Ciudad de México, 19 may (Sputnik).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de México invalidó el jueves con ocho votos de sus once integrantes un acuerdo del Poder Ejecutivo, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que declaraba como asuntos de «seguridad nacional» a las obras públicas estratégicas como el turístico Tren Maya, una refinería, un aeropuerto internacional y un corredor interoceánico.
El pleno del máximo tribunal «invalidó el acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo», dice el dictamen aprobado.
Este dictamen es resultado del análisis de las impugnaciones formuladas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ante los obstáculos impuestos por el Ejecutivo para transparentar la ejecución de obras prioritarias para el Gobierno de López Obrador.
El dictamen
La SCJN determinó, por mayoría de ocho de 11 votos, que dicho Acuerdo permitía, al declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de diversos sectores, «que toda la información relativa pudiera ser considerada como reservada».
Además, la Corte Suprema consideró que el acuerdo del Ejecutivo «desnaturalizaba el carácter excepcional del recurso de revisión que puede promover la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en contra de las determinaciones del INAI» ante la Suprema Corte.
Esa orden presidencial dificultaba el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las autoridades; y «convertía esas obligaciones en mecanismos ineficaces para garantizar el control ciudadano del actuar público», contrario al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información, agregó.
Finalmente, el Poder Judicial determinó que la Presidencia restringía la facultad del INAI para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Ante recientes fallos en contra del Ejecutivo de parte de la Corte Suprema, como el intento de reformar el sistema electoral, López Obrador propuso una consulta popular para preguntar si el máximo tribunal debe ser elegido por voto directo y no por ambas cámaras del Congreso. (Sputnik)
