Quito, 18 may (Sputnik).- Los exlegisladores ecuatorianos Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC), y Yeseña Guamaní, de Izquierda Democrática (ID), presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el decreto 741 emitido por el presidente Guillermo Lasso, que activó la «muerte cruzada» para disolver el Parlamento.
«Muerte cruzada, inconstitucional, sin efecto jurídico, inconveniente y disfraz de dictadura», señala Torres en un comunicado firmado también por Jaime Nebot, presidente vitalicio del PSC, y Alfredo Serrano, presidente del PSC.
En el documento indican que el hecho de que el presidente está siendo enjuiciado políticamente, con apego a la Constitución y con autorización de la Corte Constitucional, no lo habilita jurídicamente para emplear el citado mecanismo.
Más temprano, el Movimiento Unión por la Esperanza (UNES) calificó el decreto como «acción desesperada e inconstitucional» y añadió que esta es una evidencia del triunfo del juicio político contra el presidente, que había iniciado el martes por presunto peculado en un contrato que habría causado un perjuicio millonario al Estado.
Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en declaraciones a la prensa exigió a la Corte Constitucional que se pronuncie de forma inmediata sobre la Constitucionalidad 741, y calificó como una ‘inminente dictadura’ la decisión del mandatario de disolver la Asamblea.
Por su parte, el Frente Popular que aglutina a varias organizaciones sociales, así con la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y el colectivo Mujeres por el Cambio, señalaron que es inconstitucional el decreto 741 y anunciaron que defenderán los intereses de la mayoría de los ecuatorianos. (Sputnik)
