Montevideo, 9 jun (Sputnik).- El Estado paraguayo realizó un «desalojo ilegal» este viernes a la comunidad indígena «15 de enero», ubicada en el sureño departamento de Caaguazú, denunció la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehuy) y la Organización Nacional de Aborígenes e Indígenas (ONAI).
«Desde la Codehupy exigimos una pronta investigación de este desalojo ilegal y una respuesta por parte de las autoridades competentes. Asimismo, hacemos un llamado al Estado paraguayo para que respete y proteja los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos», afirmó la coordinadora.
Codehuy precisó que el desalojo matutino de la «15 de enero» dejó 20 familias en «el costado de la ruta», y entre las personas afectadas hay 41 menores de edad.
En el video difundido por la ONAI en su cuenta de Facebook (red social proscrita por extremista en Rusia) se observa a varios niños de diversas edades llorando de forma desconsolada al costado de la ruta, los cuales eran recogidos de un camión.
La ONAI consideró que el gobierno debe garantizar la vida, alimentación y seguridad de todos los miembros de la comunidad indígena, pero por sobre todo de la «población más vulnerable», como son los niños, niñas, ancianos, mujeres, adultos con discapacidad.
Líderes indígenas y defensores en derechos humanos advirtieron, en diálogo con la Agencia Sputnik en septiembre pasado, que la modificación al Código Penal, aprobada en 2021, y que define como delito la ocupación ilegal de tierras privadas, promueve el «desalojo forzoso» y «viola los derechos humanos».
Según la organización no gubernamental británica Earthsight, Paraguay es el país más desigual del mundo en términos de distribución de tierra, el 90 por ciento de su territorio está en manos de solo 12.000 personas; el 10 por ciento restante está dividido entre más de 280.000 pequeños y medianos cultivadores.
Se calcula que 37 por ciento de las tierras ancestrales indígenas en Paraguay está en manos de terceros.
En este tema, el Estado paraguayo ya cuenta con tres sentencias en su contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por violar derechos humanos de pueblos indígenas.
Sin resistencia
Codehupy indicó que la comunidad «abandonó sus tierras sin oponer resistencia, temiendo represalias, y sin poder llevar consigo ninguno de sus bienes materiales, cultivos o animales».
La ONG dijo que hace unos días conversó con Hugo Samaniego, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el cual le aseguró que no se ejecutaría ningún desalojo, que solo se realizaría la identificación de personas.
Según datos de Tierraviva, en Paraguay viven 122.000 personas indígenas pertenecientes a 19 pueblos, que se distribuyen en más de 600 comunidades en todo el territorio.
Los pueblos indígenas son la población con peores indicadores sociales en el país, con un 66,2 por ciento de ellos viviendo en la pobreza y 34,4 en la extrema pobreza, «a consecuencia de la exclusión de las políticas públicas como la desposesión de sus tierras y recursos naturales por parte de actores económicos agroexportadores», indica la organización. (Sputnik)
