Ciudad de México, 1 feb (Sputnik).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a México protección urgente a una comunidad jesuita del norte del país, donde el año pasado fueron asesinados por delincuentes dos sacerdotes y dos laicos en un templo católico, informó este miércoles un organismo de la orden religiosa Compañía de Jesús.
«La CIDH otorgó medidas cautelares a once integrantes de la comunidad jesuita, tras considerar que se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable, grave y urgente», informó el Centro de Derechos Humanos ‘Agustín Pro SJ’ de esa orden religiosa.
Los sacerdotes jesuitas Javier Campos (78 años) y Joaquín Mora (81) fueron asesinados dentro de una iglesia en Urique, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua (norte), en momentos en que otra persona era atacada por los autores del crimen, quienes secuestraron y asesinaron a otra, el 22 de junio de 2022.
«Las medidas son otorgadas a 11 integrantes de la comunidad jesuita, en riesgo tras el asesinato de los sacerdotes», detalla un comunicado del centro jesuita.
Los religiosos que vivieron durante décadas en las sierras del norte del país junto a las comunidades indígenas tarahumaras fueron asesinados junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza.
El principal riesgo es la falta de castigo hasta la fecha para los asesinos ya identificados, bajo el mando de José Noriel Portillo, apodado «El Chueco».
«La impunidad que prevalece a más de siete meses de los asesinatos de Javier y Joaquín es la primera causa de riesgo tanto para la comunidad jesuita, religiosas y para habitantes de la zona», indica el centro defensor de víctimas de abusos.
El perpetrador de los asesinatos no ha sido detenido, además, «la violencia en la región es incesante y el riesgo subsiste», alerta el organismo jesuita.
Junto con el Centro de DDHH de las Mujeres, y las Comisión de Solidaridad y DDHH, la institución de la orden católica presentó una solicitud de medidas cautelares a la CIDH, que respaldó el pedido.
El 22 de enero el organismo del sistema interamericano de derechos humanos emitió la Resolución 2/2023, en la cual advirtió sobre una «situación de violencia e inseguridad que afecta especialmente a las comunidades de la Sierra Tarahumara, Chihuahua (norte)».
Tras recibir información de las autoridades mexicanas sobre el caso, la CIDH consideró que «aún no se ha implementado un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las personas en riesgo».
Estimó también que la impunidad imperante aumenta el peligro que enfrentan los religiosos.
La solicitud específica al Estado mexicano es que «adopte medidas para proteger la vida e integridad de las personas beneficiarias; así como aquellas medidas que les permitan continuar realizando sus labores pastorales y de defensa de derechos humanos, sin ser sujetos a más actos de amenazas o violencia».
Para lograr ese fin, llama a las autoridades mexicanas a concertar acciones con la participación de la comunidad jesuita y sus representantes, y solicita un informe de las acciones emprendidas para investigar los homicidios.
«Si no hay consecuencias legales por esos eventos, se asentará un mensaje de permisividad frente a la violencia en la región», puntualiza la resolución.
La jerarquía de la Compañía de Jesús, congregación a la que pertenece el papa Francisco, agradeció a la CIDH su «oportuna intervención», y la considera como una muestra de la relevancia del sistema interamericano.
«La Sierra Tarahumara aún espera la paz con justicia, dignidad, derechos humanos y reconstrucción del tejido social», expresan los jesuitas.
Finalmente, la orden religiosa llama a las instituciones responsables de las medidas de protección, para que sean implementadas a la brevedad, en coordinación entre las instituciones federales y de Chihuahua, y en diálogo con las personas víctimas de las amenazas. (Sputnik)
CIDH pide a México protección urgente a comunidad donde asesinaron a jesuitas
