De cal y de arena
El próximo lunes 5 de setiembre vuelve la Corte Plena a ocuparse de la elección del Presidente del Poder Judicial. Podría salir humo blanco o, como ya ocurrió días atrás, la fumata negra indicaría que ninguna de las candidaturas obtuvo al menos la mitad más uno de los 22 votos del colegio electoral.
Ello siempre y cuando la diosa de la justicia, Temis, no diga lo contrario. O lo que es lo mismo, que inspire e induzca a los muy doctos magistrados de la Sala Constitucional a que den trámite al recurso de amparo promovido por la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD, sindicato de emplanillados de este Poder) en procura de que se declare la impertinencia del voto secreto dentro de los comicios para elegir a quien vaya a ocupar la Presidencia del Poder Judicial. Y acoger para su trámite este recurso, implicaría necesariamente ordenar –como medida cautelar- la suspensión de la votación en tanto se decide el punto de fondo.
Bien podría suceder que esa inspiración divina o la pericia acumulada en todos esos años de escudriñar el arco constitucional del Derecho, lleve a la Sala a negarle curso al recurso en vista de considerar que abriga una pretensión ajena a las cuestiones de constitucionalidad y más propia de la juridicidad.
O sea, que la moneda estaría en el aire por unos días más.
La pretensión de ACOJUD –imponer la modalidad del voto público- es espejo de un sentir ampliamente generalizado en el país: el voto secreto en las elecciones de los más altos funcionarios públicos debe desterrarse por los vicios que incuba, así en punto a la consideración de las razones que inspiren el voto por el candidato como también por un eventual tráfico de intereses, a veces bastardos. Se percibe un sentir mayoritario para que el voto secreto desaparezca de las decisiones para elegir funcionarios, así en votaciones en el Poder Legislativo como en las que tengan lugar en el Poder Judicial.
Y es una demanda de cambio, no de ahora; es de añeja presencia vistos los entretelones de buena parte de las votaciones habidas en esos Poderes.
Curiosamente, empero, ese repudio al voto secreto no ha surgido como tema de campaña entre los aspirantes a la presidencia del Poder Judicial en tiempos pretéritos, como sí está figurando ahora. Llama la atención que en la oratoria de los cinco aspirantes que propusieron su nombre el pasado 29 de agosto apareció descollante el compromiso de imponer el voto razonado y público en las elecciones de las principales autoridades del ámbito del Poder Judicial. ¿Por qué ahora sí y antes no?.
Igual interrogante cabe respecto a ese tema tan mortificante como impertinente y descalificador de la idoneidad y la experticia del juez: el de la mora judicial. Que por lo que se percibe, por las dimensiones que tiene y lo que hace a la obstrucción de la vigencia del principio de la justicia pronta y cumplida, es de suficiente hondura como para desatar una protesta pública que termine en una estampida de calibre similar a la que hubo hace pocos años.
Lo cierto es que esas reglas cardinales en la administración de justicia, no es sino ahora que –a propósito de la elección del sustituto del juez Fernando Cruz Castro en la presidencia de la Corte- como así también la distracción de los magistrados en el manejo administrativo del Poder Judicial, brotan en la agenda de estas votaciones. ¿Por qué ahora y no antes, estos delicados asuntos no desvelaron a los supremos jueces?
Por lo que trasciende, allí en los pasadizos y en los cobijos de las torres en que está presente Temis, hay una bronca descomunal alentada por pasiones e intereses desbordados, en parte marcados por una puja que tiene mucho que ver con el control de las nóminas, de las ventajas a que se tienen acceso desde arriba y del tráfico de influencias.
Grande la diferencia en la gestión de los grandes. Como fueron Víctor Guardia, Enrique Guier, Fernando Baudrit, Fernando Coto, Ulises Odio, Miguel Blanco…
(*) Álvaro Castro es Abogado y Periodista
