Con la misma facilidad con que se libera a narcotraficantes, “agarrados con las manos en la masa”, se condena a un ciudadano que ejerce su derecho a la protesta social. Así de fácil. Aunque ahora “rebuznen” los falsos “defensores” de la falsa “democracia” costarricense.
El Tribunal Penal de Limón condenó a cinco meses de cárcel a Carlos Andrés Pérez, por supuestamente “sabotear las instalaciones del plantel en Moín” en el marco de las protestas nacionales contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en setiembre de 2018, el conocido “Combo Fiscal”, que hoy somete al pueblo costarricense y a la clase trabajadora a más impuestos, congelamiento salarial, despidos, cierre de negocios, desempleo y pobreza.
Se acusa a Carlos Andrés Pérez de supuestamente “dañar” el sistema de válvulas hidráulicas del plantel de RECOPE, lo cual impidió el bombeo de gas licuado de petróleo que se traslada por esos conductos. Esto basado en declaraciones falsas (según abogado defensor) de un policía que lo vio en su ropa de trabajo, sucio y con aceite.
Esta es una sentencia política, no tanto delictiva, y aunque se apelará la sentencia, lo que se busca aquí es sentar un precedente más de acciones legales para amedrentar, intimidar y obligar a la ciudadanía a no ejercer su derecho a protestar cuando las criminales políticas económicas y sociales implementadas por gobiernos corruptos, le afecten directamente a quien protesta y su familia. La clase trabajadora organizada y la ciudadanía no puede permitir este atropello, contra Carlos Andrés Pérez, ni contra cualquier dirigente que en función de la lucha por los derechos humanos sea acusado por este régimen.
No es el primer caso y no va a ser el último, la decisión de reprimir al pueblo en medio de su desempleo y hambre, es una de las tantas maniobras para tratar de evitar las manifestaciones, las marchas, las huelgas, y la protesta en general. De esta forma, mantener el estatus quo de un régimen represor en el cual la corrupción y el narcotráfico avanzan y toman las más altas esferas de la institucionalidad pública, y del Estado mismo.
Esta política de liberar al criminal y condenar a la ciudadanía que ejerce su derecho humano a la protesta social es implementada por gobiernos dictatoriales como el de las dictaduras de Pinochet, Somoza, Batista en Cuba, Figueres Ferrer en 1948 en Costa Rica, así como en Bolivia, en 1971; Chile y Uruguay, en 1973; Argentina, en 1976, Paraguay 1954 y Brasil 1964, entre muchas otras. Hoy, después de mancillar la Constitución Política y permitir la reelección presidencial de Oscar Arias Sánchez, que con maniobras cambiara la Resolución de la misma Sala IV, sin disparar un tiro, los gobiernos neoliberales han impuesto y hecho efectivas las palabras de ese nefasto personaje, Arias Sánchez, aplicar la “dictadura en democracia”, como si hubiera similitud entre ambos términos. Pero es cierto, en Costa Rica vivimos bajo una dictadura, la de una narcomafia políticoempresarial.
La sentencia contra este humilde trabajador tiene la misma significación que la del joven que se “robó 3 picaritas” para solventar su hambre y fue condenado a tres años de cárcel, pero se deja libre a mafiosos de cuello blanco. En el caso de Carlos Andrés Pérez hablamos de un trabajador que, junto a miles y miles de trabajadores y trabajadoras, ejercieron su derecho a manifestarse contra políticas económicas miserables. Hablamos de criminalización de la protesta social porque es la forma política que tiene este régimen dictatorial que vivimos, para tratar de evitar nuevas protestas contra el hambre y la miseria a que nos someten.
“…la criminalización se entenderá fundamentalmente como un proceso consistente en el uso de la represión física y de mecanismos legales y judiciales contra organizaciones y/o movimientos sociales como una forma de control de la protesta social.
El rasgo característico del mencionado proceso sería la llamada judicialización de la protesta, es decir, el uso de la legalidad y la institucionalidad judicial para encausar y procesar a integrantes de organizaciones y movimientos sociales por su participación y acciones en el marco de conflictos y luchas sociales.
No obstante, destacar la dimensión judicial del fenómeno -i.e. la judicialización de la protesta- no supone subordinar la represión, sino resaltar las nuevas funciones que desempeña la institucionalidad judicial en el manejo de la protesta social en la actualidad (Svampa y Pandolfi 2004; Toledo 2007; Artese 2009), en tanto este ha sido el elemento más destacado en la mayoría de la literatura sobre el tema, la cual resalta el uso de los instrumentos legales como un mecanismo de control de la protesta.” 1
La Constitución Política garantiza a la ciudadanía costarricense el derecho al trabajo, la vivienda, la salud, la educación, pero nada de esto se cumple, el Estado costarricense, o mejor dicho, quienes han ejercido esta “dictadura en democracia”, han legislado para unos cuantos, haciéndolos obscenamente millonarios y llevando a la miseria a millones de costarricenses.
Este precedente judicial, que ojalá la apelación se la traiga abajo, vendría a engrosar una página más de ignominias contra el pueblo costarricense, y todos los que han ejercido esta dictadura van a pagar, cuando las páginas de la historia de Costa Rica sean escritas, a puño y letra, por el pueblo.
(*) Martín Rodríguez Espinoza es Periodista
(1)- Alejandro Alvarado Alcázar, La criminalización de la protesta social: Un estadode la cuestión, https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas/
