Lima, 8 may (Sputnik).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se deslindó de una presunta responsabilidad sobre las muertes de civiles en las recientes protestas contra el Gobierno, atribuyendo los hechos a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
«Los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tienen. Ellos tienen su propia ley, pero también sus propios protocolos. ¿A quién obedecen? A sus comandos. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, los protocolos los deciden ellos», dijo Boluarte al diario local El Comercio.
Según la Constitución peruana, en su artículo 273 se señala que «el presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales».
Esto implica que el presidente tiene responsabilidad sobre las acciones que las fuerzas del orden ejecutan bajo su mandato como jefe supremo.
Con estas declaraciones, la jefa de Estado estaría aceptando que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional actuaron bajo iniciativa propia en las manifestaciones.
Estas manifestaciones tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
En ellas y según datos de la Defensoría peruana, 61 personas fallecieron.
De ese total, 49 civiles murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, 11 civiles fallecieron por acciones indirectas causadas por las protestas y un policía murió presuntamente a manos de manifestantes.
Según un informe publicado la semana pasada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante la represión de las fuerzas del orden en las manifestaciones contra el Gobierno se registraron ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Las protestas reclamaban la salida de Boluarte y de los miembros del actual Congreso a través del adelanto de elecciones generales. (Sputnik)
Para Dina Boluarte y la maffia que gobierna en el Perú las víctimas de la represión ni siquiera son seres humanos. De ahí la facilidad aparente con la que ella y el premier Alberto Otárola se deslindan de sus responsabilidades, sólo que olvidan el hecho de que esos delitos contra los derechos humanos no prescriben. Ya les llegará el momento en que deban responder por esos crímenes.