Santa Cruz (Bolivia), 19 ene (Sputnik).- El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es un político opositor controvertido en Bolivia, porque representa la renovación para unos y para otros es el impulsor del Golpe de Estado de 2019 contra el ex presidente Evo Morales (2006-2019).
En la actualidad, el político de 44 años de edad gobierna el mayor departamento de Bolivia desde una cárcel de máxima seguridad en el departamento de La Paz (oeste), donde cumple una detención preventiva por cuatro meses, mientras se desarrolla la investigación del mencionada «coup», a fines del 2020.
El politólogo Paul Antonio Coca, profesor de la Universidad Católica Boliviana (UCB), advirtió a la Agencia Sputnik que hay una dualidad en la figura de Camacho que debe ser diferenciada.
Por una parte, explica, esta el Camacho que lideró las movilizaciones de 2019 contra el intento de Morales de repostularse a un cuarto mandato, cuando no correspondía, y generó un movimiento de unidad nacional por el que ahora es procesado.
“Y también tenemos al Camacho gobernador, que a diferencia de la expresidenta Jeanine Añez (2019-2020) y Marco Antonio Pumari (cívico del departamento de Potosí), consiguió tener respaldo popular y hacerse de un cargo público en el departamento más opositor de Bolivia. Eso significa que existe una interesante simbiosis entre Santa Cruz y Camacho, en base a la renovación política que representa», dijo el analista político.
Camacho optó por la gobernación de Santa Cruz en marzo de 2021, ganando con el 55,6 por ciento de los votos, tras su fracaso en las elecciones presidenciales de octubre del 2020, cuando se impuso el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce (55 por ciento).
También es un empresario de seguros y abogado de profesión, que saltó a la arena política desde el Comité pro Santa Cruz, una organización cívica que defiende los intereses de la región.
Comenzó su carrera en 2012 como dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista (grupo de choque cívico), en 2015 llegó a ocupar la segunda vicepresidencia del Comité pro Santa Cruz, después la primera vicepresidencia en 2017, hasta que logró ser elegido como presidente de la entidad regional en febrero de 2019.
En su gestión usó la estrategia del paro de actividades cívico en el departamento más próspero de Bolivia como medida de presión para lograr sus objetivos, primero contra el gobierno de Morales, y luego contra Arce.
“Tras el fraude electoral del MAS del 20 de octubre de 2019, convocó a un paro cívico indefinido, unificando al pueblo boliviano en defensa de la democracia y liderizó la lucha pacífica que concluyó tras 21 días, con la dimisión de Evo Morales y la posesión de un gobierno transitorio”, reza el resumen de su trayectoria, enviado a la Agencia Sputnik por la Gobernación de Santa Cruz.
Entonces, Camacho lideró movilizaciones desde Santa Cruz, promovió la rebelión policial y militar para precipitar la caída de Morales, el 10 de octubre de 2019, tras más de 13 años en el poder.
«Renuncio para que [Carlos] Mesa (2003-2005) y [Luis Fernando] Camacho no sigan maltratando a los familiares de nuestros compañeros, no sigan atacando a los ministros y diputados, para que dejen de maltratar a los más humildes”, dijo Morales, en aquella oportunidad.
Por esta actuación del entonces líder cívico, la diputada del MAS por La Paz, Lidia Patty, denunció a Camacho por acciones de terrorismo en 2019, por lo que el pasado 28 de diciembre de 2022 fue aprehendido.
Consultado sobre si la carrera política de Camacho puede terminar con su detención, Coca no se animó a decir si el gobernador cruceño sería candidato en las presidenciales de 2025, pues hasta entonces puede darse el caso de una sentencia ejecutoriada que lo inhabilite para cualquier postulación.
Los seguidores de Camacho continúan con movilizaciones desde el pasado 28 de diciembre, pero Coca estima que si las protestas no llegan a La Paz, sede del Gobierno, no surtirán ningún efecto.
Golpista
Para David Inca, representante de familiares de las 37 víctimas de la gestión de Añez, en las masacres de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba), Camacho incitó a la violencia en 2019 y fue parte del gobierno transitorio con la designación de tres ministros de su confianza.
“Él es co-responsable de los sucesos de 2019, de las masacres. Jurídicamente, él no es autor material de lo ocurrido, pero entra otra figura penal internacional denominada autoría mediata. Bajo esa figura si podemos pedir la ampliación de la denuncia en los casos de Sacaba y Senkata como autor mediato”, argumentó Inca, consultado por Sputnik.
El activista por los derechos humanos lamenta que en tres años haya poco avance en las investigaciones y ve que aún resta mucho para llegar hasta la sentencia.
Por su parte, la exdiputada Patty, que presentó la denuncia contra Camacho a fines del 2020, dijo a Sputnik que se debe esclarecer lo ocurrido en noviembre de 2019 y dar con los autores materiales y los financiadores del golpe de Estado contra Morales .
“A pedido del pueblo boliviano iniciamos la denuncia para que se investigue. También yo viví el Golpe de Estado, cuando se desestabilizó a un presidente electo”, relató.
La ex legisladora indígena aboga incansablemente por justicia y que no haya impunidad para Camacho.
“Tiene que ser sentenciado a 30 años de cárcel, ya hay declaraciones y pruebas”, expresó. (Sputnik)
Camacho, el controvertido opositor boliviano cuyo futuro está en duda por golpismo
