Ciudad de Panamá, 13 abr (Sputnik).- El partido panameño Movimiento Otro Camino (MOCA, centroderecha) rechazó este jueves por su falta de transparencia el nuevo contrato minero por el gobierno del presidente Laurentino «Nito» Cortizo con la trasnacional canadiense First Quantum, firmado en marzo pasado.
«Todas las preocupaciones que el Movimiento Otro Camino había expresado con relación a la opacidad del nuevo texto del contrato minero, y que se negoció totalmente a espaldas de la ciudadanía, son fundadas», expuso la formación política en un comunicado.
El nuevo convenio, suscrito luego de un año de diferencias, otorgó a la compañía canadiense la explotación por 20 años del mineral extraído del mayor filón de cobre de Centroamérica, pautando ingresos mínimos anuales por unos 390 millones de dólares para el Estado panameño por concepto de regalías.
MOCA alerta que el Estado panameño renuncia así a derechos fundamentales al conceder a la trasnacional minera prerrogativas que comprometen seriamente el futuro del país y de sus recursos naturales.
En su llamado, el Movimiento alude al deber ciudadano de levantar las alarmas y denunciar las graves lesiones que para la integridad nacional conlleva el nuevo contrato minero.
«Exigimos que de forma inmediata, el gobierno nacional declare una moratoria minera en el resto del país, tal como lo propusieron los ciudadanos en el Pacto Bicentenario, y que no ha sido cumplido», demandó MOCA.
El polémico contrato autoriza la extracción de minerales no metálicos, como piedra, arena y cascajo, cuya extracción indiscriminada puede provocar graves daños ambientales: una tonelada de cobre demanda 115 metros cúbicos de agua de río, y First Quantum apenas paga dos centavos de dólar por cada uno de ellos.
«Nos parece extremadamente grave el derecho que se le otorga a la mina para solicitar a la Autoridad de Aeronáutica Civil la restricción de vuelos temporales o permanentes, sobre el área de concesión, hasta 3.000 metros de altura. Pareciera que esta medida lo único que busca es evitar las posibilidades de monitoreo que se puedan tener en el futuro mediante drones, helicópteros u otros medios», cuestiona MOCA.
Una denuncia similar fue emitida el pasado 28 de marzo por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), que alerta sobre los riesgos para la soberanía nacional.
«Lo verdaderamente peligroso y grave es que este contrato leonino que afianza el enclave colonial pretende convertirse en el marco regulatorio para futuras concesiones, incluido Cerro Colorado, y ya no sería el enclave de 1.432 kilómetros cuadrados que fue de la Zona del Canal, sino que sería casi la mitad del territorio nacional que ha sido pedido para concesiones mineras», denunció Frenadeso entonces.
El conflicto de intereses entre la administración Cortizo y la compañía canadiense databa de 2021, pero se acentuó a partir del 15 de diciembre de 2022, cuando el gobierno decidió suspender las operaciones de la mina ubicada a 240 kilómetros de la capital canalera, en la norteña provincia de Colón.
Al final, el Gobierno de Panamá y la empresa Minera Panamá S.A., afiliada local de First Quantum Minerals, acordaron el 8 de marzo el contrato para reabrir la explotación del codiciado yacimiento de cobre.
Las primeras ventas de concentrado de cobre realizadas por Minera Panamá tuvieron lugar en junio de 2019 y reportes de la empresa indican que el valor de sus ventas al exterior en 2021 superó los 2.813 millones de dólares. (Sputnik)
