Ciudad de Panamá, 18 abr (Prensa Latina) Un grupo de jubilados y pensionados de Panamá cerró hoy las vías de acceso a la Asamblea Nacional (parlamento) en demanda de mayor atención al sector.
Los manifestantes exigieron un bono permanente a partir de los meses de abril, agosto y diciembre de este año y cuyos dineros provengan del Presupuesto General del Estado y no de la Caja del Seguro Social (CSS), actualmente en crisis.
El pasado 13 de abril, en un comunicado del Ministerio de la Presidencia se anunció que emitirían un bono anual de 220 dólares a pagar en tres partidas para esta población.
Según estadísticas de la CSS los nuevos bonos representarían un costo anual de 66 millones de dólares para unos 300 mil pensionados y pensionados; pero en los próximos cinco años, su se suman los gastos del llamado programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que cada año incorpora unos 20 mil beneficiados, el gasto ascendería a 90 millones de dólares.
En su protesta, el colectivo denominado Movimiento Mundos por los Jubilados y Pensionados, adjunto a la Coordinadora Nacional de ese grupo, también acusaron a las autoridades de la pérdida de calidad de vida, además, de que requieren del abastecimiento de medicamentos, así como cubrir otras necesidades básicas.
En enero pasado, pese a reiteradas demandas populares, el director de la CSS, Enrique Lau, reveló que aún está por definirse el inicio del diálogo sobre la crisis financiera de esa institución.
El funcionario que para comenzar esas pláticas y proponer soluciones esperan por más detalles de un informe entregado el pasado año por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que aborda el futuro del deficitario sistema de pensiones en el istmo.
El funcionario explicó que se necesitan propuestas de posibles escenarios para afrontar la crisis, un tema que para líderes comunales y también del sector empresarial si se sigue dilatando, atentará contra la economía y el clima de paz social.
La llamada Mesa de Diálogo por la CSS se creó a finales de 2020, pero en septiembre de 2022 el país recibió un informe de la OIT, en el cual advierte que el subsistema de IVM quedará sin fondos en 2024.
Los colectivos sociales han alertado sobre las medidas paramétricas de carácter neoliberal que podría adoptar el Ejecutivo, entre ellas elevar la edad de jubilación, incrementar la cuota mensual obrera y reducir los beneficios para asegurados y sus familiares, al tiempo que llamaron a estar alertas en movilizaciones permanentes.
