Quito, 4 abr (Prensa Latina) Un contrato de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con la compañía Amazonas Tanker Pool detonó el proceso de juicio político que enfrenta hoy el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acusado de peculado (malversación).
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) inició ya los trámites del procedimiento que pudiera anticipar el fin del mandato de Lasso, luego de que la Corte Constitucional diera luz verde a la solicitud.
Durante la sesión, el jefe de esa mesa legislativa, Fernando Villavicencio, señaló que únicamente tratarán el peculado y las pruebas válidas serán las relacionadas con esa acusación.
Para Villavicencio, no tendrán cabida en los debates las denuncias por corrupción en la estatal Petroecuador, ni los supuestos vínculos con el narcotráfico y la mafia albanesa a través de su cuñado Danilo Carrera y su operador Rubén Cherres, asesinado el pasado viernes.
Ese criterio fue rebatido por otros asambleístas, como Roberto Cuero, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), quien advirtió que no se trata de un juicio penal, sino político, y puntualizó cómo en ese proceso “se juega el futuro del país”.
Villavicencio se cree capataz en lugar de presidente de una comisión legislativa, manifestó el parlamentario Ricardo Ulcuango, también de UNES, y agregó que “en su desesperación por defender a un gobierno corrupto, se destapa como lo que es, un simple operador de Lasso”.
El juicio político fue presentado por los asambleístas Viviana Veloz, de UNES; Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano; Mireya Pazmiño, representante de Pachakutik; y Rodrigo Fajardo, de Izquierda Democrática.
La acusación que aceptó la Corte Constitucional se refiere específicamente a aparentes irregularidades en la contratación de buques para el transporte de crudo por parte de Flopec en 2018.
Lasso se justificó y manifestó que la prueba en la cual basan la acusación fue firmada antes de él ser presidente y, según dijo, la Fiscalía ni siquiera ha abierto una investigación por ese motivo.
Sin embargo, el expediente señala que el exgerente general de Flopec Johnny Estupiñán notificó en dos ocasiones al gobernante de los hechos ilícitos en los contratos con Amazonas Tanker Pool.
Independientemente de las acusaciones, existen otras denuncias, que si bien no fueron aceptadas por la Corte, sí crean un contexto desfavorable para el presidente.
Lasso llegó a este punto luego de que el medio digital La Posta sacara a la luz a inicios de este año audios y documentos que vinculan a su cuñado Danilo Carrera con hechos de corrupción de los cuales al parecer el jefe del Ejecutivo tenía conocimiento y no hizo nada al respecto.
También estalló un escándalo por supuestos nexos del Gobierno con el narcotráfico, en particular con la mafia albanesa a través de Carrera y de su operador Rubén Cherres, quien fue asesinado el pasado viernes y de esa forma mucha información clave para el caso quedó en silencio.
Ante ese panorama, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) consideró que independientemente de la acusación enmarcada en el peculado, es necesario discutir otros temas, como la relación con la mafia albanesa y el homicidio de Cherres.
