San José, 2 mar (Elpaís.cr).- El abogado ambientalista Álvaro Sagot denuncia a la Procuraduría General de la República (PGR), porque no quiere demandar a Industrias Infinito y se pregunta si ¿protege la venta de sus propiedades?
La empresa canadiense Infinito Gold, mediante Industrias Infinito, pretendía construir un explotación minera de oro a cielo abierto en Crucitas, San Carlos, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
Este es uno de los casos de corrupción más importantes que ha afectado a Costa Rica y es gracias a las denuncias por parte de organizaciones y abogados ambientalistas que el Tribunal Contencioso Administrativo en 2010 anuló la concesión otorgada a la empresa canadiense en 2008, durante el gobierno de Óscar Arias Sánchez (2006-2010).
Sagot Rodriguez explicó que este miércoles participó, en representación de la sociedad civil, en una audiencia sobre el caso Crucitas de Ejecución de Sentencia en el Tribunal Contencioso Administrativo, que fue reafirmada en noviembre del 2011 tras la interposición de un recurso de casación.
Posteriormente se conformó un equipo para asignar valor monetario al daño ambiental y se fijo este entre $6 y $10 millones; sin embargo, la empresa vendió las cinco fincas que poseía en Crucitas de Cutris, zona norte de Costa Rica.
Edgardo Araya, abogado ambientalista, advirtió en una ocasión que estos costes tendrán que ser asumidos mayormente por el Estado, pues de la empresa sólo se obtendrán unos $600.000 que fueron retenidos por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) como garantía ambiental.
¿De qué lado está la PGR?
Por su parte, Sagor añadió que anteriormente la jueza ejecutora autorizó levantar anotaciones a las propiedades que una empresa en el 2015 había comprado cinco fincas a Industrias Infinito.
«Nosotros apelamos y el juez revocó el levantamiento dándonos la razón. Ahora sigue demandar a Industrias Infinito para anular las 5 ventas, pero la Procuraduría no quiere», explicó el abogado.
«Lo peor que nótamos en la audiencia es que la Procuraduría sigue queriendo hacerle el juego a la empresa, pues dijo que la sentencia del 2010 no se podía ejecutar en ni ningún lado, porque el Estado no podía entrar a las fincas de un tercero a corregir o recuperar nada!!», explicó.
Para Sagot, «el Estado sí podría entrar si las fincas pertenecieran a industrias infinito pero negligentemente desde la Procuraduría quieren que la sociedad civil les haga el trabajo».
«Hoy se repitió de nuevo el bochornoso evento donde se apreció a una procuradora que dice que la sentencia es de papel nada más, dejando burlada a la sociedad civil», Expresó.
De acuerdo con Sagot, «las preguntas que nos hacemos son por qué la Procuraduría no está actuando defendiendo los intereses nacionales? Por qué se niega a presentar una demanda contra industrias infinito para que las propiedades cumplan una función ambiental y regresen a esa empresa?».
Además, puntualizó «quién da la orden en la Procuraduría de no apelar y de dejar el trabajo a cargo de la sociedad civil? La procuraduría está abandonando a Costa Rica», apostilló.
«Por qué la Procuraduría no quiere demandar a Industrias Infinito y le protege la venta de sus propiedades?», concluye el abogado Sagot Rodríguez.
Gracias por este comentario tan acertado. Creo que el convenio commercial que Costa Rica firmó con Canadá debería de ser revisado de inmediato. Qué tal convenio tenga cláusulas que permite a un empresa como Infinito Gold llevar a Costa Rica a una corte internacional sin que en el mismo convenio exista posibilidad para Costa llevar a una empresa privada como Infinito por destruction del medio ambiente y intento de sobornar a un ex-Presidente al mismo corte internacional….para decir algo…no es justo!