Tel Aviv, 7 ene (Prensa Latina) Dos exdiputados árabe-israelíes condenaron hoy las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Benjamin Netanyahu contra la Autoridad Nacional Palestina por acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para denunciar la ocupación.
Las acciones aplicadas contra el pueblo palestino son una violación más de las obligaciones de Tel Aviv bajo el derecho internacional y los acuerdos rubricados, afirmó en Twitter el político Sami Abou Shahadeh.
Además, reafirman las acusaciones sobre la ocupación de las tierras palestinas, manifestó.
En la misma red social, el exparlamentario Mossi Raz criticó también las medidas del Gabinete.
“Entre las sanciones más criminales que se decidieron: Congelar los planes de construcción para los palestinos. Los niños no tendrán techo sobre sus cabezas porque alguien miró a La Haya. Así es como se ve la ocupación criminal”, afirmó Raz en alusión a la ciudad donde está ubicada la CIJ.
Hace una semana, ante un pedido palestino, la Asamblea General de la ONU solicitó a la CIJ un dictamen sobre el “significado legal de la ocupación israelí”.
Aprobada por 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones, la iniciativa pide también a ese órgano de justicia pronunciarse sobre el conflicto y que investigue las leyes discriminatorias y las medidas de Tel Aviv para cambiar la composición demográfica de Jerusalén oriental.
La cancillería palestina celebró entonces la votación y resaltó la importancia de pedir a la CIJ una opinión de asesoramiento legal sobre la naturaleza de la ocupación israelí y la necesidad de definir las responsabilidades y deberes de la comunidad internacional ante el tema.
En respuesta, Israel paralizó todas las construcciones palestinas en el área C, una zona que representa el 60 por ciento de Cisjordania y bajo control directo israelí desde 1967.
Además, anunció la incautación de 139 millones de séqueles (unos 39 millones de dólares) de los fondos fiscales recaudados en nombre del gobierno palestino y la adopción de medidas contra las organizaciones que promuevan “cualquier actividad hostil” hacia el Estado judío, incluida acciones políticas y legales.
Ante la situación, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) rechazó tales acciones y ratificó que continuará la lucha política, diplomática y legal para poner fin a la ocupación.
Los derechos de los palestinos no son negociables, advirtió en un comunicado el portavoz de la ANP, Nabil Abu Rudeina.
En otro comunicado, el primer ministro Mohammad Shtayyeh criticó también el robo de los fondos palestinos por parte de la vecina nación.
