Quito, 17 may (Sputnik).- La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Ecuador dio inicio el martes al juicio político contra presidente Guillermo Lasso, acusado de peculado o malversación de recursos del Estado, y escuchó su alegato.
La legisladora Viviana Veloz, de bancada Unión por la Esperanza (UNES, izquierda), una de las interpelantes en el juicio político, cuestionó la defensa del primer mandatario al señalar que no presentó pruebas y no pudo desvirtuar el presunto delito de peculado que se le imputa.
«La defensa del primer mandatario la verdad no fue una defensa. Ha confundido que venir aquí sobre la base de este juicio político ha sido darle un informe a la nación. (Fue) una defensa sin pruebas, una defensa sin argumentos, que no ha podido desvirtuar los hechos que se le encausan y las pruebas que nosotros hemos aportado durante todo el proceso», dijo la legisladora a la emisora local Radio Pichincha.
El presidente es señalado por su responsabilidad política por no haber suspendido un polémico contrato entre la empresa estatal Flopec y el conglomerado Amazonas Tankers, para la transportación del crudo ecuatoriano, el cual habría ocasionado un perjuicio para el Estado por 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado.
Al mandatario se le cuestiona la designación de un gerente de empresas coordinadoras de compañías públicas con poderes para manejar 12 entidades del Estado que movilizaban unos 13.000 millones de dólares, entre otros indicios de corrupción, luego de la denuncia de un medio público que implicó en esta presunta trama a su cuñado, el empresario Danilo Carrera, y el amigo de este, Rubén Chérrez, asesinado recientemente.
Alegato
En su alegato, Lasso rechazó que durante su Gobierno se haya firmado un contrato entre ambas empresas, por el que fue aprobado este proceso en su contra, y señaló que, por el contrario, la estatal obtuvo ganancias millonarias el año pasado.
Sin embargo, el diputado interpelante Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC, derecha), dijo que sí existen pruebas de que fue firmado un nuevo contrato entre ambas empresas públicas en 2022.
El jefe de Estado solo utilizó 45 minutos de las tres horas que tenía para presentar sus alegatos de defensa y luego abandonó la sede de la Asamblea Nacional sin hacer uso a su derecho a la réplica.
En cambio, la diputada interpelante presentó un video donde Johnny Estupiñán, exgerente de Flopec, señala que sí se firmaron dos contratos en 2022 y que los ingresos de crecimiento de la empresa se debieron al gran incremento del 700 por ciento de los fletes debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.
Veloz, quien encabezó la comisión legislativa multipartidista que investigó la denuncia del caso «El Padrino», por indicios de compra y ventas de contratos en el sector público, confirmó que ya ingresó la moción presentada por ella al iniciar esta sesión plenaria y en la cual se propone la censura y destitución del mandatario.
«La moción concluye la censura y la destitución del presidente de la república, Guillermo Lasso», indicó.
Sobre ese documento deberán pronunciarse en una nueva sesión plenaria los 137 integrantes del órgano parlamentario.
Debate
El diputado Mario Ruiz, de la bancada de Pachakutik (izquierda), dijo que en este juicio político hay intereses personales de grupos políticos que están por encima de la mayoría del pueblo ecuatoriano, en alusión a UNES, mientras que, hasta ahora, no hay una sola denuncia en la Fiscalía sobre los presuntos cargos repartidos por el gobierno para comprar votos en este proceso.
Por su parte, Patricia Núñez, de UNES, dijo que es falso que no se haya probado en la sesión que existe el peculado y que, por el contrario, se demostró la responsabilidad política del mandatario en la corrupción.
La legisladora recordó a Lasso que fue él quien expidió el decreto 163, «con el que mutiló el artículo 7 de la Ley de Empresas Públicas para permitir que gente sin experiencia pero aliados a la banca lleguen a estas empresas públicas, entre ellas a Flopec».
Núñez expuso que no es casual que el responsable del contrato Amazon Tankers en diciembre de 2022, Osvaldo Rosero, antes de llegar a ese cargo haya sido asesor presidencial, ni que Joaquín Ponce Días, gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, se desempeñara como asesor jurídico en el Palacio de Carondelet (sede gubernamental), entre otros.
Hasta las 19:00 hora local (24:00 GMT) habían intervenido en la discusión parlamentaria 17 legisladores y estaban inscritos 54, por lo cual se auguraba una larga jornada.
Esta primera sesión de debates estuvo marcada por algunos exabruptos e insultos entre los legisladores, mientras en las afueras de la Asamblea permanecían cientos de ciudadanos que llegaron en buses a Quito desde provincia para apoyar a Lasso, quienes, según señalan en las redes sociales, son trabajadores del sector público movilizados por el gobierno.
Entre los manifestantes también había presencia de representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE), de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (FEUE) y del Frente Popular, que respaldan la censura del jefe de Estado.
Tras el inicio del juicio político, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, tiene un plazo de cinco días para convocar a otra sesión para la votación final.
En caso de que 92 de los 137 asambleístas voten a favor de la censura y destitución del presidente, el vicemandatario Alfredo Borrero tendrá que asumir la primera magistratura hasta 2025, en que concluye el período de mandato para el cual fue electo el actual Gobierno.
Lasso insiste en que se trata de un intento de «golpe parlamentario» y ha advertido con activar la «muerte cruzada» en caso de no tener los votos para salvarse de la censura.
Esa herramienta, registrada en el artículo 148 de la Constitución de 2008, otorga la facultad al mandatario de la República de disolver el órgano parlamentario y posteriormente convocar a elecciones anticipadas. (Sputnik)
