Columna Poliédrica
El Poder Judicial tiene una importancia medular en la institucionalidad costarricense. Es claro que su principal función es decidir en relación con los conflictos que se dan, en diferentes materias, dentro de la sociedad costarricense; es decir, eso que llaman administrar justicia consiste en decisiones que toman personas de carne y hueso en relación con los conflictos que son sometidos a su conocimiento, en diferentes jurisdicciones dividas por la materia, por la cuantía, por el territorio, en fin, con base en los diferentes criterios que existen al respecto.
Aunque no de manera directa, la elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) incide en la función fundamental del Poder Judicial. Su poder es principalmente administrativo, lo ejerce por medio de la Presidencia de la CSJ y en el Consejo Superior del Poder Judicial, siendo los nombramientos de los jueces uno de los puntos más sensibles en que puede incidir quien asume la presidencia, aunque algunos se empeñan en decir que ello no es así.
El Presidente de la CSJ es la cara visible del Poder Judicial. Uno esperaría que los miembros de ese órgano colegiado pudieran elegir al mejor Magistrado para ejercer esa responsabilidad, no obstante, en esta elección ese no es el objetivo sino que asistimos a la disputa de, al menos, dos grupos de interés; en otras palabras, en lugar de abogar por una persona que pueda dar al Poder Judicial una imagen de señorío, confianza y probidad ante la población costarricense, se debaten en elegir a dos candidatos que no cumplen con esos aspectos fundamentales.
El Poder Judicial al igual que otras instituciones del Estado costarricense se encuentra en una coyuntura compleja. La persona que se vaya elegir debería tener mucha experiencia política y administrativa, pero no hablamos de la política con p minúscula, sino de la que permite tener altura de miras y llevar al Poder Judicial hacia derroteros que lo vuelvan a posicionar como una instancia respetada y querida por la mayoría de los ciudadanos; en efecto, hablamos de una persona que entienda que la administración debe apoyar a quienes ejercen la función jurisdiccional y no en una especie de aparato para controlar y sancionar a los funcionarios judiciales.
Históricamente han habido elecciones del Presidente de la CSJ que han sido puntos de inflexión para esa institución. Merece la pena recordar el proceso que se dio en 1999 cuando Edgar Cervantes Villalta sometió su nombre a reelección, en aquella oportunidad hubo un conflicto a lo interno de la CSJ que generó la salida de don Edgar y posteriormente, le elección de Luis Paulino Mora Mora; la otra elección, más parecida a la actual en cuanto a los candidatos que se proponen, fue la que llevó a la presidencia de la CSJ a Carlos Chinchilla Sandí y la posterior situación que el Poder Judicial vivió, erosionando de manera importante su imagen pública.
En realidad la situación de la CSJ es parte de la etapa de decadencia en la que estamos. No sabemos hasta cuándo tocaremos fondo, no es la primera vez y seguramente tampoco será la última en que nuestro país y el resto de la humanidad, debamos tocar fondo y así volver sobre una sociedad en que la mayoría de los seres humanos podamos vivir una vida plena en que las instituciones, entre ellas el Poder Judicial, sirvan para que nos desarrollemos como individuos y como colectividad.
Todavía están a tiempo de nombrar a una persona medianamente adecuada para el Poder Judicial, sin embargo, nada hace pensar que las cosas cambiarán en ese poder de la República.
(*) Andi Mirom es Filósofo
