jueves 30, junio 2022
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Un criterio para saber por quién votar

Para cuando ya esté con el bolígrafo y la papeleta en la mano y siga con la duda.

Yo hago a ese electorado no afiliado a partidos políticos una última sugerencia basada en inteligencia y cálculo administrativo y político, no en apariencias publicitarias.  Y se lo resumo al final.

Solo los votantes afiliados a partidos políticos saben por quién votar.  Pero la realidad es que la mayoría del electorado no está afiliada a ningún partido político y entonces vota por el que más le gusta incluso físicamente, por el que mejor vende su producto, por el que grita más, por el que maneja mejor la demagogia o por el menos conocido porque no tiene “rabo que le majen” que se sepa. 

Racionalmente dos cosas tienen que lograrse mediante la elección:  a) prohibir que sean los partidos políticos y no los electores directamente desde sus comunidades quienes escogen a los jerarcas nacionales, b) prohibir cobrar comisión sobre los bienes personales por servicios profesionales obligatorios por ley permitiéndose cobrar solo por horas de trabajo o por unidades de producción y gastos materiales requeridos en la transacción y c) prohibir que sean los colegios profesionales quienes fijan los honorarios -y peor por obligación legal- en vez de que sean la oferta y la demanda en libre competencia quienes los determinen.

En Costa Rica tenemos dos enormes problemas nacionales que afectan todos los días a todos los habitantes, afiliados o no, ciudadanos o no:  el primero, que el ciudadano costarricense no tiene representatividad política porque no escoge a los candidatos sino que se los escogen los partidos políticos según su conveniencia y los partidos políticos son negocios privados con dueños. Esto significa que ningún diputado representa al ciudadano; ningún presidente, vicepresidente o diputado tiene la obligación ni de visitar el sitio donde vive el ciudadano ni de darle una cita para conocer el problema que necesite plantearle ni de hacer nada por el ciudadano.  Legalmente no tiene ninguna obligación para con el ciudadano y puede permitirse ignorarlo por completo sin responsabilidad legal por ello.  El ciudadano costarricense es políticamente impotente y más si no está afiliado a un partido político en el caso de necesitar una reforma de la Constitución o de una ley o de un reglamento.  Todo el poder está arriba y todo permiso viene de arriba. Abajo solo la impotencia política.  Los electores solo siguen instrucciones de los dueños obedientemente.

El otro enorme problema toca el bolsillo de todos y es que los colegios profesionales son los que fijan los honorarios que deben cobrar los profesionales, como en cualquier dictadura o sistema estatista y en contra de la ley de la oferta y la demanda y de la libre empresa (que debería ser lo normal en una sociedad capitalista como la nuestra, de consumo y libre competencia) y resulta que los honorarios de algunas profesiones son una comisión sobre el valor del patrimonio familiar o personal de la persona de la que se trate (sobre su casa, su vehículo, su negocio) y no un precio por trabajo realizado y por materiales gastados en el trámite;  esto es usura sobre bienes patrimoniales con los que nada tiene que ver el profesional que presta los servicios y es lo que siempre he dicho, en mi opinión, un crimen social.  No solo empobrece a la persona servida por los servicios en una forma salvajemente cuantiosa que debería ser ilegal, sino que impide que la gran masa de los habitantes solicite los servicios de profesionales de esas profesiones con la mayor frecuencia. Aunque no conviene a los profesionales involucrados perderse esa clientela, ganan tanto con los honorarios de usura sobre los bienes patrimoniales que pueden permitirse no solo ignorarla, sino cobrar hasta la mitad o una cuarta parte (competencia desleal pero permitida de hecho) a una clientela reducida y aun así quedar con una rica ganancia. 

Pero ¿cómo lograrlo si yo mismo estoy diciendo que el votante costarricense no tiene poder político?  Ya que nos han escogido a toda la veintena de candidatos sin nuestro permiso u opinión, entonces por lo menos deberíamos a) no votar por los de profesiones de las que cobran comisión sobre nuestros bienes en vez de por su trabajo, b) no votar por quienes no hayan demostrado tener fortalezas personales de liderazgo, experiencia en el campo, inteligencia y conocimiento comprobados ni por sus diputados que ellos han escogido y c) votar por quienes tienen la inteligencia y el colmillo necesarios para comprender que nos convendría a todos, comenzando con ellos mismos, lograr las prohibiciones que arriba he descrito. 

Entretanto, del ahogado el sombrero y de los males el menor.  Mi sugerencia no es la solución a los dos problemas nacionales apuntados, pero es un método para decidirnos por quien más probabilidades tendría de estar de acuerdo con nosotros para iniciar la recuperación del poder político para la ciudadanía sin intermediarios que son los dueños de los partidos y del logro de una real justicia social con lo de los honorarios.  ¡Suerte con el sorteo!

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial.

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