1-. El financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica está regulado por el Código Electoral (Ley No. 8765) y el Reglamento de Financiamiento de los Partidos Políticos y sus Reformas (Decreto 17-2009). Está permitido a los partidos políticos acceder a créditos bancarios respaldados con certificados de cesión de la eventual contribución estatal, siendo requisito comunicarlo al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el cual a su vez hace públicas dichas transacciones en su página web (actualmente están ubicados en esta dirección: https://tse.go.cr/fpp-certificadosdecesion.htm). De manera que los préstamos a los partidos políticos son legales y transparentes y el uso de estos recursos es fiscalizado en tres instancias: el fideicomiso acordado entre el ente financiero y el partido, el auditor interno de cada partido al emitir los estados financieros y dar aval a la liquidación de gastos y, finalmente, el departamento de financiamiento de partidos políticos del TSE. Todo esto a diferencia de las estructuras paralelas denunciadas ante el TSE, que son ilegales y opacas, pues encubren donaciones ilegales de personas jurídicas, personas extranjeras y de personas físicas que pretenden así ocultar su financiamiento de partidos políticos, pre-candidaturas y candidaturas. ¡Cuidado!, estamos en presencia de una cortina de humo diseñada desde Casa Presidencial, para ocultar las ilegales estructuras paralelas, tratando de “embarrialar la cancha” con el fin de confundir a la opinión pública con fake news (noticias falsas) y obstaculizar todas las investigaciones en curso del TSE, la Fiscalía y la Asamblea Legislativa. Quieren desviar la atención en el momento que inició la investigación legislativa, atacando, sin fundamento, al Frente Amplio.
2-. El Frente Amplio en las campañas electorales de los años 2006 y 2010 no utilizó préstamos bancarios. Para la campaña de 2014 solicitó un préstamo al Banco de Costa Rica por ₡720 millones de colones, dejando en garantía ₡1,200 millones de certificados clase A. Para la campaña de 2018 solicitó a los tres bancos estatales entonces existentes, el Banco de Costa Rica, el Banco Crédito Agrícola y el Banco Nacional y éstos los negaron, razón por la cual se acudió a entes privados (ver: https://www.crhoy.com/nacionales/bcr-niega-prestamos-al-frente-amplio-para-financiar-campana/ y https://www.frenteamplio.org/denuncia-financiamiento-desigual/).
En 2018 la campaña fue financiada parcialmente con un préstamo de ₡200 millones de colones de CoopeAlianza (por el que respondieron una veintena de militantes) y un préstamo de ₡300 millones del banco BCT. Igual que en el período anterior tanto el BCR como el BNCR negaron financiamiento para la campaña de 2022, se acudió entonces financiamiento parcial con un préstamo de ₡500 millones de colones del banco BCT. Los préstamos de 2014 y 2018 se cancelaron debidamente después de las elecciones. El préstamo de 2022 se cancelará cuando el TSE emita la resolución sobre la liquidación de los gastos de esta campaña electoral.
3-. Los préstamos bancarios no son ninguna ganga, por eso el Frente Amplio ha abogado por un cambio en el financiamiento estatal y presentó un proyecto de ley para la creación de las franjas electorales, que los haría innecesarios. ¿Por qué no son ninguna ganga? Porque para los bancos es un buen negocio, pero riesgoso porque dependen de que los partidos logren una votación en tal proporción que les permita cubrir sus operaciones. Entonces, cobran todos los intereses del préstamo por adelantado, cobran por adelantado también los honorarios del fideicomiso, comisiones y otros rubros, que hacen que el partido finalmente reciba una suma menor de la que le están prestando. No es un préstamo blando, más bien las condiciones son duras. Aquí en el siguiente cuadro se puede observar que para las elecciones de 2018, el Frente Amplio canceló un préstamo por ₡300 millones de colones pero sólo recibió ₡210 millones de colones para los gastos electorales:
De otro lado el partido tiene que dar en garantía los certificados de la eventual contribución estatal para el Frente Amplio (conocidos como bonos), clase A, en montos muy superiores a los de los préstamos, por ejemplo, para 2022, el préstamo fue por ₡500 millones de colones, pero el Frente Amplio tuvo que entregar en garantía ₡900 millones de colones en bonos, lo que limita otras posibilidades de financiamiento como el canje por publicidad que queda restringido a los bonos clase B. Un tercer inconveniente es que estos préstamos dependen de las encuestas, especialmente de las que contrata en nombre de los partidos políticos el banco, así como puede ser que variaciones menores en el apoyo pueden llevar a que cierren los desembolsos, con la actual volatilidad de electorado eso deja a las agrupaciones en condiciones en que no saben si habrá o no recursos disponibles para la campaña.
4—Los préstamos legales y transparentes de los bancos y otras entidades financieras, como las cooperativas, se han concedido a través de los distintos procesos electorales a varios partidos políticos y su uso como tal no ha sido objeto de denuncias. Las estafas de los partidos al Estado han sido resultado de otro tipo de delincuencia creativa, como las capacitaciones fantasmas, cobrar trabajo voluntario como si fuera remunerado, las flotillas de vehículos inexistentes, mientras otras ilegalidades están vinculadas a la existencia de plataformas paralelas de organización y financiamiento que actúan a la sombra.
5-. El Frente Amplio ha tramitado los préstamos bancarios de 2018 y 2022 a través de su Tesorería y el Comité Ejecutivo Nacional, en consulta con el TSE, y con las personas que el BCT ha designado para estos trámites. Es decir, han participado las personas con representación legal del partido. Nunca ninguna persona, autoridad o candidatura, del Frente Amplio ha conversado con el señor Leonel Baruch para gestionar estos préstamos, ni él ha participado en el proceso de conversaciones previas que suelen ocurrir cuando se solicita un préstamo. Como no pueden hacerlo mirándonos a la cara, y para ocultar sus acciones ilegales, utilizan al troll center de Casa Presidencial para difamar y calumniar al Frente Amplio, sugiriendo algún tipo de subordinación a los intereses del señor Baruch o el sector financiero privado. Nada más falso, no hay un partido político en Costa Rica más independiente de los intereses de los capitales oligárquicos y financieros que el Frente Amplio y eso lo decimos con orgullo y lo puede constatar cualquier persona ciudadana siguiendo la trayectoria de sus diputaciones en la Asamblea Legislativa o los programas de gobierno que se han ofrecido al electorado.
6-. CR-HOY, medio digital del señor Baruch, nunca ha favorecido, ni en su línea editorial ni en su línea informativa al Frente Amplio. Al contrario, sus periodistas y directoras se encuentran entre las personas que, haciendo uso de sus derechos de libre expresión y de libertad de prensa que respetamos, más han vilipendiado al Frente Amplio y a sus diputaciones. Son comunes en este medio los titulares sesgados, la distorsión de opiniones, las citas sacadas de contexto y otras prácticas periodísticas cuestionables. A pesar de lo anterior, el troll center de Casa Presidencial intenta crear un relato sobre un supuesto favorecimiento del medio al Frente Amplio, nada más lejos de la realidad y eso lo puede constatar cualquier persona inteligente que lea ese medio.
7-. Debe detenerse la campaña del odio del troll center de Casa Presidencial. Mejor que el partido de Gobierno dedique sus esfuerzos a defenderse en las instancias de
investigación, políticas y judiciales. El Frente Amplio sigue siendo uno de los partidos políticos que no tiene ningún cuestionamiento ni investigación por parte del TSE. Al Frente Amplio no lo van a doblegar, más bien estos ataques difamatorios nos fortalecen, seguiremos oponiéndonos a las privatizaciones corruptas del BCR y el INS; continuaremos denunciando el favorecimiento de los financiadores, legales o ilegales, de la campaña del PPSD, sean empresarios autobuseros, importadores de arroz, concesionarios de puertos, importadores de vehículos o dueños de bancos privados nacionales y extranjeros.
8-. El Frente Amplio nació para luchar contra la corrupción en el año 2004 y desde el año 2006 su representación parlamentaria en los distintos períodos constitucionales ha sido voz de denuncia permanente. Los desfalcos de los fondos de Asignaciones Familiares y de Compensación Social, los fraudes con los Certificados de Abono Tributario, las estafas con los mal llamados Incentivos Turísticos, el negocio tigre de los cogeneradores eléctricos, los créditos incobrables de BICSA, la Trocha, la quiebra de Yanber, la evasión fiscal develada por los Panama Papers, el Cementazo, la quiebra de Bancrédito y la venta de su edificio, la existencia de estructuras paralelas para el financiamiento de varios partidos políticos en la campaña de 2018, el Caso Cochinilla y el Caso Diamante, son, entre otros, escándalos que han impactado a la opinión pública y que han sido denunciados desde las curules legislativas del Frente Amplio. La posición inquebrantable del Frente Amplio contra la corrupción no ha estado ni estará nunca sujeta a ninguna componenda.
(*) Comité Ejecutivo Nacional del Partido Frente Amplio
ANEXOS
La fuente de los cuadros es el Tribunal Supremo de Elecciones, en la página arriba mencionada.
CAMPAÑA DE 2010. El Frente Amplio no recibió préstamos bancarios.
CAMPAÑA DE 2014. En la página del TSE no aparece el cuadro. Según información de prensa para esta campaña electoral el Partido Liberación Nacional solicitó a LAFISE ₡6,300 millones de colones, el Movimiento
Libertario y el Partido Acción Ciudadana solicitaron a ese banco LAFISE ₡2,500 millones de colones cada uno y el Frente Amplio acordó con el
Banco de Costa Rica un préstamo por ₡720 millones de colones.
CAMPAÑA DE 2018. El Frente Amplio se financió parcialmente con un préstamo del BCT por ₡300 millones de colones y respondieron como garantía ₡600 millones de colones en certificados clase A.
CAMPAÑA 2022. El Frente Amplio se financió parcialmente con un préstamo del BCT por ₡500 millones de colones y respondieron como garantía ₡900 millones de colones en certificados clase A.
