Impacto de la sofocante astenia política

De cal y de arena

Contundente, terminante, de clara significación y alcance, la resolución de la Sala Constitucional dictada ante la consulta que desde instancias parlamentarias se le hizo en torno a los contenidos del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, es no solamente un refinado abordaje de esta iniciativa en punto a sus compatibilidades con lo que preceptúa en la materia la Carta Magna, sino que también es una cabal expresión  de la crisis política que se vive en estos momentos, principalmente –no exclusivamente- en el Poder Ejecutivo y algunas entidades que le dan soporte técnico y administrativo.

Treinta y cinco vicios de constitucionalidad acusó la Sala, violaciones de distinta hondura y extensión a los preceptos con que la Constitución define los atributos de la autonomía del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Caja Costarricense de Seguro Social, de las municipalidades y de las universidades públicas. Los vicios señalados en una votación unánime a la que se arribó tras largas jornadas de reflexión e intercambio de criterios (no precisamente libres de presiones mediáticas originadas en corrientes de pensamiento que creen casi que perfectos los compromisos que el gobierno asumió con el Fondo Monetario Internacional), evidencian los daños que resultan de la tozudez que la astenia política puede causar en la construcción atinada de una legislación y en el tiempo que requiere hacerlo bien.

Ahora el gobierno quiere apurar el paso, angustiado porque el tiempo apremia y el FMI puede aplazar el giro de los recursos comprometidos. Pero el presidente de la República, su ministro de Hacienda, su ministra de Planificación, su presidente del Banco Central, en una nueva edición de la astenia política que les aqueja y que está originando buena parte de los problemas sociales, económicos y financieros, nunca entendieron que en el ejercicio del poder es básico negociar, es fundamental parlamentar para construir la plataforma de entendimientos dirigidos a resolver esos problemas. Máxime si no se tienen los respaldos políticos necesarios desde que el electorado se los negó.

¿Qué hicieron?. Fueron al Washington y en cuestión de pocos días pactaron con el FMI lo que es la esencia financiera de los acuerdos y sus condicionantes, y presentaron sin más ni más la lista de proyectos de ley que habría de tramitar nuestro Congreso. Así de simple, sin decir agua va, a los estamentos políticos del frente (cuidado sin siquiera tomar en cuenta a los suyos) les llegaron inconsultamente los expedientes. Claramente sintomático de esta disnea política es el caso de legislación sobre empleo público, que no pudo sacar adelante en 2018 en hombros de la reforma tributaria, y que ahora la ha querido meter en los pliegues de los acuerdos con el FMI.

Ninguno de los 35 vicios acusados por la Sala Constitucional es materia nueva. Todos fueron denunciados en los debates parlamentarios. La lesión a la independencia de poderes y a la autarquía universitaria y municipal y de la seguridad social que se impulsó a horcajadas del Ministerio de Planificación, llegó a la Sala IV inserta en la consulta y tras el inexpugnable autismo que se posesionó por gracia de la soberbia derivada de la inepcia política. Valioso tiempo perdido (meses y meses de sesiones extraordinarias, en las que el Poder Ejecutivo controla la configuración de la agenda parlamentaria) que se hubiera salvado si en el gobierno se entendiera que en política la negociación es herramienta clave para trabajar, máxime cuando no se tiene número.

Otros extremos de la consulta de constitucionalidad no provocaron la objeción de la Sala. Reglas sobre el régimen de salarios dirigidas a cortar por lo sano el caos ahí imperante, plagado de privilegios, no están viciadas, así tampoco el principio de objeción de conciencia que facultará al servidor público a dispensarse de un requerimiento de conducta incompatible con sus convicciones.

El hecho de que la Sala IV no haya acusado vicios de procedimiento, le salva la vida –por ahora- al proyecto y le despeja la ruta a la negociación de las enmiendas del articulado compatibles con los parámetros dichos por ese Tribunal.

Valga la ocasión para subrayar el contraste en la manera en que los magistrados de la Sala Constitucional de hoy asumieron los deberes de su cargo ante la consulta que les hicieron los diputados en torno a una complicada legislación. Contraste con el tránsito de la Sala Constitucional a propósito de la consulta que se le hizo cuando le llegó a sus manos el TLC/CA/RD. Un mamotreto  compuesto por 22 capítulos con sus respectivos anexos y once cartas paralelas en idioma inglés conocidas como “side letters”. En todo ese mamotreto de más de mil folios, los magistrados de entonces de la Sala Constitucional no encontraron un solo vicio de constitucionalidad. ¡Qué redactores del TLC más artistas!

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista