Ciudad de Panamá, 11 abr (Prensa Latina) Aun sin estar sancionado, el contrato entre el Gobierno y Minera Panamá recibe hoy críticas por el manejo de fondos y el impacto que tendrá en las comunidades y programas sociales.
Sobre la distribución de los 375 millones de dólares anuales que deberá aportar al Estado la filial de la trasnacional canadiense First Quantum por utilidades, el Ejecutivo nombrará cuatro integrantes de una junta directiva que administrarán el fideicomiso, ninguno de ellos de agrupaciones campesinas ni organizaciones populares, según denunciaron.
Otros tres integrantes de ese colectivo serán el diputado del circuito donde está la concesión para la extracción de cobre en la provincia de Colón y los alcaldes de los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera, respectivamente.
Sobre esta decisión el diputado del Partido Panameñista Luis Ernesto Carles señaló que ningún legislador debe estar en la administración de ningún fideicomiso.
Aunque el convenio establece la participación de los gobiernos locales para gestionar proyectos como electrificación, carreteras y caminos, también la ambientalista Raisa Banfield cuestionó la presencia de diputados en una junta directiva del manejo de fondos.
La activista dijo que todo el contrato, el cual además es inconstitucional, está enfocado en generar un enclave que tiene una administración colonial.
De otra parte analistas señalan que es insuficiente el aporte de la minera con el 50 por ciento de las regalías anuales – unos 200 millones de dólares- para respaldar el subsistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), programa con el que financia las pensiones la Caja de Seguro Social (CSS).
Al año, la CSS desembolsa aproximadamente dos mil millones en el pago a los jubilados y pensionados, cifra que va creciendo a medida que la población que forma parte de este programa envejece y llega a la edad de su retiro laboral.
Las reservas, que se constituyeron como el ahorro del IVM, llegan a un punto de quiebre porque se utilizan para hacerle frente a los gastos corrientes, indicaron.
El problema es de proporciones extraordinarias cuando por cada dólar que entra en concepto de cuotas obrero-patronal prácticamente salen dos dólares para el pago de las pensiones, según los estudios sobre el tema.
De ahí que se calcula que en 2024 ya no quedarán más reservas y el aporte minero será apenas una curita para una gran herida.
