Buscando una información específica en internet, encontré un escrito que trata de sintetizar el diagnóstico de la situación en América Latina, y curiosamente me pareció que de alguna forma estaba describiendo la situación de nuestro país. Por ello, me tomé la libertad de transcribir algunos párrafos, los más significativos, a fin de que el lector reflexiones sobre lo que allí se expresa.
Existe en nuestra región una profunda falta de confianza en todos los órdenes: en América Latina se desconfía de las instituciones, de los partidos políticos, del gobierno, de las empresas e, incluso, se desconfía de las personas… Los datos del Latinobarómetro son implacables en este sentido: ningún poder se libra del recelo de los ciudadanos, con cuotas del 70 % y superiores sobre la poca o ninguna confianza en los gobiernos y partidos políticos que conforman el poder ejecutivo, ni en las cámaras legislativas, ni siquiera en el sistema judicial, del que no se fía más de las tres cuartas partes de la población. El último reducto, que tradicionalmente había mantenido un cierto nivel de confianza, como son las empresas y las organizaciones empresariales, se han acercado a un peligroso 60 % de desconfianza entre la población.
Este contexto de insatisfacción, por un lado frente a las instituciones democráticas y, por otro, frente a las personas que las dirigen, es el caldo de cultivo perfecto para que, otro rasgo típico de la “viveza criolla”, alcance cotas de verdadera lacra social. Es el caso de la corrupción en América Latina.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado cada año por Transparencia Internacional, se puede comprobar que numerosos países latinoamericanos trasladan una percepción negativa sobre el grado de corrupción que existe en su sector público, si bien, dada la heterogeneidad de la región, no se puede ni generalizar, ni simplificar en grandes rasgos.
Sin embargo, se han producido recientemente dos situaciones que transforman cualitativamente la percepción de la corrupción en América Latina: por un lado, de acuerdo con el análisis del Real Instituto Elcano, el tema de la corrupción se ha incorporado de forma potente en la Agenda Pública de muchos países, empezando por Brasil, Guatemala, Chile, Honduras, etc., lo que ha dado lugar a discusiones en los parlamentos, críticas entre la población y, como no, el azote de los medios de comunicación. El rechazo a los enriquecimientos ilícitos ha pasado de la molestia individual a la esfera pública, con sus consecuencias en manifestaciones en la calle y las muestras de rechazo a la impunidad que tradicionalmente regía para este tipo de comportamientos.
Por otro lado, los sonados casos de corrupción empresarial, algunos de ámbito regional, han permitido añadir un elemento cualitativo al análisis de este fenómeno: la “privatización” de la corrupción. El foco se generaliza, pues ya no solo es el funcionario público el transgresor, sino que ahora se señala el papel de la empresa corruptora, aunque siempre estuvo ahí.
Junto a la pérdida de confianza y la corrupción, el tercer elemento que destaca en este nuevo-viejo mapa de las preocupaciones latinoamericanas hace referencia al cumplimiento de la ley. En América Latina, si hay algo de lo que se tiene en abundancia, es de normas: los diseños de las políticas públicas se realizan de forma sistemática en todos los ámbitos de actuación del Estado –las normativas, los reglamentos, en algunos casos a la vanguardia de la creación normativa– cubren ampliamente todos los campos en los que el ciudadano necesita un grupo de reglas para gobernarse.
Entonces, ¿dónde está el problema? Simplemente, en que no se cumplen. Las políticas públicas en la mayoría de los países están bien planteadas y mejor diseñadas pero donde llega el momento de debilidad es en su implementación y cumplimiento.
Para el profesor García Villegas, de la Universidad Nacional de Colombia, el incumplimiento de las normas en América Latina no siempre es un acto excepcional, sino todo lo contrario. Puede convertirse –como en el caso de las normas de tráfico, la venta ambulante o, peor aún, la normativa fiscal– en la norma, en el mismo orden de las cosas establecidas, por encima o al margen de la legalidad vigente, y puede llegar a provocar el cambio de la misma o su no aplicación definitiva por desuso.
En este sentido, los incumplidores no reciben el más contundente rechazo social y sus comportamientos, más que desviados, están normalizados y, en cierta manera, regularizados en las sociedades en las que viven. Por lo general ni ellos, ni la sociedad, perciben las prácticas de incumplimiento de las normas como actos delictivos o criminales, ni siquiera como perturbaciones del orden.
Tomado el ejemplo del incumplimiento de las normas fiscales, debemos ser conscientes de las implicaciones que esto conlleva: el incumplimiento está tan enraizado en la sociedad, que la conducta incumplidora puede llegar a convertirse en un comportamiento socialmente “tolerado”, aunque no “aceptado”, e incluso, a veces en casos de incumplimiento por parte de los políticos, electoralmente premiado. Nadie duda de lo duro que es recaudar impuestos en América Latina…
Hasta aquí los párrafos traídos para su reflexión. Ahora nos toca a nosotros hacer las comparaciones correspondientes a la situación de Costa Rica. Para facilitar el ejercicio presento a continuación un esquema que nos permitiría hacer algunas preguntas y posiblemente encontrar algunas respuestas.
Falta de Confianza en instituciones
partidos políticos
gobierno de turno
gremios
empresas
personas
Insatisfacción ciudadana
Comportamiento individual típico de hacerse el vivo y saltarse las normas
Corrupción en las organizaciones públicas
en los gremios
en las empresas
Incumplimiento de políticas y normas en el ejercicio de gobierno.
Se trata de que Usted responda sinceramente lo que piensa sobre estos temas, pero sobre todo si su respuesta está fundamentada en hechos reales, no solamente en percepciones subjetivas.
Se va a sorprender de sus propias respuestas.
