininterrumpida serie de gobiernos, descarada o vergonzantemente neoliberales, haciendo gala de actuaciones que son, fuera de toda duda, constitucionalmente ilegítimas, ha ido logrando desmantelar.

    2.- Aduciendo la necesidad de superar una supuesta incertidumbre en la determinación de la esencialidad de los servicios públicos que podrían resultar comprometidos en una huelga, la Proponente se dispone a levantar una lista no exhaustiva que, de aprobarse su proyecto,  obligaría a los jueces a rechazar ad portas toda solicitud de huelga que incluyese cualquiera de los servicios allí mencionados.  Y para ello, en el artículo 1 de su Proyecto, se apoya literalmente en los criterios fijados por la OIT en la materia.  Pero cualquiera nota a simple vista la distancia astronómica entre los criterios de la OIT y la lista que nos presenta la señora Diputada en el artículo 2.

En efecto, ha dicho la OIT que debe considerarse como esenciales:

«los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población» (OIT, 1983-b, párrafo 214).

¿En qué se fundan estos criterios? El que conoce la Historia sabe que la institución de la huelga no es frivolidad ni vagancia de burócratas deshonestos: es, en la cultura occidental, un signo de dignidad de la clase trabajadora, ganado con gran sacrificio; y un instrumento para la protección de bienes comunes de primera importancia para dicha clase, o para la comunidad entera. Por eso se lo consagra en las constituciones y en los instrumentos internacionales como un derecho fundamental del ser humano trabajador.

Entonces, la regla general en la materia, que rige en los países civilizados, es posibilitar el más amplio ejercicio del derecho de huelga, por ser un derecho humano fundamental: que no se lo limite más allá de lo absolutamente necesario. De modo que, como lo ha prescrito la OIT, las excepciones a dicha regla deben admitirse sólo en aquellos casos en que, precisamente, la cesación del servicio en razón de huelga ponga “…en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona…” perteneciente a la población afectada por aquélla: a esos servicios públicos se les ha dado el nombre de ‘servicios esenciales’, los cuales me parece que pueden ser definidos como los que aseguran los bienes jurídicos elementales en una comunidad, sin los cuales la subsistencia de ésta corre peligro; y que por ello son condición necesaria para el funcionamiento de los demás servicios.

En suma, una huelga general puede afectar el funcionamiento de múltiples actividades que normalmente se realizan en la comunidad, a condición de que se garantice que las personas afectadas puedan: a) contar con las prestaciones materiales oportunas y  necesarias para conservarse con vida; b) contar con las condiciones logísticas y organizativas que garanticen la seguridad de las personas y sus pertenencias; y c) contar con la atención médico-hospitalaria suficiente, con ocasión de accidente o enfermedad durante la huelga.

Veamos ahora el Artículo 2, con la lista de servicios públicos y privados que la Diputada proponente pretende que sean considerados legalmente como esenciales; y la regla que propone al final de la lista, según la cual los jueces y la administración (por medio de reglamento) podrían sumar otros servicios más. Los 18 nominales son los siguientes:

1. a) la atención y prevención en salud;
2. b) el suministro y comercialización de alimentos;
3. c) el suministro y comercialización de medicamentos;
4. d) el suministro de agua potable y la disposición de aguas servidas;
5. e) la recolección y disposición de basura;
6. f) la protección y atención del menor, el anciano y el enfermo desvalido;
7. g) el suministro y comercialización del servicio eléctrico o de otros tipos de energía o combustibles;
8. h) la atención médica pública;
9. i) la atención de menores de edad en la red de cuido y en comedores escolares;
10. j) la atención de emergencias;
11. k) el transporte de pacientes;
12. l) el servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades;
13. m) el funcionamiento de aeropuertos internacionales y nacionales;
14. n) la función de seguridad pública;
15. o) la educación pública;
16. p) la carga y descarga en muelles y atracaderos cuando se trate de bienes de los cuales dependa, directamente, la vida, la salud de las personas o su seguridad;
17. q) la resolución jurisdiccional de conflictos;
18. r) la celebración de elección nacionales, cantonales, referéndum, plebiscitos o consultas populares; y,
19. s) todos aquellos que se lleguen a determinar en la vía judicial o reglamentaria.

Terminamos de leer la abigarrada lista y nos preguntamos asombrados ¿dónde está aquí la aplicación del elegante criterio ordenador que la Legisladora enunció en el Artículo 1? ¿dónde fueron a parar los cautos preceptos de la OIT? Pero ¡si hasta Uber está incluido en la lista! ¡Es de echarse a temblar! ¿llegará esta barrabasada a ser Ley de la República? ¿pa’eso tenemos mayoría?

No se trata, en realidad, de un proyecto de ley: el Artículo 2 arrasa con el Artículo 1 y no deja de él piedra sobre piedra. Parece, más bien, una ostentación lamentable de irracionalidad; una incontrolada embestida misántropa contra la doctrina, la jurisprudencia y los principios constitucionales y convencionales en materia de conflicto colectivo laboral.

Espero que la Proponente no tenga un caballo, porque de tenerlo, correríamos el riesgo de que lo nombre cónsul.

(*) Walter Antillon Montealegre es Abogado y Catedrático Emérito de la Universidad de Costa Rica.